La pandemia evidencia las denuncias de temporeros españoles en Países Bajos

La Haya, 25 oct (EFE).- La pandemia evidenció las condiciones abusivas de las agencias de empleo temporal en Países Bajos, un año después de que temporeros españoles denunciaran estos abusos.
España, entonces sola en la lucha por los derechos de estos trabajadores, se enfrenta ahora a un gobierno neerlandés presionado por los sindicatos, pero sin solucionar "el problema de fondo".
Si el año pasado la sensación que tenían las autoridades laborales españolas que trataban de denunciar los abusos que sufrían los jóvenes españoles por parte de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en Países Bajos "era mucho más negacionista, ahora hay más aceptación de que existe un problema", asegura la consejera de Trabajo en el Benelux, Concha Gutiérrez.
"Digamos que ya asumen que existe el problema, hay más concienciación y respuesta a casos concretos cuando se los hacemos llegar, pero seguimos sin soluciones a los problemas de fondo: la vivienda, la nómina negativa, los contratos de cero horas ligados al alojamiento...", lamenta en una entrevista con Efe.
En testimonios recogidos por Efe, temporeros españoles denunciaron que, tras llegar a Países Bajos con promesas laborales ajustadas a la legalidad neerlandesa y con un salario que triplica el mínimo español, se han visto obligados a firmar contratos engañosos, que les han conducido a una espiral de abusos laborales, sueldos míseros y alojamientos inadecuados, que incluso les han creado deudas económicas con la empresa contratante.
RELACIÓN LABORAL INESTABLE
Hay unas 14.000 agencias de empleo temporal en Países Bajos: son fáciles de formar, no requieren autorización especial y apenas hay supervisión independiente, lo que ha conducido a abusos a los empleados migrantes que traen cada año a trabajar en horticultura, mataderos y centros de distribución.
Uno de cada tres empleados que trabajan en territorio neerlandés tiene un contrato flexible "y una relación inestable" con su empleador, en muchos casos con contratos sin garantía de horas, reconoció a Efe el vicepresidente de la federación de sindicatos neerlandeses (FNV), Tuur Elzinga.
Durante la primera ola de coronavirus, y debido al disparo de contagios en la industria cárnica, quedaron patentes las condiciones abusivas de vida y trabajo a las que las ETT someten a los temporeros, lo que llevó a la Comisión para la Protección de Empleados Migrantes a denunciar que es "imposible" mantener la distancia en las viviendas y a recordar su "vulnerabilidad", al depender de su empleador.
Emile Roemer, que lidera el Comité, instó al Gobierno neerlandés a introducir normativas para estas agencias, como un máximo de dos personas por habitación y el uso de bicis o coches para ir a trabajar, en lugar de furgonetas en las que se transporte a todos.
VIVIENDAS Y SUELDOS MÍSEROS
Los empleadores "abusan de su posición dominante", señaló Roemer, lo que hace que los temporeros "apenas se atrevan a quejarse por miedo" al despido, a pesar de que hasta un 80 % de los trabajadores migrantes cobra menos de 15 euros por hora, sin garantías de días trabajados y teniendo que compensar al empleador por la vivienda, el transporte y el seguro.
El FNV, los municipios neerlandeses y los propios trabajadores temporales piden ahora al Ejecutivo neerlandés la introducción de un permiso estricto a estas agencias para detener su proliferación y exigirles la protección de los derechos laborales, aunque fuentes oficiales aseguran a Efe que no se dará prioridad a esto, por lo que pasará a manos del siguiente gobierno neerlandés, resultante de las elecciones de marzo de 2021.
La consejera Gutiérrez reconoce que ha habido diferentes reuniones con el Ministerio holandés de Trabajo, así como iniciativas en la Comisión Europea para debatir la situación de los temporeros y los trabajadores transfronterizos, "poniendo énfasis en la responsabilidad municipal, el registro necesario de los empleados y una visión general de la situación".
PROTECCIÓN EN LA PANDEMIA
Durante la pandemia, se reforzaron los contactos entre las autoridades españolas y neerlandesas "por temores a que los trabajadores se quedaran colgados o fueran despedidos" en plenas restricciones de movilidad, y se trató de que las agencias de colocación ofrecieran trabajos alternativos en otros sectores "porque la gente no se podía volver" a España.
"La diferencia básica con respecto al año pasado es que ha habido una toma de conciencia en el Ministerio, hay más actividad sindical, se han emitido informes, se presta atención al problema y el tema está encima de la mesa", explica Gutiérrez, que admite que las soluciones reales aún no han llegado por parte de Países Bajos.
María Bruquetas, del Consejo de Residentes Españoles (CRE), asegura que mucha gente se marchó "masivamente durante la primera ola", aunque muchos volvieron a partir de verano.
Los temores del CRE están en la época invernal, en especial las Navidades, cuando las ETT requieren más temporeros, volviendo con ello el riesgo de que "la gente se quede sin trabajo y durmiendo en la calle" con el frío que caracteriza los inviernos neerlandeses.
"Aunque no le está siendo muy fácil a las empresas traerse a la gente por las cuarentenas. Una empresa no quiere traerse a alguien aquí y ponerle diez días en aislamiento antes de que empiece a trabajar, no les interesa", señala Bruquetas, activa en esta asociación que trata de atender a españoles víctimas de estos abusos durante los últimos años.
Imane Rachidi