Bangkok, 22 oct (EFE).- El Gobierno de Tailandia puso fin este jueves al estado de emergencia "severo" decretado hace una semana para impedir las manifestaciones que exigen reformas democráticas, tras ocho días consecutivos de protestas, y un día después de que el movimiento liderado por estudiantes anunciara tres días de tregua.
El estado de emergencia, impuesto el 15 de octubre y que prohibía las reuniones políticas de cinco o más personas, entre otras medidas, quedó revocado a partir de las 12.00 horas (5.00 GMT), según publica la Gaceta Real, el boletín oficial del Estado tailandés.
El primer ministro, Prayut Chan-ocha, adelantó la noche del miércoles que estaba considerando la revocación del decreto en un mensaje televisado en el que empleó un inusual tono conciliador, bajo la condición de que no se registraran incidentes violentos.
"En este momento los graves hechos que llevaron a la declaración del decreto de emergencia severo han remitido, por lo que las autoridades pueden implementar las leyes ordinarias", señala el decreto.
La medida llega tras ocho jornadas seguidas de protestas pacíficas y un día después de que el movimiento, liderado por jóvenes estudiantes, anunciara tres días de tregua para dar al primer ministro la oportunidad de anunciar su dimisión.
Miles de manifestantes acudieron el miércoles de manera pacífica hacia las inmediaciones de la Casa del Gobierno y le entregaron a las autoridades una carta de renuncia preparada a la que solo le faltaba la firma del mandatario.
Además de la dimisión de Prayut, el general que lideró el golpe de Estado en 2014 y retuvo el poder en 2019 mediante unas controvertidas elecciones, los manifestantes, que llevan organizando protestas masivas desde julio, exigen la redacción de una nueva Constitución, ya que la actual fue dictada por la extinta junta militar (2014-2019), y la reducción de la influencia del Ejército.
Pero la demanda más audaz, y controvertida, es la reforma de la monarquía, un tema tabú hasta hace muy poco no sólo por el gran respeto que ha inspirado la institución sino también por la dura ley de lesa majestad, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel para quien critique a la corona.
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