
Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- Miembros de la oposición presentaron este jueves en Chile un proyecto de ley que busca prohibir a la Policía el uso de balines, perdigones y proyectiles que lanzan botes de gas, elementos disuasivos que fueron ampliamente cuestionados durante las protestas que comenzaron el pasado octubre.
La iniciativa, impulsada por varios diputados de izquierdas apunta a que estas municiones no cumplen con los "parámetros de eficacia y proporcionalidad" porque "nunca se pueden dirigir a un objetivo determinado y siempre puede dañar a terceros".
"Hemos presentado este proyecto de ley para que no se repita la tragedia de violaciones a los derechos humanos que ya vimos recientemente. Nuestro país tiene la vergonzosa cifra de más ciudadanos con traumas oculares en el mundo en la historia", señaló el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito.
Diversos organismos internacionales como la ONU y la propia Amnistía Internacional denunciaron el elevado número de mutilados oculares durante la dispersión de las protestas y acusaron a las fuerzas de seguridad de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las que dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de un ojo.
"La evidencia científica sobre la composición y el daño producido por balines debe motivar a la prohibición de este armamento como método de control de multitudes", apuntó Rosario Soto, directora de la Fundación Los Ojos de Chile, organización que brinda apoyo a las víctimas de traumas oculares y que apoyó el proyecto de ley.
La propuesta, que ingresó en una comisión especial del Parlamento chileno, es la segunda iniciativa de este tipo después de que el pasado noviembre, otro grupo de diputados de la oposición presentara un proyecto que buscaba prohibir el uso de gas lacrimógeno además de los perdigones y balines para disolver manifestaciones.
En el último mes la Justicia chilena dejó en prisión preventiva a dos expolicías acusados de causar la ceguera del joven estudiante Gustavo Gatica y de Fabiola Campillai, dos casos que dieron la vuelta al mundo y que sirvieron para denunciar el elevado número de heridos oculares por la represión policial durante las protestas.
El estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre de 2019 y que se pausó con la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 el pasado mes de marzo, supuso la mayor crisis social desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
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