La presidente de la comisión legislativa, Marisol Pérez Tello, dijo al leer el informe final del grupo de trabajo que "existen suficientes indicios para abrir una investigación penal a Martín Belaunde y Nadine Heredia", entre otras personas.
El reporte señaló que Belaunde Lossio formó una red delictiva para obtener contratos con el Estado, para llevar a cabo diversas obras en gobiernos regionales y que, para lograrlo, se aprovechó de su vínculo con el Partido Nacionalista.
Belaunde Lossio fue asesor de la campaña electoral de Ollanta Humala en 2006 y mantuvo contacto con el mandatario y su esposa, presidente del Partido Nacionalista, hasta los comicios de 2011, en que resultó elegido.
La comisión parlamentaria recomendó, además, investigar al padre y al hermano de Belaunde Lossio, al gerente de la empresa Antalsis, Juan Carlos Rivera Idrogo, y al hermano de Heredia, Ilan Heredia, gerente de la empresa Todo Graph.
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Los legisladores de la bancada nacionalista en el Congreso rechazaron el informe de la comisión de Pérez Tello al afirmar que no hay ningún vínculo entre Belaunde Lossio y Heredia que demuestre un delito de lavado de activos.
Humala declaró ayer, en una entrevista televisada, que consideraba un exceso que la comisión legislativa haya incluido a su esposa como investigada en las pesquisas porque ella no ejerce ningún cargo público.
La primera dama de Perú compareció el 29 de mayo ante la comisión en calidad de testigo y lo volvió a hacer el 15 de julio en calidad de investigada, después de que los miembros de esta la incluyeran entre los investigados por considerar que la información de sus respuestas fue insuficiente durante su primer interrogatorio.
Tras su segunda comparecencia, Heredia se declaró "indignada y fastidiada" al asegurar que la comisión pretendía "dañar su imagen como mujer y como madre" por haber preguntado, a otro testigo, sobre un "chisme" de índole sentimental.
Belaunde Lossio, extraditado de Bolivia en mayo, es investigado en Perú por el caso La Centralita, una oficina desde donde supuestamente se espiaba a opositores políticos del presidente regional de Áncash, César Álvarez, actualmente en prisión.
También se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos por haber gestionado intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos personales.
Heredia también es investigada actualmente por la Fiscalía por presunto lavado de activos a raíz de una serie de depósitos de dinero supuestamente dirigidos a su partido político.
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