Corrupción en Guatemala: Otto Pérez pidió un amparo para impedir que le quiten la inmunidad

El abogado de Otto Pérez Molina, César Calderón, indicó a EFE que el recurso fue presentado ayer ante un juzgado de turno, que trasladó el expediente al mayor órgano jurisdiccional del país porque, a su juicio, el dictamen de la comisión parlamentaria que recomendó quitarle la inmunidad cae en una "persecución penal".

Si la Corte Constitucional (CC) otorga el amparo de manera provisional, una decisión que tomará en unas 24 o 48 horas según la ley, se suspendería la votación sobre la inmunidad del presidente en el Congreso, que está prevista para mañana martes.

La Comisión Pesquisidora del Congreso, compuesta por cinco diputados, tres opositores y dos oficialistas, dictaminó el sábado que había indicios suficientes para recomendarle al pleno de congresistas retirarle la inmunidad. Un hecho que requiere de 105 votos de los 158.

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Calderón explicó que la solicitud de antejuicio, pedida por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado viernes 21 por supuestamente liderar la red de corrupción aduanera La Línea, se basa en los mismos hechos delictivos de otros antejuicios ya rechazados.

"Deberían compararlos con el actual", sostuvo el letrado, ya que "el objeto" es el mismo y la persona acusada también. A su juicio, la Comisión Pesquisidora debió pedir los expedientes del anterior antejuicio para analizar la situación, aunque reconoció que de haberlo hecho, la resolución final "no cambiaría".

"Pero es su obligación", zanjó y agregó que la comisión "no tomó en cuenta" el expediente que él presentó en nombre de su defendido y en el que se demuestra "su inocencia".

Pérez Molina ya superó un pedido de antejuicio al que dio trámite el Supremo.

El Congreso rechazó, a mediados de este mes, levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco, lo que impidió que fuera investigado tanto por el caso de fraude aduanero como por una corruptela en el Seguro Social, después de ser denunciado por el diputado opositor Amílcar Pop.