Nadie en la oposición estaba al tanto. Tampoco en las empresas afectadas. Todos se "desayunaron" este miércoles la novedad: a través de una resolución publicada en el Boletín oficial, el ente recaudador de la Ciudad informó que a partir de noviembre aplicará un impuesto del 3% a la contratación de servicios online. El tributo afectará a los que brindan compañías Netflix, Spotify y Amazon (salvo los libros), y a los juegos de Facebook, PlayStation y xBox, entre otros. Infobae consultó a los distintos bloques de la Legislatura. La crítica fue unánime y apuntó al impuesto en sí, que recaerá sobre los usuarios, y al modo en que fue implementado.
Desde el bloque del Frente para la Victoria cuestionaron la aplicación de Ingresos Brutos a los servicios online. "La resolución termina diciendo que el agente de retención van a ser las tarjetas de débito, crédito o compra, con lo cual, esto va a ser descontado al usuario y no a la empresa", reflexionó la legisladora María Rosa Muiños. "Ingresos Brutos está dirigido al que produce un bien dentro de la Ciudad, no a los usuarios", insistió.
El macrismo al principio lo negó, pero luego reconoció indirectamente que el impuesto lo pagará el consumidor. "La empresa fija la tarifa y la puede abaratar, pero no va a suceder", estimó el legislador del PRO Helio Rebot, dando a entender que es probable que el cargo se agregue al abono.
El legislador Aníbal Ibarra coincidió, aunque con tono crítico. "Esto es una extensión del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y como siempre sucede con estos impuestos, el costo se trasladará al usuario", planteó. Además, advirtió que "es un tema complejo que no debió resolverse con una resolución de la oficina recaudadora de impuestos, sino a través de una propuesta del Ejecutivo a la Legislatura".
Sobre este último punto hizo hincapié la legisladora de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, que recordó que cayó la recaudación en la Ciudad y anticipó que su bloque irá a la Justicia. "Este impuesto debería haber pasado por la Legislatura, pero fue aprobado por una resolución administrativa. Esto va a ser motivo de una presentación judicial que vamos a realizar, porque no cumple con lo que la Constitución establece", comentó.
Lo mismo hará la ONG Consumidores Libres, que dirige Héctor Polino, que adelantó a Télam que presentará una medida cautelar.
Por su parte, el diputado porteño Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) analizó para este medio: "Es la vocación recaudatoria de Mauricio Macri, aún sabiendo que este impuesto va a recaer sobre los usuarios digitales que bajan música, películas, juegos u otras aplicaciones. Yo propongo lo opuesto: gravar fuertemente al juego, las operaciones de bolsa y la renta financiera, hoy exentas, y anular todas las exenciones fiscales concedidas a las grandes empresas en los llamados 'distritos' de la Ciudad".
En otro orden, Muiños observó que el límite del impuesto es difuso. "Sugestivamente el último párrafo de la resolución amplía la aplicación a otros servicios, como el alquiler de películas, que hoy se hace en su mayoría por cable, con lo cual es posible que también sea plausible de tributar", alertó.
Todavía quedan dudas sobre el ámbito territorial de aplicación, ya que la redacción de la norma es confusa y, como sugirió Polino, podría "exceder los límites de la Ciudad de Buenos Aires". Desde el Gobierno porteño, al menos hasta ahora, no hubo señales de querer dar marcha atrás. Incluso ante la consulta de Infobae, minimizaron la trascendencia y dijeron que lo único que hace la resolución es equiparar a las empresas extranjeras con las nacionales, que ya pagan el 3% de impuestos. La oposición no piensa igual. El debate está en pañales.
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