La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) consideró este jueves que los nuevos titulares de la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, Larry Devoe y Eglée González Lobato, respectivamente, no son independientes y sus designaciones terminan de “desdibujar la frontera entre el poder político y la Justicia en Venezuela”.
“Al observar estos nombramientos, queda claro que no se buscó perfiles independientes, sino figuras que han validado la gestión oficial en los momentos más críticos”, subrayó la organización en su cuenta de X.
En este sentido, indicó que es muy difícil que las víctimas sientan confianza cuando el nuevo fiscal “ha pasado años frente a la ONU y la CIDH tratando de matizar denuncias graves o negando la existencia de presos políticos bajo argumentos de defensa institucional”.
JEP aseguró que las evaluaciones para estos cargos fueron “a puerta cerrada, convirtiendo la participación ciudadana en un saludo a la bandera”, lo que genera una “sensación de orfandad jurídica” para cualquier venezolano.
“El fiscal debe ser quien controle la acción penal con objetividad y el defensor tiene que ser el primer escudo de los vulnerables. Si ambos están alineados con quien ejerce el poder, el ciudadano pierde su último refugio”, argumentó.
Para JEP, lo que se está viendo con estas nuevas designaciones es un sistema que se “cierra sobre sí mismo: el Estado investiga sus propios excesos y se absuelve a conveniencia”.
“Sin independencia real ni contrapesos, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en una herramienta de gestión política, dejando a la sociedad civil sin espacios donde exigir sus garantías básicas”, concluyó.
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, designó este jueves al nuevo fiscal y defensor del pueblo. Este proceso se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran a estos cargos en febrero pasado.
Entretanto, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó al recién nombrado fiscal general de Venezuela, el abogado Larry Devoe, de ser “cómplice por años” de “todas las atrocidades del chavismo”.
Guanipa subrayó que en 2014 Devoe fue designado secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, cargo en el que, según el opositor, “ignoró” y se “burló” de “miles de venezolanos que han sido torturados por el chavismo”.
En este sentido, afirmó que en 2014 y 2017 Devoe tampoco “dijo nada” sobre personas que fueron asesinadas en el marco de una serie de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Además, indicó que, en 2019, el nuevo fiscal le prohibió la “entrada a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)” para que no se reportara “todo lo que el chavismo le estaba haciendo a los venezolanos”.
Guanipa añadió que Devoe no se pronunció después de que Maduro se “robara” las presidenciales de 2024 y se desatara una crisis poselectoral que, aseguró, dejó a “más de 3.000” personas detenidas, incluyendo a menores de edad, y “más de 30” muertos.
“Venezuela necesita un fiscal general que ponga la ley primero que la política, no uno que tenga como política destruir la ley (...). Venezuela tiene que pasar, de una buena vez, la nefasta página de una Fiscalía usada para el poder”, manifestó el opositor.
(Con información de EFE)
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