La gestión del general Gustavo Enrique González López, al frente del SEBIN, revela indicios perturbadores de responsabilidad de mando en graves violaciones de derechos humanos, en un contexto de represión sistemática. Su nombramiento como ministro de Defensa “traslada a la cúspide militar a un actor vinculado a inteligencia represiva, difumina aún más la separación entre defensa y control político, reforzando centralidad del aparato de seguridad en gestión del poder”.
Así lo revela un reciente informe de Laboratorio de Paz (LabPaz), donde se evalúa la responsabilidad de mando de González López al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por lo que “su trayectoria no solo permite evaluar responsabilidades pasadas, sino anticipar implicaciones para el futuro institucional del país”.
Analizaron, a partir de los hallazgos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas (FFM) y otras fuentes nacionales e internacionales, evidencia de “patrones sistemáticos de represión en Venezuela, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual, en el Sebin, organismo que dirigió Gustavo González López durante períodos claves de la represión política”.
Para LabPaz la designación del nuevo titular castrense compromete la reforma del sector seguridad, la rendición de cuentas y resulta incompatible con una transición democrática basada en derechos humanos.
González López es el funcionario que más conoce el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), del cual ha sido director general durante dos períodos: 2014–2018 y desde 2019 hasta comienzos de 2026. Entre 2015 y 2016, ejerció simultáneamente como director del SEBIN y ministro del Interior y Justicia.
Represión política
El informe destaca que “estos períodos coinciden con fases en las que organismos internacionales documentaron patrones sistemáticos de represión política, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y otras graves violaciones de derechos humanos”, de manera que ha sido actor central del aparato represivo del Estado.
Para LabPaz la cadena de mando adquiere una dimensión relevante cuando González López ha sido designado ministro de Defensa, porque “la evidencia de su rol en estructuras jerárquicas utilizadas para la represión política plantea riesgos concretos en relación con la posible reproducción de estas lógicas dentro del ámbito militar, la continuidad de prácticas incompatibles con estándares democráticos y la viabilidad de una reforma del sector seguridad basada en derechos humanos”.
Refieren que para algunos analistas el nombramiento de González en el Ministerio de Defensa es “un movimiento orientado a consolidar el control político sobre las fuerzas armadas y asegurar la lealtad del aparato de seguridad en un contexto de alta inestabilidad y fractura de la institucionalidad interna de las FFAA, luego de los eventos del 3E”.
Recuerdan que la Misión de la ONU documentó la participación del Sebin en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como patrón sistemático dirigido contra la población civil en función de criterios políticos, destacando: detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes; y violencia sexual.
Diosdado en escena
LABPaz destaca cómo la Misión de la ONU identificó operaciones del Sebin articuladas con decisiones de actores políticos, como el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y actual Ministro del Interior y Justicia. “Los testigos indicaron que Diosdado Cabello tiene relaciones de confianza con los funcionarios del SEBIN, en particular con Gustavo González López”.
Más adelante, la FFM documentaba que numerosas fuentes, incluidos exagentes del Sebin, les dijeron “que Diosdado Cabello daba órdenes directamente al director general del Sebin, González López, y que el director le rendía cuentas extraoficialmente”.
Entre las órdenes se incluía “a qué personas detener, liberar y/o torturar, pasando por encima de la Vicepresidencia”, lo que ubica al general González como “eslabón clave en la transmisión de órdenes dentro de una estructura jerárquica que conectaba decisiones políticas con su ejecución operativa, lo cual refuerza su rol dentro de una política estatal de represión”.
Cinco hechos reveladores
En la trayectoria del nuevo ministro de Defensa, el informe de Laboratorio de Paz destaca cinco hallazgos claves: No son hechos aislados, sino un sistema de represión, como parte de una política estructurada de represión dirigida a opositores, que la FFM documentó y arroja un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual. El instrumento de control político ha sido el SEBIN, bajo la dirección de González López. El aparato de inteligencia se enfocó en identificar, vigilar y neutralizar a adversarios políticos. La Misión de la ONU, acota el informe de Laboratorio de Paz, halló motivos razonables sobre la responsabilidad de mando de González López, quien ordenaba operaciones, conocía las violaciones, participaba en dinámicas de detención e interrogatorio y no adoptaba medidas para prevenir ni sancionar abusos. La represión del Sebin como política de Estado. Las investigaciones indican que el organismo al mando de González López operaba como parte de una estructura donde las órdenes de detención, liberación y tortura respondían a decisiones políticas. Y el quinto aspecto a considerar, en el informe, es la designación de González como riesgo para la transición democrática, porque su llegada al Ministerio de Defensa “proyecta sobre el sector militar una trayectoria asociada a prácticas de represión”, sugiriendo continuidad y no ruptura con el modelo de control basado en inteligencia y coerción. Organizaciones como Human Rights Watch advierten que su nombramiento debería encender las alarmas internacionales.
Coinciden
No es solo un centro de reclusión, “El Helicoide aparece en los informes internacionales como un espacio donde convergían vigilancia, aislamiento, coerción e interrogatorio, dentro de un esquema de control sobre personas detenidas por razones políticas o percibidas como tales”, se lee en el informe de LabPaz.
Mientras que en el Informe de la Secretaría General y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA) expresa que el Sebin “intentó arrestar en sus domicilios, a todos los magistrados designados con arreglo a la Constitución”, que lograron huir a otros países o embajadas.
“Estos elementos permiten establecer que González López no solo tenía autoridad formal, sino que ejercía dirección operativa directa, incluyendo la planificación de detenciones y actividades de vigilancia”.
También la ONG PROVEA documentó el rol de González dentro de políticas de seguridad altamente cuestionadas, como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), así como su participación en la conducción de operativos represivos.
Lo vieron y oyeron
Lo que habla de la responsabilidad de mando del general González no es solo que fuera director del Sebin, sino el conocimiento de las violaciones cometidas por subordinados.
El informe del Laboratorio de Paz enfatiza en lo que la FFM concluye sobre el ahora titular castrense, de los motivos razonables para creer que González López “tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones… incluyendo detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo actos de violencia sexual”.
Entre la documentación se encuentra que “González López fue personalmente a la celda del detenido varias veces para interrogarlo”, en otro caso “cada vez que González López lo visitaba, le ofrecía cosas a cambio de su información, incluyendo una liberación condicional” o la revelación de que “González López dijo… que sabía que este era inocente, pero que ‘esto era política’”.
Lo dicho por la Misión también está reflejado por la OEA 2018: “El director del Sebin, el Mayor General Gustavo González López se apersonó en la celda para someterlo a amenazas, hablándole de la vulnerabilidad de su familia, de su esposa, de sus hijos menores, para conseguir un testimonio que implicara a ciudadanos de la oposición venezolana, en especial a líderes políticos como Antonio Ledezma, Leopoldo López y María Corina Machado”.
En el caso de José Gustavo Arocha refleja que “fue sometido a interrogatorios en la prisión; fue interrogado al menos tres veces por un representante de la Fiscalía General de la Nación, y al menos cinco veces personalmente por el director del Sebin, el General González López. Fue presentado ante un juez solamente después de que aceptó firmar una declaración falsa”.
Esa firma la hizo Arocha “con la condición de que sería puesto en libertad bajo arresto domiciliario y de que otro de los prisioneros también sería liberado. El director del Sebin le había dicho a Arocha que el presidente Maduro se mantenía informado y que supervisaba personalmente los elementos de su caso”.
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