Al menos treinta presos políticos salieron este lunes de la cárcel Rodeo I, a las afueras de Caracas, en el marco de la ley de amnistía promulgada la semana pasada, en un proceso que marca las primeras liberaciones plenas bajo la nueva normativa impulsada por el régimen de Delcy Rodríguez.
Los excarcelados fueron recibidos con aplausos y gritos de júbilo por familiares y allegados que se encontraban en las puertas del penal, tras meses de espera e incertidumbre.
“¡Somos libres!”, exclamaron varios de los liberados al reencontrarse con sus seres queridos. La mayoría vestía camisas blancas y la cabeza rapada, una imagen que se ha vuelto recurrente en este tipo de procesos en Venezuela.
La ley, aprobada el jueves por el Parlamento, cubre delitos políticos cometidos durante los 27 años de régimen chavista y fue presentada por Rodríguez como un paso hacia “una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.
Entre los excarcelados se encuentra Luis Viera, quien permaneció un año y un mes detenido.
“Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar”, explicó tras salir de prisión. Viera manifestó su deseo de ponerse al día con la situación del país y dedicar tiempo a su familia.
Otro liberado, Javier Rivas, cadete acusado de “golpista”, relató que fue víctima de tortura y malos tratos durante su detención-
“Me acusan de cuestiones que no son válidas, pero aquí estoy vivo”, afirmó al recuperar la libertad.
El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el fin de semana que 1.500 personas han solicitado acogerse a la amnistía y que otras 11.000 que estaban en libertad condicional podrán acceder a libertad plena gracias a la nueva legislación.
Sin embargo, organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) advierten que el proceso avanza lentamente y que cientos de detenidos, en particular militares acusados de actividades consideradas “terroristas”, podrían quedar excluidos del beneficio.
La aplicación de la ley de amnistía ha generado expectativas y movilización entre los familiares de los presos políticos. Desde el viernes, cuando se publicó el protocolo para la aplicación expedita de la ley, decenas de allegados han acudido a los tribunales para iniciar las solicitudes de excarcelación.
Sin embargo, según denunció la activista Andreína Baduel, la mayoría de los detenidos no cuenta con defensa privada sino con abogados públicos asignados por el Estado, lo que ha ralentizado el proceso y dificultado la asesoría legal adecuada.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que algunos tribunales especializados en terrorismo se negaron a recibir solicitudes de sobreseimiento, a pesar de que la ley permite a las víctimas presentar peticiones de cierre de sus casos. Esta situación genera preocupación en organizaciones de derechos humanos, que reclaman transparencia y celeridad para garantizar el acceso a los beneficios de la amnistía.
El protocolo para la aplicación de la ley, aprobado en una reunión entre la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y la comisión especial de seguimiento, busca agilizar los trámites y garantizar que los órganos de justicia actúen de manera rápida y efectiva.
El fiscal general impuesto por Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró que el mecanismo “garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva la aplicación de los beneficios para las personas relacionadas con los hechos establecidos” en la ley.
Hasta la mañana de este lunes, la organización Foro Penal había contabilizado 65 liberaciones bajo la nueva normativa, aunque expertos advierten que el alcance de la ley podría estar limitado. El temor de que cientos de casos, especialmente de militares y personas acusadas de terrorismo, queden fuera de la amnistía persiste entre familiares y defensores.
Mientras tanto, en las afueras de Rodeo I y otros centros penitenciarios, continúan las vigilias y celebraciones de quienes aguardan la liberación de más detenidos, en un proceso que la sociedad venezolana sigue con atención y esperanza, pero también con cautela ante las restricciones y desafíos que persisten en la aplicación de la ley.
(Con información de AFP y EFE)
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