Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

Familiares de presos políticos en Venezuela entraron este lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para exigir nuevas excarcelaciones, tras el retraso por segunda vez de la aprobación de una ley de amnistía que podría beneficiar a cientos de detenidos.

Las mujeres manifestantes se mantienen acampando a las afueras de los calabozos policiales conocidos como Zona 7, donde persisten las denuncias por el delicado estado de salud tanto de las familiares como de los propios reclusos.

La protesta comenzó el 14 de febrero, cuando una decena de mujeres se instaló en colchonetas bajo toldos improvisados en la entrada del centro de detención.

La escena es de extremo desgaste físico: rostros demacrados, cuerpos debilitados y manifestaciones de fatiga, angustia y desesperación.

“Ya el cuerpo comienza a resentirse. Siento mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso. El cuerpo comienza a sentir los embates de no comer”, relató Evelin Quiaro, una de las huelguistas, quien lleva más de un mes pernoctando frente al recinto.

Las mujeres exigen la liberación de sus familiares y reclaman el cumplimiento de la promesa hecha por el titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, quien aseguró el 6 de febrero que todos los presos serían liberados tras la aprobación de la ley de amnistía.

La discusión de la norma, sin embargo, fue postergada por segunda vez, y la próxima sesión legislativa está programada para el 19 de febrero. Mientras tanto, la incertidumbre domina a las familias que esperan excarcelaciones y denuncian que el proceso avanza a cuentagotas.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero se han concretado 444 liberaciones, pero más de 600 presos políticos siguen tras las rejas.

La situación sanitaria de las huelguistas y de los presos dentro de Zona 7 es alarmante. Una de las manifestantes tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión arterial, y un médico que las asiste explicó que ha solicitado sin éxito autorización para atender a los internos.

Yessy Orozco, hija y hermana de dos detenidos, denunció que los funcionarios niegan el ingreso de personal de salud, argumentando la falta de autorización judicial.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) advirtió que impedir la atención médica o el acceso a sueros hidratantes pone en grave riesgo la vida e integridad de las personas en huelga, recordando antecedentes fatales por falta de asistencia.

Familiares de los detenidos aseguran que un grupo de presos en el interior del centro también realiza una huelga de hambre desde el viernes, lo que agrava la preocupación por su estado físico. La organización Clipp denunció además que la policía impide el ingreso de sueros hidratantes y no ofrece explicaciones, sumando esta prohibición a la negativa de atención médica para los huelguistas.

La protesta de los familiares se produce en un contexto de tensión política y promesas incumplidas. El proceso de excarcelaciones y la discusión de la amnistía fueron anunciados tras la caída de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como jefa del régimen chavista, en medio de presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, los familiares sostienen que el ritmo de liberaciones es lento y que la situación de los presos políticos continúa siendo crítica.

La Plataforma Unitaria Democrática, principal fuerza opositora, expresó su respaldo a las manifestantes y exigió la liberación “plena, inmediata y sin condiciones” de todos los presos políticos.

“No puede haber reconciliación ni justicia mientras persista la persecución y el encarcelamiento por razones políticas. ¡Ya basta de tanto sufrimiento! Venezuela merece libertad y dignidad”, afirmó en un comunicado.

En las últimas horas, la tensión creció frente al comando policial tras la difusión de un video donde un funcionario tilda la huelga de “show” y acusa a las mujeres de estar “cometiendo un delito”, pese a que la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica.

Las familias y organizaciones de derechos humanos insisten en la urgencia de medidas humanitarias y el cese de la represión para quienes solo buscan la libertad de sus seres queridos.

(Con información de EFE y AFP)