El proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela aguarda para su segunda y última discusión en el Congreso, en medio de cuestionamientos de ONG, activistas y familiares que advierten que el texto excluye a militares detenidos, exiliados y varios períodos de arrestos.
A continuación, las cinco áreas que especialistas consultados por la agencia de noticias EFE recomiendan incorporar en la futura legislación.
Períodos
La amnistía, impulsada por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, se concibió para cubrir casos desde 1999, abarcando los 27 años de Gobiernos del chavismo.
Sin embargo, el artículo 6 de la iniciativa la limita a diez períodos específicos de coyunturas políticas en el país, entre el golpe de Estado ocurrido en abril de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) hasta las protestas ocurridas tras la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Concretamente, cubre eventos específicos ocurridos en los años 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024.
“Tal como está redactada la ley, se excluye a una cantidad de presos políticos que fueron detenidos en el marco de una represión sistemática”, dijo a EFE el coordinador de exigibilidad de la organización Provea, Marino Alvarado.
La selección de períodos, señaló, deja por fuera incluso a defensores de derechos humanos que fueron excarcelados durante el proceso de liberaciones anunciado el pasado 8 de enero por el Gobierno encargado.
Familiares alertaron que “más de la mitad” de los presos políticos seguirán encarcelados si se aprueba la amnistía con esta limitación.
Entre los posibles excluidos estarían el abogado de Provea Eduardo Torres —detenido en 2025—, la hispanovenezolana Rocío San Miguel —arrestada en febrero de 2024— y el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona —encarcelado en 2021—, quienes ya fueron liberados, pero con procesos judiciales aún vigentes.
Los cargos
El proyecto excluye a personas “procesadas o condenadas” por violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio, narcotráfico o delitos contra el patrimonio público, también corrupción.
A juicio de Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos, esta es una argumentación “errada”.
“El fin de la detención es político en muchas ocasiones” y no necesariamente se relaciona con los cargos imputados, explicó.
Exiliados
Si bien la legislación contempla la extinción de todas las acciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados, “no queda claro” si los exiliados políticos con casos abiertos podrán regresar o “en qué condiciones”, advirtió Alvarado.
El diputado chavista Roy Daza afirmó, en una entrevista concedida este martes al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que las personas que han sido solicitadas por la Fiscalía deben regresar primero al país y “ponerse a derecho”.
Una vez que se investigue, agregó, “se aplicará o no se aplicará” la amnistía, dependiendo del caso.
Militares
El director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que en principio el proyecto “pareciera que no excluye a los presos políticos militares”.
Sin embargo, advirtió, al revisar “con más detalle” los eventos y períodos incluidos en la amnistía se evidencia la exclusión de “muchísimas” situaciones y “operaciones militares” que dejaron presos políticos.
“Pareciera ser que la intención clara es no incluir a los militares dentro de la amnistía”, consideró.
El Gobierno encargado contabiliza 896 excarcelaciones desde diciembre, mientras que desde el 8 de enero la ONG ha verificado 431 beneficiados. Ninguno militar.
Hasta el 2 de febrero, Foro Penal contabilizaba 687 presos políticos en Venezuela, 182 de ellos militares.
Reparación
Alvarado señaló que desde Provea han pedido incluir reparaciones y la devolución de bienes a presos políticos que, afirman, han sido despojados.
“Hay familias que le han quitado casas, carros, negocios. Si los hechos por los cuales se vinculan esos bienes ya no son delitos, todos esos bienes deberían incorporarse”, afirmó.
Himiob dijo que el proyecto no prevé medidas de reparación simbólica ni material, y tampoco garantiza la no repetición.
A su juicio, la exclusión de medidas de reparación se debe a lo que considera uno de los “errores conceptuales” del texto: “No hay un reconocimiento de que las personas que van a ser favorecidas con la amnistía son, en efecto, víctimas”, sostuvo.
(EFE)
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