Pedro Hernández, abogado y director de la organización Campo, fue visto por última vez el martes pasado, cuando lo subieron a una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Yaracuy.
La detención se realizó sin orden judicial y su paradero permanece desconocido, según denunciaron las ONG Espacio Público y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Este miércoles, también fueron arrestados su padre, Pedro Hernández Serrano; y su esposa, Natalia Álvarez.
Según informó Espacio Público en un comunicado enviado a Infobae, este caso forma parte de una serie de detenciones y desapariciones forzadas de defensores y activistas de derechos humanos en Venezuela.
El texto enfatizó en que el arresto de Hernández se dio “sin una orden judicial”, práctica que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, identificó en mayo como un patrón orientado a silenciar la libertad de expresión, reunión y asociación en el país.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones calificó estos hechos como violaciones a la Constitución y manifestó: “La represión no solo busca castigar a los activistas, sino también quebrar a sus familias”.
El OVP destacó que la esposa de Hernández, también detenida, es madre de una bebé de cinco meses y exigió la liberación inmediata de los tres privados de su libertad. “Separar a una bebé de cinco meses de sus padres es una crueldad injustificable y un reflejo del desprecio absoluto del régimen por la dignidad humana”, expresó.
Según la documentación de Espacio Público, Pedro Hernández tiene antecedentes de hostigamiento. En 2016 fue arrestado tras difundir en redes sociales información sobre saqueos en Aroa, estado Yaracuy. Aunque el Tribunal de Control le otorgó una medida cautelar, el arresto persistió tras unas declaraciones del dictador Nicolás Maduro, quien responsabilizaba a activistas políticos detenidos por disturbios en la región.
En 2020, Hernández volvió a ser objeto de amenazas por parte de funcionarios locales, según la misma organización, lo que lo llevó a resguardarse y evitar actividades públicas.
El perfil publicado por Espacio Público indica que Hernández es psicólogo egresado de la Universidad Yacambú, cofundador de su Centro de Derechos Humanos e integrante del Movimiento Vinotinto. Actualmente, dirige la ONG Campo y mantiene actividades de promoción y defensa de derechos humanos en Venezuela.
El período posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024 fue señalado por el Alto Comisionado de la ONU como un contexto de mayor represión en el que se restringió el ejercicio de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y de asociación. Las organizaciones denunciaron patrones de persecución, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias dirigidas contra quienes disienten con el régimen.
El caso de Hernández se sumó a otras detenciones documentadas en septiembre, como la del médico Juan Torres y su esposa; y la desaparición del ex alcalde de Barquisimeto Macario González.
Espacio Público resaltó que tales prácticas constituyen violaciones sistemáticas de derechos y afectan tanto a los directamente implicados como al “tejido social”.
Por su parte, en las últimas horas, distintas voces de la oposición venezolana solicitaron a los gobiernos democráticos del mundo adoptar una postura firme y exigir el cese de las detenciones arbitrarias, así como el acceso irrestricto de organismos internacionales a los centros de detención.
“Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas”, expresó Edmundo González Urrutia en un comunicado difundido el pasado martes.
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