María Corina Machado pidió apoyo internacional para “desmantelar la estructura criminal” de Nicolás Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado solicitó este martes el apoyo de las “naciones democráticas del mundo” para reforzar su lucha contra el dictador Nicolás Maduro, al que considera resultado de una reelección fraudulenta en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según un comunicado divulgado en su cuenta de X.

“Instamos a todas las naciones democráticas a unirse para aplicar todo el peso de la ley internacional a fin de desmantelar la estructura criminal que ha causado destrucción, pobreza y sufrimiento en Venezuela, así como una creciente desestabilización en nuestra región”, expresó Machado.

Y destacó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su gobierno por sus “acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”.

“Su compromiso inquebrantable con la justicia y la libertad fortalece aún más la determinación de millones de venezolanos que estamos decididos a hacer valer el mandato electoral del 28 de julio de 2024, a restaurar la democracia y a reunificar a nuestras familias”, señaló Machado, y enfatizó que Venezuela será “libre”, se convertirá en “el principal socio comercial y de seguridad de los Estados Unidos”, y dará inicio a una fase de crecimiento económico, seguridad y cooperación internacional sin precedentes.

Machado, actualmente en la clandestinidad, respaldó públicamente al líder opositor Edmundo González Urrutia, exiliado desde septiembre de 2023, y reiteró que González Urrutia venció en los comicios presidenciales frente a Maduro, una afirmación rechazada por el chavismo. Las autoridades afines al oficialismo consideran a Machado y González Urrutia “terroristas” y los responsabilizan de fomentar violencia en el país.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el pasado jueves que hay una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro. Bondi calificó al jefe de Estado venezolano como una amenaza para la seguridad de EEUU y lo acusó de emplear “organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en el territorio estadounidense. Estas acusaciones fueron rechazadas por instituciones oficiales y organismos policiales y militares venezolanos, que las consideran infundadas.

La fiscal estadounidense informó que el Departamento de Justicia de su país ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos presuntamente vinculados a Maduro, junto con dos aviones privados y nueve vehículos, en el marco de operaciones para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.

Por otra parte, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (TPI) advirtió al régimen de Venezuela el viernes sobre la necesidad de que realice “esfuerzos genuinos” en materia de rendición de cuentas, como requisito para reducir o evitar la supervisión externa respecto a posibles violaciones de derechos humanos en los últimos años. El fiscal adjunto del tribunal, Mame Mandiaye Niang, se reunió en La Haya con la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, oportunidad en la que reiteró el “compromiso” de avanzar en las investigaciones sobre los supuestos abusos registrados en el país sudamericano.

Niang señaló que “la Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes” y enfatizó que la “complementariedad” reclamada por Caracas en el proceso de investigación depende de que se produzcan avances reales para depurar responsabilidades en los casos examinados por el tribunal internacional.

La Fiscalía del TPI mantiene activas dos investigaciones: una referida a presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra opositores, y otra presentada por la dictadura de Maduro, que denuncia el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países. Rodríguez, por su parte, describió en un comunicado la “lentitud” en el progreso del segundo expediente ante el tribunal y argumentó que las sanciones habrían causado en Venezuela una tasa de mortalidad “similar” a la de un conflicto armado.

El panorama político y judicial en Venezuela continúa marcado por la confrontación entre el oficialismo y sectores de la oposición, mientras organismos internacionales mantienen su atención sobre los desarrollos institucionales y los derechos humanos en el país.

(Con información de EFE y EP)