
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó al menos diez incidentes que obstaculizaron el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de la farsa electoral convocada por la dictadura de Nicolás Maduro este domingo 27 de julio.
Según la organización venezolana, los hechos se registraron en al menos cinco regiones del país, donde periodistas debidamente acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrentaron restricciones, hostigamiento, censura y vigilancia por parte de funcionarios del régimen chavista y de miembros de mesa.
Uno de los patrones más frecuentes fue la obstrucción del acceso a centros de votación, especialmente en momentos en que candidatos acudían a sufragar.

En el estado Lara, reporteros de varios medios fueron impedidos de ingresar al centro electoral donde votó Henri Falcón, aspirante a la alcaldía del municipio Iribarren. La entrada fue controlada por personal militar, que permitió únicamente un acceso breve y vigilado a camarógrafos y reporteros gráficos, excluyendo al resto de los comunicadores.
En el estado Bolívar, los periodistas Félix Requena, de Los Tubazos y Qué Pasa Venezuela, y Edwin Rosal, del Correo del Caroní, fueron objeto de hostigamiento mientras cubrían el acto de votación de un candidato en el Colegio Nazareth de Puerto Ordaz. Miembros de mesa les impidieron tomar fotografías del momento del voto y argumentaron, sin base normativa, que solo se podía registrar gráficamente a alcaldes o gobernadores, pero no a candidatos. Además, los funcionarios procedieron a grabarlos y fotografiarlos, acusándolos de ser “saboteadores” del proceso electoral. “Solo estábamos documentando la jornada. Lo que hicieron fue un intento claro de intimidación”, denunció Requena.

En el estado Cojedes, la periodista Pilar Guerra, acreditada por Qué Pasa Venezuela y Mango Noticias, fue detenida en la entrada del Liceo Creación Limoncito. Un efectivo del Plan República le exigió su cédula de identidad para verificar su credencial, aunque esta ya había sido emitida por el CNE. Finalmente, se le negó el ingreso sin justificación legal. Según el SNTP, este tipo de restricciones evidencian prácticas discriminatorias y arbitrarias.
Otro caso de censura ocurrió nuevamente en Lara. El equipo del diario El Impulso fue obligado a eliminar material fotográfico captado en el Colegio La Salle de Barquisimeto. La orden provino de un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), pese a que la coordinadora del centro había autorizado previamente la cobertura. El sindicato calificó el hecho como una “acción de censura clara y sin fundamento legal”.

Restricciones similares fueron reportadas en los estados Aragua y Zulia. En centros electorales como la Escuela Básica Nacional Santa Rita (Aragua) y los centros 19 de Abril, Josefina de Acosta y Luis Beltrán Ramos (Zulia), periodistas fueron impedidos de entrar aun contando con acreditación oficial. En la mayoría de los casos, los impedimentos fueron impuestos por personal militar o autoridades de mesa, sin que existiera una normativa que lo justificara.
En Nueva Esparta, un periodista local fue impedido de grabar tomas de apoyo en las inmediaciones del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Colegio Madre Guadalupe, en el municipio Maneiro. La acción fue ejecutada por un efectivo militar, mientras patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se encontraban presentes en los alrededores del recinto.

Los incidentes documentados por el SNTP reflejan un patrón generalizado de obstrucción, discrecionalidad y vigilancia hacia la prensa. “La arbitrariedad y la censura se han convertido en mecanismos sistemáticos de control durante las jornadas electorales”, advirtió el sindicato.
La jornada se desarrolló además en un entorno digital afectado por bloqueos sistemáticos a medios de comunicación. De acuerdo con datos del programa VE Sin Filtro, entre enero de 2016 y enero de 2025 se registraron 1.335 eventos de bloqueo digital en Venezuela, de los cuales 949 siguen activos. Estas restricciones afectaron a 134 portales, incluidos 60 medios digitales.
A este entorno se suma la exclusión deliberada de medios independientes del proceso de acreditación por parte del CNE. Numerosos portales digitales, tanto regionales como nacionales, fueron marginados del registro oficial, lo que limitó su capacidad de cobertura en el terreno. La medida refuerza un entorno mediático cerrado, con escaso acceso a fuentes oficiales.
Las condiciones institucionales también restringen las posibilidades de la prensa para verificar información o canalizar denuncias ciudadanas. En muchos casos, los periodistas no reciben respuesta a solicitudes formales, lo que agrava la opacidad del proceso.
El SNTP concluyó que el silenciamiento forzado, la censura y la intimidación ejercidas durante estas elecciones perjudican no solo a los periodistas, sino también a la sociedad venezolana y al derecho ciudadano de acceder a información verificada.
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