La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió este martes justicia para el concejal Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado el 8 de octubre de 2018, un hecho por el que fueron condenados dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), aunque posteriormente puestos en libertad, según la organización.
“Hoy recordamos a Fernando Albán, quien murió en custodia del Estado cuando se encontraba injustamente tras las rejas”, expresó la organización no gubernamental en su cuenta de X.
Asimismo, JEP indicó que “a la fecha no hay justicia” en el caso de Albán, a quien se refirió como un “líder político y social que luchaba por sus ideales”.
En diciembre de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco y diez años de prisión, respectivamente, por el homicidio de Albán, quien falleció en prisión al precipitarse desde un décimo piso, según la Fiscalía, aunque distintos activistas políticos y ONG denunciaron que se trató de un asesinato y pidieron que se investigara el caso.
Saab detalló entonces que los funcionarios fueron condenados por los delitos de homicidio culposo (negligencia), quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.
La coordinadora general de JEP, Martha Tineo, dijo a EFE que en febrero de 2022 la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas “redujo la pena a dos años y ocho meses, y los funcionarios quedaron en libertad, a pesar de que se habían declarado culpables”.
“Aunque se dictaron condenas formales, los responsables de la muerte de Fernando Albán no han enfrentado una justicia plena”, manifestó Tineo, quien subrayó, además, que no hay “ninguna investigación respecto a los superiores (cadena de mando)” en el caso del concejal.
Albán murió el 8 de octubre de 2018 en las instalaciones del Sebin, en Caracas, donde permanecía detenido por, presuntamente, estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra el dictador Nicolás Maduro.
En enero de 2019, la ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar la muerte de Albán, cuya posterior investigación dio lugar a la condena de los dos funcionarios, un dictamen considerado como insuficiente por el partido Primero Justicia, al que pertenecía el concejal.
El caso de Albán se encuentra detallado en un informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela.
El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) también pidió hace casi un año que se haga justicia, cuando se cumplían seis años de la muerte del concejal.
“No descansaremos hasta lograr justicia por su muerte y por la de todos los venezolanos que han muerto, han sido detenidos y torturados injustamente en manos del régimen madurista”, señaló la formación en una publicación en X en aquel momento.
El PJ sostuvo que Albán fue “torturado cruelmente” mientras estuvo detenido y “así quedó denunciado ante organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas”.
“Fernando fue un luchador social, entregado al trabajo dentro de las comunidades más necesitadas y con un ferviente espíritu democrático que solo deseaba lo que la gran mayoría anhela en Venezuela: la libertad del país”, añadió.
(Con información de EFE)
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