La organización no gubernamental Foro Penal reportó un total de 932 presos políticos en Venezuela, según un informe publicado este martes en la red social X. En el comunicado se incluyó la información sobre la reciente liberación de un adolescente detenido tras las elecciones presidenciales de 2024.
La organización puntualizó que el registro, realizado hasta el 16 de junio, implica un incremento de seis personas privadas de libertad respecto al informe anterior.
El desglose proporcionado detalla que, del grupo de detenidos, 837 son hombres y 95 mujeres, de los cuales 928 son adultos y cuatro adolescentes con edades entre 14 y 17 años.
Este balance reflejó la reciente excarcelación de uno de los cinco menores inicialmente arrestados en el contexto de las protestas postelectorales surgidas en Venezuela después de los comicios presidenciales de 2024, procesos en los que el organismo electoral proclamó al dictador Nicolás Maduro como vencedor, pese a las denuncias de fraude de la mayor parte de la oposición.
El Foro Penal confirmó que el número de detenidos con doble nacionalidad permanece en 82, sin cambios con relación al reporte previo.
Desde 2014, esta ONG ha registrado un total de 18.420 casos que considera como “detenciones políticas”.
Tanto Nicolás Maduro como el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, rechazan que existan personas recluidas por razones políticas, y sostienen que fueron arrestadas por la comisión de delitos, una postura que cuestionan varias organizaciones no gubernamentales, líderes opositores y la comunidad internacional.
Una “política de abandono” en las cárceles
En otro orden, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció lo que describió como una “política de abandono” por parte del régimen de Nicolás Maduro en los centros de detención de Venezuela.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la ONG alertó sobre las condiciones que enfrentan miles de personas privadas de libertad, caracterizadas por el hacinamiento extremo, la falta de agua potable, la inexistencia de ventilación, la escasez de alimentos y la ausencia total de atención médica.
“Esta no es una crisis nueva ni un error del sistema: es una política de abandono”, subrayó la organización, al tiempo que exigió que se garanticen condiciones humanas para los reclusos.
La denuncia se focaliza en la utilización de calabozos policiales como centros de reclusión prolongada, pese a que, de acuerdo con la legislación venezolana, esos espacios solo están destinados a detenciones preventivas por un máximo de 48 horas.
El OVP sostuvo que, en la práctica, miles de detenidos permanecen en esos espacios durante semanas, meses e incluso años, lo cual representa una violación flagrante a los derechos humanos y una prueba del colapso del sistema penitenciario del país.
El comunicado también llama la atención sobre el papel que se ve obligado a asumir el entorno familiar de los presos. Según la organización, son los familiares quienes deben suplir las carencias estatales: deben llevar comida, agua, medicamentos y productos de higiene personal, muchas veces expuestos a situaciones de extorsión por parte de funcionarios o a pernoctar durante días frente a las estaciones policiales bajo condiciones denigrantes.
El OVP describe este escenario como un castigo indirecto, en el que el sufrimiento se extiende más allá de los muros de las celdas para alcanzar a los círculos cercanos a los reclusos.
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