El Centro Carter publicó este lunes su informe final sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, y ratificó que el proceso “no cumplió con estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrático”.
El informe destaca que, a pesar de que el Acuerdo de Barbados estableció compromisos para mejorar las condiciones electorales, “el proceso electoral reflejó un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio”.
Dicho sesgo se hizo evidente en el proceso de inscripción de candidatos, la exclusión de la mayoría de los votantes en el exterior y en las condiciones manifiestamente desiguales para la campaña.
El documento también señala que “la falta de transparencia en el anuncio de los resultados y la aparente falsificación del resultado” hicieron que las autoridades venezolanas “siguieran siendo incapaces de cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática”, entre ellas la existencia de un marco legal neutral, un organismo electoral imparcial, libertad de campaña y mecanismos efectivos para resolver disputas.
Irregularidades en el proceso electoral
Uno de los puntos clave señalados en el informe es la inhabilitación de líderes opositores, entre ellos María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras con más del 90% de los votos. Posteriormente, el CNE bloqueó sin explicación oficial la inscripción de Corina Yoris, lo que obligó a la oposición a postular a Edmundo González Urrutia en el último momento.
Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino al menos 15 partidos políticos, colocando en su dirección a figuras cercanas al chavismo, afectando la participación electoral de la oposición.
El informe señala que la dictadura chavista “utilizó de manera desproporcionada los recursos del Estado para favorecer la campaña del candidato oficialista”, lo que incluyó vehículos oficiales, programas sociales y medios de comunicación estatales.
También se documentó un ambiente de intimidación hacia la oposición. “Más de 130 activistas y candidatos fueron detenidos antes y después de la jornada electoral”, lo que generó un clima de miedo entre los votantes opositores.
El informe además menciona que la campaña mediática del régimen dominó el espacio informativo, limitando la visibilidad de la oposición y generando un acceso desigual a los medios de comunicación.
El informe señala que, aunque 5,5 millones de venezolanos estaban en capacidad de votar en el extranjero, solo 69.000 lograron registrarse, lo que representa menos del 2% del total.
El Centro Carter destaca que “las dificultades para la inscripción en consulados, la falta de información accesible y las restricciones impuestas por el CNE contribuyeron a la baja participación de la diáspora”.
Resultados electorales y falta de transparencia en el conteo de votos
El CNE proclamó a Maduro ganador con 51,2% de los votos, frente al 44,2% de González Urrutia. Sin embargo, el informe destaca que el CNE nunca publicó los resultados desglosados por mesa electoral, alegando un “ciberataque”, pero sin proporcionar pruebas de tal incidente.
El informe subraya que “los resultados electorales anunciados por el CNE no pudieron verificarse de forma independiente, lo que constituyó una grave violación a los principios electorales y al derecho venezolano”.
Además, se cancelaron tres auditorías poselectorales clave, que habrían permitido verificar el presunto ataque cibernético y la integridad del proceso de transmisión de datos.
El informe también señala que la oposición publicó más del 80% de las actas de votación, mostrando que González Urrutia obtuvo 67,1% de los votos, mientras que Maduro apenas alcanzó 30,4%.
Reacciones nacionales e internacionales
El Centro Carter señala que “protestas ciudadanas se registraron en más de 350 ciudades”, pero fueron rápidamente reprimidas por las fuerzas de seguridad.
A nivel internacional, más de 20 países y organismos como la Unión Europea y Naciones Unidas desconocieron los resultados y exigieron una “auditoría independiente de los comicios”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, validó los resultados en una sentencia sin permitir revisión independiente, lo que consolidó el desconocimiento de las elecciones por parte de la comunidad internacional.
Conclusión y recomendaciones del Centro Carter
La organización con sede en Washington insiste en recomendar que “las autoridades demuestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos permitiendo una revisión transparente e independiente de los resultados”.
Entre sus principales recomendaciones se incluyen:
- Publicación inmediata de los resultados completos por mesa de votación.
- Reforma del CNE para garantizar su independencia.
- Eliminación de la inhabilitación arbitraria de candidatos.
- Mayor transparencia en el registro electoral y acceso al voto en el exterior.
El informe concluye que el CNE no cumplió con su deber de garantizar la transparencia del proceso electoral, lo que generó una falta de confianza en los resultados anunciados y aumentó la polarización política en Venezuela.
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