La CIDH otorgó medidas cautelares a Nélida Sánchez, la coordinadora de la ONG Súmate detenida por el régimen chavista

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos definió otorgar medidas cautelares a Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, la coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, la ONG fundada por María Corina Machado. La opositora lleva detenida desde el 26 de agosto, cuando agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) la privaron de su libertad, y estuvo en un paradero desconocido hasta el 29 de aquel mes, cuando se conoció su traslado al Helicoide.

Desde que se produjo su detención hasta la actualidad, Sánchez Oropeza estuvo privada del acceso a la legítima defensa y no se le permitió ver a sus familiares o amigos. A pesar de sus labores de búsqueda independientes en los penitenciarios de Caracas, sus allegados no consiguieron obtener información por parte de los funcionarios que les permitiera esclarecer su paradero y condición.

Inclusive, su círculo intentó ingresar a las sedes de detención con una denuncia de desaparición forzada, que no fue recibida por los agentes competentes.

Por otro lado, Sánchez Oropeza estaría bajo condiciones sanitarias inapropiadas según los cuidados que requieren las enfermedades que padece -entre ellas una afección cardíaca, fibromialgia y asma-, lo que podría representar un grave riesgo para su salud.

Es por todo esto que la CIDH indicó en su reciente documento que considera que la opositora “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”, entre ellos “los derechos a la vida e integridad personal”, y advirtió que su detención podría “tener por objeto intimidar a la propuesta beneficiaria, obstaculizando el ejercicio de sus labores de defensa de derechos humanos”.

Asimismo, en este contexto de falta de comunicación y contacto con la opositora, “la Comisión no tiene elementos para valorar las acciones que se habrían iniciado a su favor”, agregó el texto, y solicitó al régimen de Venezuela tomar acciones concretas para revertir esta situación.

En primer lugar, se exigió a las autoridades que adopten “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de la víctima y, también, que informe si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, así como su paradero. A la par, se solicitó la difusión de los cargos de los que se la acusa o, en su defecto, las razones por las que no ha sido puesta en libertad.

Tercero, se pidió conocer si recibió atención médica, junto con evidencias que lo respalden.

Sobre su derecho a la legítima defensa, con su equipo legal de confianza, el texto instó al régimen a realizar lo que sea necesario “para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia”.

Por último, la CIDH llamó a los respectivos altos mandos y funcionarios involucrados en su detención a que pongan en marcha una investigación en base a estas acusaciones e “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición”.

Sánchez Oropeza fue detenida en el contexto de la ola de represión post electoral en el país, según se cree, por el rol que desempeña en la ONG. Desde que se sumó al departamento de Formación Ciudadana Electoral de Súmate en 2015, trabaja ofreciendo sus conocimientos y experiencia en la materia, especialmente en la transmisión de información y capacitación del pueblo en el marco de los diferentes procesos de votación que se han llevado a cabo desde entonces en el país. Esto incluyó los recientes comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar pruebas que lo respalden.