Decadencia y persecución: la crisis de la educación pública en Venezuela ante el abandono del régimen

Las universidades públicas de Venezuela están en “decadencia” debido a la crisis económica, lo que se traduce en falta de profesores, deserción estudiantil, bajos salarios, deterioro de infraestructuras y una paralización de las investigaciones, según un informe de la organización no gubernamental Fundaredes.

El escrito, titulado “de la excelencia a la decadencia”, asegura que en los últimos 11 años el régimen chavista ha reducido en un 97,9 % el presupuesto de 72 instituciones de educación superior gratuitas, “afectando la formación y capacitación del talento humano, el mantenimiento de la planta física y programas de extensión de las universidades”.

“Desde el año 2014, el sistema político, social y cultural venezolano entró en su etapa más nefasta, lo que ha dejado instalaciones educativas destruidas, salarios de hambre para el personal docente, administrativo y obrero”, dice el informe, en alusión a la contracción económica que se extendió ocho años hasta mediados de 2021.

Fundaredes centró su estudio en los estados Zulia y Táchira (fronterizos con Colombia), Bolívar (limítrofe con Brasil) y Delta Amacuro que, a través del mar Caribe, colinda con Trinidad y Tobago.

“La falta de pagos dignos y el desinterés del Estado en respetar los derechos de los docentes” ha llevado a estos profesionales a migrar a países como Ecuador, Colombia, México, Chile y Brasil, en búsqueda de mejores salarios y condiciones laborales, prosigue el escrito.

La ONG considera fundamental que se tomen acciones urgentes “para mitigar el colapso en el que se encuentra el sistema educativo”, especialmente en una mejora de los salarios, que se ubican por debajo de los 100 dólares mensuales.

Vigilancia a docentes de escuelas

Por otra parte, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela, Gricelda Sánchez, denunció este miércoles que en varias instituciones de educación pública se presentaron militares y policías en el inicio del Año Escolar 2023-2024, este 2 de octubre, con el fin de supervisar “la asistencia” de los maestros, como una medida de “presión y persecución”.

“Estos efectivos estaban presentes supervisando la asistencia de los maestros e incluso tomando asistencia”, dijo Sánchez en un comunicado de prensa de Fordisi.

La dirigente aseguró que la “militarización” de las escuelas es parte de “una medida intimidatoria más por parte del Ministerio de Educación”, y busca responder al “fuerte ausentismo” de los docentes que, a causa de los bajos salarios que reciben, no pueden costear el transporte y la alimentación para acudir a sus trabajos.

Desde junio de 2022, efectivos militares están desplegados en escuelas de todo el país como parte de un plan del régimen creado para la reparación de estos centros educativos denominado “Brigadas Comunitarias Militares” (Bricomiles).

Este lunes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, indicó, durante un acto en una escuela de Caracas, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha participado en la reparación de unos 17.000 centros educativos, aunque no aclaró el período de tiempo en que se llevaron a cabo estos trabajos.

Señaló entonces que la institución castrense, junto con voluntarios y empleados públicos, ha mejorado, al menos parcialmente, la infraestructura de escuelas y liceos a través de las llamadas Bricomiles, creadas por Maduro para reparar, además de centros de enseñanza, hospitales.

Sin embargo, los salarios de los empleados públicos, así como las pensiones que reciben cuatro millones de ancianos y jubilados, se mantienen congelados desde marzo de 2022, cuando el dictador Nicolás Maduro fijó en 130 bolívares el ingreso mensual, que equivale hoy a 3,74 dólares.

(Con información de EFE)