“Acordate que me la cobro”: condenaron a un narco por amenazar a un juez y a una fiscal

El Juzgado Federal N° 3 de Mendoza condenó a tres años de prisión Raúl Daniel Bressi Escalante, líder de una banda narcocriminal, por amenazar a jueces y a una fiscal mientras era juzgado el año pasado como responsable del delito de tráfico de estupefacientes en calidad de organizador.

En el juicio, en que intervinieron la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, y la Fiscalía Federal de San Rafael, de Ignacio Sabas, el narco fue hallado culpable del delito de amenazas en dos ocasiones por haber intimidado a los funcionarios judiciales desde su lugar de detención y durante una audiencia de debate.

Según indicó el sitio fiscales.gob.ar, el primero de esos hechos ocurrió el 16 de febrero de 2022, cuando desde la cárcel se comunicó telefónicamente con el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Mendoza, donde fue atendido por un auxiliar, a quien le manifestó disconformidad por el trato médico que recibía.

Luego, le indicó a su interlocutor que “no le costaba nada” mandar a pegarle a los jueces, que sabía dónde vivían muchos de ellos y que él “manejaba todo” desde el establecimiento penitenciario. Aseguró, a la vez, que él “metía toneladas de marihuana” a Mendoza y reiteró, en ese sentido, que no le costaría nada mandar a pegarle a los jueces.

Al mismo tiempo, insistió en que él cumplía lo que decía, y que, si no le creían, que verificasen su legajo personal para indagar “cómo le quedó la casa a un juez de San Luis”. Luego, hizo llegar al tribunal un manuscrito, a través de un correo electrónico, en donde pidió disculpas por las amenazas telefónicas.

Sin embargo, el 5 de agosto de ese año, durante una audiencia de debate, la escena se repitió. Bressi Escalante se volvió a mostrar desafiante y lanzó una amenaza a la fiscal general Gloria André: “Te burlaste de la muerte de la esposa de mi compañero, ya vas a ver; acordate que me la cobro, culiada, vas a ir a mirar vidrieras con custodia”.

De acuerdo a los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la frase no fue un hecho aislado o un exabrupto, ya que con anterioridad el sujeto había amenazado con lesionar a otros miembros del tribunal en forma telefónica y por escrito.

Bressi Escalante fue condenado el 12 de junio de 2018 a la pena de 14 años de prisión y luego, el 12 de agosto de 2022 a 19 años de prisión, en una causa en la que fue declarado reincidente. En ambos casos fue hallado responsable del delito de tráfico de estupefacientes en forma organizada en calidad de organizador, por lo que se unificó su pena a 24 años de prisión y una multa de un 1.379.700 pesos.

Según se desprende del acta de acuerdo para el juicio abreviado firmada el 28 de noviembre pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal y el imputado acordaron mantener la calificación legal por la que fuera elevada la causa a juicio.

En ese sentido, entendieron que la conducta desplegada por Bressi Escalante encuadraba en el delito de amenazas por dos hechos, que concurren en forma real entre sí.

Para la fiscalía, la prueba fundamental de la amenaza telefónica es el manuscrito remitido por Bressi Escalante vía correo electrónico. En tanto, la grabación y la transcripción de la audiencia en la que profirió amenazas a la fiscal André, fue una evidencia clara que no dejó lugar a dudas.

A través de la sentencia de homologación del acuerdo, el juzgado argumentó: “Todos los elementos probatorios señalan que la conducta desplegada por Raúl Daniel Bressi Escalante tenía como finalidad alarmar o amedrentar a los magistrados y funcionarios a cargo de la causa que lo tiene detenido. La prueba producida en autos, permite tener por acreditado que los dichos del encausado tenían por finalidad infundir temor e intimidar a los nombrados lo que, a su vez, motivó que se adoptaran medidas de seguridad sobre los mismos y sus familias”.

En ese sentido, se manifestó que su objetivo era “producir temor o intranquilidad en los funcionarios a cargo de la causa en la cual se encuentra detenido” y que, si bien se retractó al momento de prestar declaración indagatoria, “el delito ya se había consumado”.

De esta manera, la jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Beatriz Pravata, homologó el acuerdo de juicio abreviado firmado entre el MPF y el imputado, y estableció una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas en dos hechos que concurren en forma real, además de disponer su reincidencia.