Tras la polémica por el video en una estación de servicio en Entre Ríos, una jueza abrió una causa por violencia simbólica

La magistrada Vanesa Visconti, titular del Juzgado de Paz y Familia de la ciudad de Crespo, a más de 40 kilómetros de la capital de Entre Ríos, Paraná, inició el pasado sábado 20 una causa por violencia simbólica contra la mujer. Fue después de la difusión en redes sociales de un video filmado en una estación de servicio local.

En las imágenes se observa a dos trabajadores vestidos con indumentaria de la petrolera Shell simulando el secuestro de una joven. La embolsaban y la cargaban en una camioneta que la llevaría hasta Formosa.

El registro pretendía sumarse a un desafío viral en redes sociales llamado “ahí viene la CM (community manager)”. El objetivo era mostrar cómo los trabajadores de un lugar se molestaban y huían de las filmaciones para realizar reels.

La idea del falso secuestro fue de A., la CM de la firma Erich Wagner y Cía. S.R.L. Tras el escándalo, el posteo fue dado de baja. Y ella pidió disculpas, asumiendo toda la responsabilidad de lo ocurrido. Lo mismo hizo la concesionaria y también la petrolera multinacional.

En medio de la conmoción nacional, la jueza Visconti inició de oficio, es decir, sin que medie denuncia, una acción judicial. Se enmarcó en la legislación nacional y provincial vigente que protege todos los tipos de violencia contra la mujer. Su primer objetivo era que el hecho cesara. Esto se logró, en forma parcial, cuando la cuenta de la estación de servicio bajó el posteo. Pero el contenido ya se había viralizado en miles de perfiles.

La causa que lleva adelante Visconti se maneja en reserva. El trámite, por ahora, no es público. La magistrada ya dispuso la realización de las primeras medidas. Y, en paralelo, dio parte a Fiscalía de lo ocurrido para que evalúe la posible comisión de un delito de acción pública. La notificación está contenida en la providencia que emitió el mismo sábado en horas de la tarde.

El fiscal que recibió la resolución de Visconti es Franco Bongiovanni. El funcionario judicial dijo a medios locales que se podría estar frente a un caso de apología del delito. Esta figura tiene una pena que va desde el mes al año de prisión. El contenido del video “podría implicar una banalización del femicidio o de la desaparición de una mujer”, afirmó.

Pueblo chico, infierno grande

Crespo es una ciudad de unos 25 mil habitantes ubicada a 40 km al sur de Paraná, la capital entrerriana. Gran parte de su población es descendiente de la inmigración alemana o italiana. La primera comunidad es la más fuerte. En las conversaciones que se dan en plazas y calles, se entremezclan el castellano con términos del alemán o del dialecto del Volga. Es que gran parte de la población germana que vivió junto a ese río en Rusia hasta fines del siglo XIX se asentó en esa zona de Entre Ríos.

Se trata de una comunidad pujante en lo económico, pero conservadora y cerrada en lo social, con tendencia a recibir de mala manera a quienes vienen de afuera. Tras el sacudón nacional que generó el video, y que puso a Crespo en el foco, la comunidad reaccionó.

En primer lugar, minimizó el hecho. “Fue una broma”, “No tuvo nada de malo” y “la Justicia tiene que estar para otra cosa”, son algunos de los comentarios que realiza la población local en redes sociales sobre lo ocurrido.

Pero, por otro lado, victimizó a los playeros que protagonizaron el video y se expresó, casi por unanimidad, en su defensa. Y, como contrapartida, cargó las tintas sobre A., la community manager responsable de la idea y realización.

La joven “no la está pasando bien” comentaron algunos pobladores de Crespo consultados por este medio. Atraviesa “una situación complicada”, señalaron. La sociedad local le impuso el rol de chivo expiatorio, esa figura sobre la que se carga toda la culpa para que el conjunto pueda evadir responsabilidades mayores.

Algo similar ocurre con la jueza Visconti. En redes también hay diatribas en su contra por haber iniciado la investigación. La situación no ha pasado a mayores. Pero la expectativa de las autoridades judiciales es que la tensión que generó el incidente cese o, al menos, se reduzca.