El juez federal de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, le ordenó este martes al Centro Austral de Investigaciones Científicas -un organismo dependiente del Conicet- que suspenda la matanza de conejos silvestres mediante la fumigación con gas fosfina que iba a poner en práctica la institución, a lo que se oponían entidades protectoras de los animales.
Explicó además que los conejos construyen madrigueras que producen “hundimientos y derrumbes, poniendo en serio riesgo la infraestructura que apoye sobre ellas, como el edificio del Cadic”, detalló el organismo a través de un comunicado.
Este tipo de fauna “destruye la vegetación, eliminando el hábitat de especies nativas y dejando expuesto el suelo a la erosión del viento y las lluvias”, resaltó el Cadic y agregó que son “un riesgo sanitario ante el contacto con animales domésticos o con las personas”.
Además, dado que el edificio se encuentra cerca de un aeropuerto, la decisión se llevó a cabo “para la seguridad de las aeronaves”.
Sobre la utilización de gas fosfina para contener la plaga de conejos, el organismo manifestó que se utilizaría “una fumigación pasiva y extracción manual” a través de un procedimiento que “no implicará riesgo para la seguridad ni la salud de humanos ni de otras especies animales y posee un impacto nulo para el medioambiente”.
Ante ello, las entidades protectoras que presentaron la medida cautelar argumentaron que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica” y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez entendió que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos y que también merecen protección judicial”.
Respecto del caso concreto, Calvete afirmó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”, aseveró.
Así, Calvete hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino, que se oponen tanto a la erradicación de los conejos de Ushuaia como a la utilización de un gas al que consideran “peligroso y tóxico”.
La medida judicial ordenó “la suspensión de la matanza de conejos de castilla que habitan en las proximidades del edificio de la institución científica mientras se sustancia a la causa”.
Además, dispuso la implementación de un plan alternativo propuesto por las asociaciones protectoras, consistente en la extracción de los animales mediante jaulas-trampa, su relocalización en otro predio y la esterilización quirúrgica de los ejemplares a cargo de un médico veterinario.
Para ello, el juez convocará a una audiencia donde las partes deberán consensuar “la modalidad de ejecución del proyecto” y deberán asistir autoridades del gobierno provincial y del municipio.
Voceros del Cadic dijeron que la decisión judicial les generó “sorpresa” porque “el plan de control” de los conejos presentado por las protectoras “carece de información técnica y no resuelve cuestiones metodológicas, como por ejemplo qué pasaría si se escaparan del predio donde serán confinados o cómo evitarán el repoblamiento de la zona afectada”.
“Lo único que van a hacer si se aplica este método es trasladar el problema desde un lugar a otro”, aseveró la fuente consultada.
En cambio, la abogada de Afada, Griselda Engelhard, celebró la decisión judicial, la calificó de “histórica” y la interpretó como “una bisagra para la protección de los derechos animales en la provincia”.
Seguí Leyendo: