Incertidumbre en el Senado por el destino del Presupuesto 2025 y del DNU para renegociar deuda

La nueva traba sobre el Presupuesto 2025 en Diputados empujó una situación de incertidumbre total en el Senado, con un oficialismo que levantó la guardia de cara a los últimos 10 días de sesiones ordinarias y una oposición que duda entre contratacar o esperar el próximo movimiento de la Casa Rosada. Las opciones que se analizan, de cara al corto plazo, son varias.

En la Cámara alta, La Libertad Avanza tiene pensadas dos sesiones de cara a la semana próxima. En principio, para el miércoles se espera el informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Al día siguiente, el objetivo es sancionar, entre otras cosas, la ley anti mafias. No obstante, con lo ocurrido en las últimas horas, dicho escenario podría verse modificado.

Para entender mejor dicho panorama hay que recordar que, la semana pasada, el kirchnerismo buscó cuatro senadores de otras bancadas -que se sumaran a los 33 de su interbloque- y forzar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dinamita un artículo de la ley de administración financiera, para renegociar deuda sin tantos filtros obligatorios.

El kirchnerismo ni siquiera llegó a juntar a su propia tropa, por lo que desarmó el plan original. Esto no quita que retome la embestida en los próximos días. En el medio aparece la discusión sobre si los legisladores pueden, en un día de sesión ordinaria, presentarse e impulsar el rechazo al DNU. El recinto es soberano y, según el reglamento, nada impediría hacer eso. Lo intentaron en septiembre pasado, sin éxito por falta de quorum. En tanto, desde el sector dialoguista prefieren que decida primero Diputados.

La pregunta que se tiene que hacer el oficialismo es si, ante el contexto actual, conviene abrir el recinto para realizar ambas sesiones. Por ejemplo, si el miércoles finalizara la reunión con Francos y 37 legisladores estuvieran dispuestos a quedarse para iniciar un nuevo encuentro y anular de manera exprés el DNU, ¿alguien podría impedirlo? Esto también pone en riesgo, a priori, lo del siguiente día. En resumen, una ensalada de estrategias y cuestiones reglamentarias sobre las que el oficialismo tendrá que estar más que atento.

Por ahora, la mayoría son supuestos ante una actualidad que no resulta extraña en el Congreso. Como contó Infobae en las últimas semanas, el Gobierno no reconocerá como rival digno a quien no quiera pelearle de igual a igual. Es decir, por todo. El inconveniente es que, ante una potencial derrota del Gobierno, sea con el DNU o con el Presupuesto, el discurso sobre una oposición virulenta y golpista estará más que listo para salir del horno. Una encerrona de difícil solución. Más aún, con la imagen de la Casa Rosada en alza.

Ahora veamos algunas cuestiones relacionadas con lo que piden los gobernadores. Resultan más que curiosas. Para resumir, lo que pretenden los mandatarios es simple: cerrar el año fiscal de cada distrito -aguinaldo incluido- en paz; amortiguar el peso de las cajas previsionales no transferidas a Nación -son 13 provincias en dicha situación-; y contar con un colchón mínimo para enfrentar el período electoral local.

Este combo se tradujo en cinco puntos que reclaman desde diversas provincias. Hay uno que llamó mucho la atención del Ministerio de Economía: las afectaciones específicas del impuesto a los combustibles. Los gobernadores quieren que se coparticipe todo eso. ¿Quién será el mayor beneficiado? El líder de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ocurre una cosa similar con el 1,9% con el que se financia la flamante ARCA (ex AFIP).

Otro punto es el discutido 8,1% para jubilaciones no reconocido por el Gobierno tras el fogonazo inflacionario de diciembre pasado. Cuando se discutió la ley opositora que recomponía los haberes previsionales -luego vetada por el Ejecutivo-, el oficialismo primero ofreció no hacerlo a enero, sino desde la sanción de la norma. Luego, apuntó a junio-julio como máximo. No fue aceptado y, ahora, la Casa Rosada no retomará bajo ningún punto de vista esa negociación.

Volvamos al DNU. Quienes procuran alguna opción viable, con lo poco que queda de raciocinio en el Congreso, no denostan el articulado -al menos, es lo que deslizan-, sino la metodología adoptada. Es por ello que, como el nervio de ese texto se encuentra en el Presupuesto 2025, ofrecen avanzar con la ley de gastos para el año próximo a cambio del adiós al DNU.

Las definiciones requieren pasos delicados. No es lo mismo ir a renegociar deuda con un DNU rechazado por una Cámara -pero aún vigente, aunque contra las cuerdas- que con un Presupuesto sancionado. El mercado también opinará sobre esto en los próximos días.

Desde otros despachos creen que se perdió tiempo y que el Gobierno quiere tener el Congreso cerrado y con el DNU vigente. Y si lo último es rechazado por ambas Cámaras antes del 30 de noviembre, esperar al cierre de las sesiones ordinarias para emitir otro, o varios, para darle el mote de “distinto”. Acá también aparecen dos bibliotecas: quienes creen que eso es viable y finalizador de cualquier tipo de extensión del trabajo legislativo versus los que aseguran que, al tratarse de ese tipo de normas, nada impide que se analicen y se debatan en los recintos. De hecho, la bicameral permanente que revisa este tipo de decisiones puede reunirse sin ningún tipo de inconvenientes ante un Parlamento con persianas bajas.

Con la moneda en el aire y dudas que generan ansiedad y estrés el presidente de Diputados, Martín Menem, almorzó este martes en comedor del Senado con los principales referentes de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Emilio Monzó. Por la tarde, el rionegrino comandó una reunión de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, el enlace con la Auditoría General de la Nación (AGN). Tras el cónclave, integrantes de muchas bancadas opositoras rodearon al legislador y charlaron más de 10 minutos. Procuraron hallar una claridad que, por ahora, nadie encuentra.