Día de la Niñez: el proyecto de ley que amplía las licencias laborales por cuidados está paralizado en Diputados

En el Día de la Niñez, millones de familias seguirán esperando el derecho de contar con una mayor cantidad de días junto a sus hijos recién nacidos. A tres meses de su lanzamiento oficial, el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para ampliar las licencias laborales por maternidad y paternidad - garantiza su acceso a los autónomos, monotributistas y monotributistas sociales- duerme sin ningún grado de avances en la Cámara de Diputados.

Bautizado con el lema “Cuidar en Igualdad”, la propuesta eleva de manera progresiva hasta 126 días la licencia por nacimiento de hijos para las madres, mientras que para los padres sube a unos 15 días durante el primer año de la ley y 30 días en el segundo, hasta emparejar a 90 días durante un período de 8 años. Esta ampliación, además, incluye más licencias para personas no gestantes y por adopción, en el marco de la creación de un “sistema integral de cuidados con perspectiva de género” (Sinca).

La iniciativa fue anticipada en marzo por el presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones legislativas, y presentada el 2 de mayo por el Día Internacional del Trabajador junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), el ministro Claudio Moroni (Trabajo), el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular de PAMI, Luana Volnovich. Pero la dura interna del Frente de Todos de los últimos meses paralizó todas las apuestas legislativas del Poder Ejecutivo, entre ellos, el ambicioso sistema de licencias.

El proyecto ingresó en la Cámara de Diputados el 3 de mayo, un día después de su lanzamiento oficial. Se giró hacia tres comisiones de diputados: Mujeres y Diversidad, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Desde entonces, entró en el derrotero de la falta de acuerdos en el Frente de Todos. No hubo intentos ni movimientos del expediente.

“Queremos sacarla lo antes posible, están trabajando en eso en Diputados. Desde el Ejecutivo ya no tenemos nada para hacer”, indicaron a Infobae desde uno de los despachos cercanos al Presidente. Sin embargo, en una de las áreas del Gobierno que intervino en la iniciativa no son tan entusiastas. “No aparece entre las prioridades del Gobierno ni del bloque del Frente de Todos. Vemos muy difícil que avance este año”, señaló otra de las fuentes.

La bajísima productividad legislativa de la Cámara de Diputados recién empezó a desembarazarse esta semana y maneja otro orden de prioridades. La agenda económica impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, empuja el tratamiento prioritario de la ley de Agroindustria, con la intención de sumar dólares provenientes del sector agropecuario. Su debate viene con una demora de cuatro meses desde que lo anunció Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, defendió el miércoles la propuesta en las comisiones de Industria y de Agricultura.

En la agenda del bloque del Frente de Todos cuenta con un mayor grado de avance el proyecto para el desarrollo y formación de Enfermería, iniciativa que cuenta con dictámenes de mayoría y de minoría; y el Consenso Fiscal, que emitió un proyecto de mayoría con el apoyo de 21 provincias. La comisión de Presupuesto y Hacienda, que dirige el diputado Carlos Heller, intentará por su lado debatir el próximo miércoles la prórroga por cinco años de los impuestos de ganancias, bienes personales y de competitividad, entre otros.

El oficialismo intentará votar en la sesión del 31 de agosto varias de estas iniciativas acordadas con los bloques opositores. Pero para el proyecto de sistema integral de cuidados faltan, incluso, los primeros contactos.

Un movimiento en esa dirección tuvo lugar recién el pasado 11 de agosto. La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se reunió con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y la diputada nacional de La Cámpora, Paula Pennacca, para “trabajar en una agenda en común” en la agenda de género. “Hablaron de la necesidad de la ley”, señalaron desde el entorno de Moreau. Hubo apenas declaraciones de intenciones.

Los ejes de una ley cajoneada

De sancionarse en su redacción original el régimen de licencias, la norma produciría cambios en todo el derecho laboral (Ley de Contrato de Trabajo, Trabajo Agrario, Personal de Casas Particulares y Administración Pública). Además, cuenta con la particularidad que alcanza a trabajadores por fuera la relación de dependencia, como los autónomos y monotributistas. También abarca a los monotributistas sociales, aquellos que trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad y con ingresos anuales inferiores a los 466.201,59 pesos.

De acuerdo a cifras de 2014 del Indec, las mujeres pasan 5.7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio sólo 2 horas diarias. La equivalencia del régimen de licencias apunta a cerrar es brecha y generar mayores incentivos para la corresponsabilidad en la crianza de los hijos.

El pago de estos períodos en el que las personas se dedican a los cuidados exclusivos de sus hijos apuntan a ser cubiertos por la seguridad social. Ahora bien, las licencias atienden únicamente a una parte del problema.

Según los datos oficiales, unos 2.128.100 (95%) de niños de 0 a 2 años y 285.861 (60%) de niños de 3 años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados. El 45% de los jardines o escuelas infantiles tampoco cuenta con sala de 3 años. Ante carencia de infraestructura, las tareas de reproducción recaen en los hogares, y en particular, sobre las mujeres, a raíz de los estereotipos de género.

Estas desventajas se acrecientan en los sectores más pobres. La mitad de las mujeres con hijos menores de 3 años no tienen trabajo formal y carecen de ingresos propios. Para estos grupos más vulnerables, que no pueden dejar de generar ingresos para subsistir y tampoco pueden pagar a cuidadores del sector privado, el sistema busca ampliar la oferta, creando un registro de trabajadores del cuidado remunerado y de espacios comunitarios con ese fin. Además, obliga al Ministerio de Obras Públicas al menos el 8,5% de sus recursos a la amplicación de esta infraestructura de cuidados, entre los que se incluyen otras poblaciones prioritarias, como los establecimientos destinados a adultos mayores a 60 años y personas con discapacidad.

Según los impulsores de la norma, el universo de beneficiarios alcanza a más de 8 millones de personas.

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