La historia del vuelo de Emtrasur que llegó a Buenos Aires el 6 de junio con 19 tripulantes comenzó a escribirse la última semana de mayo, cuando la automotriz SAS contrató a la empresa de logística Fracht para trasladar un cargamento de autopartes desde México a Buenos Aires. Según pudo saber Infobae, Fracht cotizó el vuelo con tres brokers internacionales: uno de ellos ofreció llegar el 7 de junio, otro el 10 de junio, y finalmente se llegó a un acuerdo con Aerocharter México, que prometió entregar la mercadería en el aeropuerto de Ezeiza el viernes 3 de junio.
Las negociaciones, vía Whatsapp y mail, duraron apenas unas horas por la urgencia que tenía el cliente y la escasez de vuelos a nivel regional.
El contrato entre la oficina de Fracht en Estados Unidos y la empresa mexicana finalmente se firmó el 31 de mayo y determinó un costo de USD 885 mil, que se pagaron por adelantado. Recién en ese momento, Fracht se enteró que la empresa sub contratada por Aerocharter México era la venezolana Emtrasur. “No nos cayó bien desde el punto de vista comercial, pero el área de compliance hizo una evaluación y no había alguna irregularidad con la aerolínea. De la tripulación nunca supimos nada”, dijo una fuente de Fracht.
El costo final del vuelo terminó siendo mucho más caro por las demoras en la salida, en el aeropuerto de Caracas, y en la primer escala en México, donde estaban las autopartes.
El vuelo de Emtrasur tenía que salir desde el aeropuerto internacional de Maiquetía (Venezuela) el 2 de junio a las 4:30 AM (hora local) y aterrizar en Querétaro a las 9 AM. Con la carga en la bodega, debía despegar desde México a las 15 horas para llegar a Caracas a las 19, donde iba a realizar una escala de 2 horas. Esa parada, ahora vista con desconfianza por los investigadores, estuvo prevista desde el comienzo. “La escala es solo para cargar combustible porque les sale más barato en Caracas que en México. Volaron con el combustible justo hasta México”, explicó una fuente al tanto de toda la operación.
Pese al itinerario pactado, el avión partió desde Caracas el 4 de junio a la 1:38 AM (hora local). Al llegar a México también hubo otra demora imprevista en el proceso de carga. El avión no tenía la capacidad prevista, unas 80 toneladas, por lo que hubo que descargar y reacomodar la mercadería dentro de la bodega. Esa tarea demoró la salida hacia Caracas y agregó otros USD 110 mil al precio pactado en un comienzo.
No fue la única complicación. En el aeropuerto de México quedaron 89 bultos que no entraban en la bodega del avión y fueron trasladados por la empresa Skylease recién el 11 de junio. Esa situación además le impidió a SAS, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen, retirar toda la mercadería que llegó a Buenos Aires.
El cargamento que se pudo despachar desde México consistía en 312 bultos y un total de 47.882 kilos (son kilos netos). Casi 40 mil kilos salieron del aeropuerto de Ezeiza en tres etapas entre el martes 7 y el miércoles 8. El primer día día salieron 90 bultos que pesaban 16.320 kilos y luego otros 9 bultos con un peso de 593 kilos. Al día siguiente se despacharon otros 134 bultos con un peso de 23.103 kilos.
El remanente, unos 7860 kilos, quedó retenido en un hangar de TCA, la terminal de cargas del aeropuerto, porque estaba asociada a la carga que quedó en México, otros 8 mil kilos.
Al costo adicional por las complicaciones en México (unos USD 110 mil), se sumaron otros USD 400 mil más por el vuelo con Skylease. Por ese motivo, Fracht analiza por estas horas si va a presentar una demanda contra el broker mexicano, que sigue sin contestar los llamados de este medio.
Tal como adelantó Infobae, la Justicia investiga al menos siete empresas involucradas en la contratación del vuelo. Una de ellas es la firma Alcux Air Spain, con sede en Barcelona (España), que contrató a Emtrasur por USD 600 mil. El documento que vincula a ambas firmas fue aportado ante el juez federal Federico Villena por la misma empresa venezolana.
Si ese contrato existió, hubo una cadena de contrataciones que dejaron un enorme margen de ganancia. De hecho, Fracht pagó USD 885 mil y Emtrasur habría terminado recibiendo apenas USD 600 mil.
Ejecutivos de la empresa de logística declararon dos veces ante el juez Villena. “Fracht tiene sobre todo un compromiso de transparencia y colaboración con la justicia aportando, a lo que es nuestro deseo, que los hechos se esclarezcan prontamente. Con la convicción que los mismos son ajenos a nuestra compañía. Por otra parte tenemos también un claro compromiso con nuestros clientes en la seguridad que cumplimos todos los procedimientos que corresponden, manifestando estar siempre hombro con hombro con ellos”, le dijo a Infobae Ernesto Sanguinetti, representante legal de esa firma.
Mientras sigue investigando los antecedentes de los tripulantes y del avión, el juez ya encargó varias medidas de prueba sobre la carga. Por una parte, mandó exhortos a México y a Venezuela. Y además le pidió a la PFA que investigue qué empresa realizó la carga de la aeronave, quién la ordenó, cuál era el objeto del viaje, quién iba a recibir la carga, quién fue el despachante de aduana y la trazabilidad de la mercadería transportada.
La carga del avión se volvió más sensible luego del informe del FBI que advirtió sobre los antecedentes de la firma Qeshm Fars Air, vinculada al piloto Gholamreza Ghasemi. “Fars Air Qeshm opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo”, asegura ese informe.
En su último requerimiento, la fiscal Cecilia Incardona pidió que se realice un peritaje contable y de importación y exportación, y se designe un despachante de aduana, “para determinar si se condice la mercadería declarada con el costo del viaje, costo de la tripulación, estipulación genérica de los honorarios o sueldos de los participantes en la operación comercial de aeronavegación de transporte de carga”.
La causa sigue bajo secreto de sumario. En las próximas horas, la querella de la DAIA responderá el último requerimiento de la fiscal y pedirá que se mantengan las medidas cautelares. Esto es, la prohibición de salida del país de los 19 tripulantes, que sigan bajo control de la Justicia, y que se mantenga retenido el avión en Ezeiza.
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