Por un error de tipeo una testaferro de Jaime logró vender una casa embargada en el juicio por enriquecimiento ilícito

En marzo de 2010 el fallecido juez Norberto Oyarbide ordenó varios allanamientos vinculados con el caso de enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, quien en julio de 2009 había sido echado del gobierno de Cristina Kirchner. Jaime fue secretario de Transporte desde 2003 cuando su amigo Néstor Kirchner lo designó en el cargo para el que no tenía ninguna experiencia.

A partir de aquellos procedimientos que aportaron mucha información importante para la investigación, Oyarbide tomó varias decisiones. Impidió la salida del país de Jaime y sus principales testaferros, ordenó la inhibición general de bienes y trabó embargos sobre varias propiedades que la gente cercana al ex secretario de Transporte de la Nación había comprado con dinero sospechoso.

Cuando comenzó a ser investigado por enriquecimiento ilícito Jaime estaba en pareja con Silvia Reyss, a quien había conocido cuando era ministro de Educación en Santa Cruz. La mujer tenía tres hijos de un matrimonio anterior. Lorena Silvia Jayo y Agostina Soledad Jayo -hijas de Reyss- habían hecho crecer su patrimonio a costas del dinero ilegal que aportaba Jaime. Así quedó demostrado en la investigación, es por eso que tanto Reyss como las hermanas Jayo están acusadas en el juicio oral y público contra Jaime en carácter de testaferros.

Cuando la furia recaudadora de Jaime estaba en su apogeo, Reyss y sus hijas compraron y vendieron autos, y mejoraron su situación económica a tal punto que se asociaron para explotar un spa en Córdoba. Como no pudieron justificar de dónde había salido el dinero para la adquisición de los bienes, están en juicio oral y público. Uno de los bienes que compró Lorena Silvia Jayo fue una casa en el country Cuatro Hojas situado en Mendiolaza, a las afueras de la capital cordobesa.

Oyarbide estuvo a cargo del juzgado de manera interina hasta octubre de 2012 cuando asumió Sebastián Casanello. En abril de 2014 Casanello procesó a Jaime y sus testaferros por enriquecimiento ilícito. En 2016 el fiscal Rívolo pidió la elevación a juicio y confirmó la acusación para Jaime, sus familiares y su círculo de negocios.

En 2019 se inició el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) que mantuvo las inhibiciones dictadas en 2010. El presidente del TOF 6, Julio Panelo, pidió que se revisara el estado de los bienes afectados al proceso con miras al posible decomiso cuando terminara el juicio. Y fue entonces que uno de los secretarios del Tribunal determinó que Lorena Silvia Jayo había vendido en marzo de 2014 una casa en el country Mendiolaza que estaba embargada y dentro de le inhibición general de bienes.

La denuncia del TOF le tocó por sorteo al juzgado federal 5 de Comodoro Py. De allí fue enviada a Córdoba donde sucedió la venta de la propiedad. Intervino el juez Alejandro Sánchez Freytes y el fiscal del caso es Carlos Casas Nóblega. Cuando se hicieron las averiguaciones se determinó que en aquel lejano 2010 el oficio enviado por el juzgado de Oyarbide decía Lorena Silvina Jayo en vez de Lorena Silvia Jayo. Había una letra de diferencia. Una ene de más cambiaba el segundo nombre de uno de los testaferros de Jaime. El DNI era el correcto. Ese error de tipeo permitió que Jayo vendiera un bien que no podía vender. Cometió un delito.

El expediente llegó a Córdoba en 2020. La venta de la casa se había realizado el 5 de marzo de 2014. Jayo sabía que no podía hacerla pero de todos modos lo hizo: según el fiscal cometió el delito de insolvencia fraudulenta. Ese delito, según el artículo 179 del Código Penal prevé una pena de seis meses a tres años de prisión para quien “durante el curso de un proceso o después de una sentencia condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles”.

En un dictamen al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, el fiscal explicó que los empleados del Registro de la Propiedad Inmueble de Córdoba que buscaron en el sistema donde se registran las inhibiciones no habían cometido delito. Se había preguntado si la búsqueda en el sistema se hacía por nombre y apellido o por número de documento. Desde el Registro contestaron que: “Los criterios históricos de búsquedas de personas físicas, tanto sea de titularidades reales como las demás medidas susceptibles de registración que afecten a las personas, se realiza por nombre y apellido, no siendo el criterio de individualización el documento nacional de identidad como elemento concluyente”. Es decir que el DNI fue un dato secundario y el nombre se transformó en fundamental. Y como el segundo nombre de Lorena Silvia Jayo tenía una letra de más, la escribana que realizó la escritura no halló impedimentos cuando hizo la consulta.

El fiscal Casas Nóblega pidió que se investigara la responsabilidad de Oyarbide en el hecho. Pero la muerte del ex magistrado, sucedida el 1 de septiembre pasado, hizo que el proceso se cerrara. Como la fiscalía tenía la hipótesis de que Oyarbide -en su calidad de ex funcionario público- podía ser responsable por el hecho, el caso no había prescripto para Jayo. Pero la muerte del ex juez hizo que la investigación contra la mujer por el delito de “insolvencia fraudulenta” prescribiera.

El lunes 13 de septiembre pasado Reyss y Jayo declararon en indagatoria vía Zoom ante el TOF 6. La indagatoria es la oportunidad que tienen los acusados de defenderse en el juicio que está llegando a la etapa definitoria. No aceptaron preguntas de los jueces ni de la fiscal Gabriela Baigún.

Expusieron y luego contestaron las preguntas del defensor oficial que las asiste: Eduardo Chittaro. Las hermanas Jayo contaron que son adineradas debido a que tuvieron a un abuelo millonario y no gracias al dinero negro que embolsó Jaime, quien está detenido en la cárcel de Ezeiza. Reyss por su parte aportó una escritura de un bien que está cuestionado y forma parte de la acusación en su contra. No hizo una exposición. Tan solo contestó pocas preguntas de su defensor. Chittaro quiso saber qué efermedades padecía. Reyss respondió: “Neumonías recurrentes”. Las otras dos preguntas del defensor fueron un tanto curiosas. “¿Cuánto mide?”, inquirió Chittaro. Ella contestó: “1,57 m”. Y el defensor ahondó: “¿Descalza?”. “Sí, descalza” fue la respuesta.

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