Ruta del dinero K: procesaron por lavado de dinero al argentino residente en Suiza señalado como testaferro de Lázaro Báez

El juez federal Sebastián Casanello procesó al abogado ítalo-argentino Néstor Marcelo Ramos como coautor del lavado de U$D 55 millones del empresario Lázaro Báez, ex socio de la familia Kirchner, según la resolución a la que accedió Infobae.

Ramos fue fundador y presidente de Helvetic Services Group, la firma suiza que usó Báez para quedarse con la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” por la frecuencia con la que funcionarios del entonces Poder Ejecutivo transitaban sus oficinas, y por lavar, al menos, USD 55 millones. Por estas maniobras ya fueron condenado Báez, sus hijos y su entorno. La financiera SGI era de Federico Elaskar, quien admitió a cámara frente a Jorge Lanata haber ayudado Báez a fugar millones de dólares al exterior.

En el marco de la causa llamada “ruta del dinero K”, Baéz fue condenado a finales de febrero a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. El 26 de abril último, el Tribunal Oral Federal Nro 4 dio a conocer los fundamentos en un extenso escrito, de más de 3.000 páginas, en el que los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti, por mayoría, ratificaron que la fortuna que amasó el empresario provenía de los contratos de obra pública, que se investigan en la causa conocida como “Vialidad”, donde Báez está siendo enjuiciado junto la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, tuvieron en cuenta las causas de evasión donde el empresario también está siendo investigado. Báez cumple prisión domiciliaria desde septiembre pasado en un domicilio que se mantiene en reserva, hasta que la condena quede firme.

Casanello dijo en su resolución que: “Se encuentra acreditado con los alcances propios de esta etapa procesal que Néstor Marcelo Ramos intervino a través de sus sociedades controladas -Sambers Hantarex Spain SL, Wodson International SA y Helvetic Services Group SA- en el esquema de lavado de dinero orquestado por Lázaro Antonio Báez y sus colaboradores. De acuerdo a lo relatado, y también afirmado por el propio imputado, fue contactado por los servicios fiduciarios que ofrecía desde sus oficinas sitas en Lugano, Suiza. En particular, el aporte efectuado por Ramos consistió en figurar -a través de las sociedades vehículos que detentaba- como dueño aparente de los negocios e inversiones desplegadas por el Grupo Báez, es decir, su aparición funcionaba como una mera pantalla destinada a ocultar al verdadero dueño del dinero”. Y agregó: “En particular, Helvetic Services Group era una firma capaz de justificar con su solvencia las operaciones que desplegaba, aunque, como ha quedado acreditado, en el caso no operaba con fondos propios, sino con los que le proveía Báez, a través de las cuentas bancarias a nombre de empresas off shore gestionadas por sus colaboradores”.

Desde 2016 pesaba sobre el un pedido de captura con miras a su extradición. Pero como se comprobó que tiene una enfermedad terminal, Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán acordaron indagarlo vía remota. Ramos, el abogado cordobés residente en Suiza y sindicado como testaferro de Báez en la compra de “La Rosadita”, había negado en un escrito presentado luego de su indagatoria “haber formado parte de una estructura ilícita” destinada al lavado de dinero proveniente de la corrupción en Argentina.

Pero en la resolución de 79 páginas firmada por Casanello el juez contradijo a Ramos: “Cabe explicar que el dinero que circuló en las cuentas en el exterior no se encontraba bajo la titularidad de las empresas del Grupo Báez, es decir, las que llevaban adelante la actividad constructora de obra pública como proveedores del Estado y generadoras de las ganancias propias de esa labor, sino que esos productos bancarios se encontraban a nombre de sociedades de cartón panameñas administradas por aquellos asesores de Lázaro Báez y por quienes formaban parte de la financiera SGI, la cual, según la información presentada en la I.G.J. o el B.C.R.A., no mantenía relación o vínculo alguno con el nombrado Báez. Es decir, el imputado quiere desligarse de su intervención aduciendo una actuación conforme el ordenamiento legal, cuando a todas luces se encuentra demostrado que su participación consistió en ocultar al verdadero dueño del dinero y brindarle apariencia de licitud -simulando la inversión de una empresa extranjera- a los fondos millonarios ingresados al país a favor de Austral Construcciones SA”.

Casanello también embargó a Ramos por la suma de $36.587 millones y ordenó trabar embargos sobre los bienes de Helvetic (por más de $33.567 millones) y de la sociedad uruguaya Wodson International SA (por más de $9.609 millones), también controlada entonces por Ramos y usada en el sistema de lavado de dinero utilizado por Báez y su círculo familiar y de negocios. Baéz le había pagado a Ramos la cifra de U$D 1.600.000 en honorarios y compensaciones por servicios prestados.

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