Hora de definiciones en una Corte Suprema paralizada

La semana pasada -en un almuerzo del que participaron políticos, empresarios y diplomáticos- un conocido banquero preguntó : “¿Qué pasaría si las tomas de tierras se siguen multiplicando a lo largo y a lo ancho del país?, ¿intervendría la Corte Suprema?” Un legislador oficialista, con años de experiencia, respondió de manera categórica: “Hoy la Corte Suprema de Justicia está anestesiada, no está en condiciones de resolver nada importante”.

De inmediato un senador de la oposición agregó : “Nosotros llamamos todas las semanas para que se ocupen del dinero que el gobierno nacional le birló a la Ciudad de Buenos Aires y nos dicen que no logran conseguir tres votos concordantes para ninguna cuestión”.

Los memoriosos de la historia del máximo tribunal de la Argentina no recuerdan un momento parecido al actual. Siempre hubo un líder que lograba ordenar las posiciones. Eso hoy no existe. Desde que Carlos Rosenkrantz asumió la presidencia de la Corte, en octubre del 2018, intentó cambiar el estilo de liderazgo de su antecesor : “Yo no soy Lorenzetti -aclara Rosenkrantz a quien quiera escucharlo-, yo no recibo a los jueces, no hablo con políticos, ni soy el jefe del tribunal: yo tengo un voto… no me encargo de formar mayorías”. Y la realidad parece darle la razón. No son pocos los magistrados que en estos dos años intentaron hablar con él y recibieron como respuesta de alguno de sus colaboradores: “Dice el doctor que le explique en un correo electrónico el motivo de la consulta".

Anécdotas al margen, lo cierto es que está por cumplirse un mes desde que los cinco cortesanos decidieron abrir -por Urgencia Institucional- el Recurso Extraordinario por salto de Instancia (conocido como Per Saltum), a pedido de tres jueces desplazados de sus cargos por el Poder Ejecutivo y aún no lograron esbozar una sentencia. Los ojos de la sociedad están puestos en esa resolución. Ahí se definirá la suerte de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que investigaron por casos de presunta corrupción a Cristina Kirchner, y de Germán Castelli que debería juzgarla.

Los que recorren a diario el cuarto piso del Palacio de Justicia simplifican las diferencias de la siguiente manera: Juan Carlos Maqueda y Elena Highton son viejos amigos del presidente Alberto Fernández y sienten que lo estarían traicionando si reponen en sus cargos a los tres jueces que la vicepresidenta de la Nación quiere expulsar. Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti votarían por el regreso de los tres, aunque por distintos motivos. Y Horacio Rosatti, que llegó a la Corte por un pedido de Elisa Carrió a Mauricio Macri, modifica su decisión permanentemente. El último cambio ocurrió luego de un sorpresivo diálogo entre el Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero, con Silvio Robles, una especie de alter ego, operador o “influencer” de Rosatti, y en otro tiempo estrecho colaborador de Felisa Miceli, la ex ministra de Economía condenada por corrupción. Lorenzetti ya marcó diferencias serias. Y fue explícito con Rosatti: “Yo no voy a rifar mi ética por vos y tus operadores”.

No son pocos los juristas que intentan explicar lo difícil que será para el máximo tribunal tomar una decisión justa. “Si convalidan la posición del kirchnerismo y expulsan a los jueces, el repudio social a la Corte puede llegar a ser ensordecedor -afirma off the record un prestigioso constitucionalista-; si convalidan los traslados le están dando al gobierno de los Fernández la posibilidad de hacer 220 traslados de jueces con lo que ello implica: nombran por concurso un juez en Río Gallegos y luego lo sientan en el juzgado que manejaba Claudio Bonadio”.

Algunos piensan en una solución intermedia: terminar para siempre con la facultad del Ejecutivo de trasladar magistrados y reponer al trio desplazado en sus juzgados, llamando a un nuevo concurso por esas vacantes permitiendo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli participar del mismo.

Claro que, para tomar una decisión, la Corte Suprema deberá primero despertarse.

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