El comandante de la Policía Nacional (PNP) y comisario de Huacho, Renzo Gálvez, protagonizó un incidente con un periodista este martes tras ser consultado por el asesinato de un funcionario en el centro de la ciudad.
El reportero de la radio Exitosa lo abordó para preguntarle sobre el ataque armado contra Javier Villanueva, trabajador de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Huaral (Emapa Huaral), y sobre el aumento de la criminalidad en la jurisdicción.
“¿Cuándo va a pedir su cambio, comandante?“, preguntó el periodista. ”Cuando usted se vaya”, respondió el mando policial, retirándolo del lugar con gestos. “Salga de acá”, agregó.
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Gálvez, quien antes integró la División Policial Lima Oeste – Centro, asumió el cargo en enero pasado, durante una reestructuración para fortalecer la seguridad en la provincia de Huaura, a la que pertenece Huacho.
El funcionario fue baleado mientras cenaba en un restaurante de la avenida Túpac Amaru, una de las principales vías de la jurisdicción. Testigos indicaron que dos personas en motocicleta se aproximaron, uno de ellos entró al local y disparó a la cabeza de la víctima.
El ataque no incluyó robo de pertenencias, por lo que la hipótesis de ajuste de cuentas predomina en las líneas de investigación de la PNP. El Ministerio Público realizó el levantamiento del cuerpo y la policía comenzó las diligencias revisando cámaras de seguridad y el vehículo de la víctima.
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Familiares de Villanueva reclamaron rapidez en la investigación y justicia para el funcionario. Según cifras oficiales, Huaura ha registrado más de 38 homicidios por sicariato en lo que va de 2026, lo que incrementa la preocupación ciudadana por la violencia.
No obstante, Gálvez enfrenta críticas por declaraciones anteriores sobre el panorama delictivo. En una intervención pública, manifestó que, según el mapa del delito local, el “robo agravado, extorsión, usurpación (...) son delitos que se dieron, pero que en la actualidad, muchos ya no se dan o han reducido a la mínima expresión”.
En los últimos dos años, la inseguridad ciudadana ha crecido ostensiblemente con bandas criminales que exigen cupos de dinero a negocios y empresas de zonas populares bajo amenazas de muerte, lo que ha disparado el índice de homicidios.
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Desde 2024, las declaratorias de estados de emergencia se han extendido para intentar frenar sin demasiado éxito la delincuencia, pues los asesinatos a conductores no cesan pese a las numerosas huelgas de transportistas.
Entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima y la vecina provincia portuaria del Callao hubo 93 asesinatos en el transporte público, especialmente en el sector informal, que representa más del 70 % del total.