El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, afirmó este lunes que la administración de Donald Trump participa como observadora internacional para promover la transparencia electoral en el país, mientras que “China parece más preocupada por operar sin fiscalización peruana en Chancay”.
Navarro expresó su postura a través de un mensaje en X, antes Twitter, en respuesta a un informe de Infobae que analizaba el rol que debería asumir el próximo jefe de Estado, quien será elegido entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), ante la presión de China para operar el puerto de Chancay sin supervisión.
El diplomático compartió el informe que mencionaba la multa de S/733 mil impuesta al Megapuerto de Chancay por daños ambientales, así como su interés por evitar la supervisión de Ositrán (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público). “Es una gran pregunta para los peruanos”, señaló Navarro.
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Perú firmó su primer Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aunque China es actualmente el principal socio comercial del país en términos de importaciones y exportaciones. El candidato que que resulte electo en la segunda vuelta deberá gestionar esta dualidad en los próximos cinco años.
Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, ha calificado como un “hecho sin precedentes” el fallo del Poder Judicial a favor de Cosco Shipping, tras una acción de amparo presentada por la empresa china para impedir la supervisión del megapuerto por parte de la entidad peruana. “Nunca un supervisado había solicitado una acción de amparo para que no se le aplique la ley”, declaró.
Cosco Shipping alega que el proyecto es una infraestructura de titularidad privada, financiada íntegramente con capital privado y no sujeta a contrato de concesión estatal. Según la empresa, su funcionamiento se basa en una habilitación administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional.
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Ositrán, por su parte, apeló la decisión judicial y sostiene que su función no depende de la existencia de un contrato de concesión ni de la titularidad del puerto, sino del carácter de uso público de la infraestructura.
“Toda infraestructura de transportes, de alcance nacional, que presta servicios al público y actúa como entidad prestadora se encuentra dentro del ámbito de supervisión de Ositrán, independientemente de que sea de titularidad privada o pública”, precisó la entidad.
A comienzos de este año, el Departamento de Estado de Washington expresó su preocupación por la posibilidad de que Perú pierda la capacidad de supervisar Chancay, uno de sus puertos más grandes y bajo control de operadores chinos.
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“Apoyamos el derecho soberano del Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, advirtió el organismo estadounidense.
La nueva infraestructura del puerto, que incluye grandes bloques de cemento y modernas grúas para carga y descarga de contenedores, se ubica en una playa donde aún operan pequeñas barcas, principal sustento de muchos de los 60.000 habitantes de Chancay.
Aunque generó expectativas entre los vecinos de zonas humildes, con viviendas de madera y sin servicios básicos, en la actualidad predominan las quejas. El puerto pesquero, antes fuente de empleo para buena parte del pueblo, ha reducido su actividad y existe un área restringida para los pescadores, cuyas embarcaciones permanecen cerca de la orilla.
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