El Ministerio Público apeló la resolución judicial que rechazó dictar detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros tres funcionarios del organismo electoral, en el marco de la investigación por presunta colusión agravada vinculada a las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el recurso tras verificar que la Fiscalía cumplió con los plazos de ley para impugnar la Resolución N.° 01 del 23 de abril, que declaró infundado el requerimiento de detención. El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta dispuso la elevación de los actuados a la Sala Penal correspondiente, que deberá resolver si los implicados enfrentan el proceso bajo restricción de libertad.
PUBLICIDAD
Los investigados y los cargos
El recurso de apelación abarca a cuatro personas: Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral del organismo; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Servicios Generales Galaga S.A.C., empresa contratada para el transporte del material electoral.
La Fiscalía investiga la presunta comisión de colusión agravada y omisión de actos funcionales. La tesis del Ministerio Público sostiene que funcionarios de la ONPE habrían concertado con Galaga para direccionar la adjudicación del contrato de transporte de carga a nivel nacional, suscrito el 19 de marzo de 2026 por un monto de S/ 6.368.332,70.
PUBLICIDAD
Según el expediente fiscal, el comité evaluador habría aplicado un criterio técnico no previsto en los términos de referencia —descontar dos metros correspondientes a la cabina del vehículo para calcular la carga útil— lo que alteró el puntaje de las empresas participantes. Con ese ajuste, Galaga obtuvo 97,78 puntos frente a los 77,54 de Hermes Transportes Blindados S.A., empresa que, de haberse aplicado un criterio distinto, habría alcanzado 98,54 puntos y superado a la adjudicataria.
El pasaporte y el riesgo de fuga
En paralelo al recurso de apelación, el fiscal provincial Raúl Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto y otros seis investigados: Samamé Blas, Phang Sánchez, Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
PUBLICIDAD
El requerimiento sustenta el riesgo de fuga en el hallazgo de un pasaporte durante el allanamiento al domicilio de Corvetto. Pese a que el investigado había entregado sus documentos de viaje peruano e italiano al Ministerio Público, las autoridades encontraron en el allanamiento su pasaporte peruano con fecha de caducidad el 10 de agosto de 2026, formalmente vigente al momento de la intervención. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó públicamente que Corvetto entregó ambos pasaportes y que Migraciones tiene conocimiento de la situación, luego de que trascendieran versiones sobre una posible fuga.
La Fiscalía advierte que “la sola entrega o incautación de dichos documentos no elimina la posibilidad real y concreta de que el investigado abandone el territorio nacional”, según consta en el requerimiento. A ese elemento se suma la gravedad de los delitos investigados y la capacidad económica atribuida al exfuncionario.
PUBLICIDAD
Las irregularidades del 12 de abril dejaron a 63.000 ciudadanos de Lima sin poder votar por la falta de instalación de mesas de sufragio, hecho que derivó en la extensión de la jornada electoral un día adicional y desencadenó una crisis institucional en la ONPE que terminó con la renuncia de Corvetto el 21 de abril.