El plan técnico presentado por el candidato presidencial Carlos Álvarez y el Partido País Para Todos omite de manera explícita el aborto terapéutico y la Educación Sexual Integral (ESI), dos temas centrales en la agenda de derechos y salud pública para niñas y adolescentes en el Perú, según concluye un informe del Movimiento Manuela Ramos.
El reporte detalla que el plan técnico de País Para Todos ofrece metas verificables y un enfoque basado en derechos. Propone una plataforma digital interoperable entre la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Salud (MINSA) y el sistema de justicia.
Además, plantea una Ventanilla única de Protección a la Niñez y metas para reducir feminicidios y tiempos de atención. No obstante, el documento enfatiza que el plan no desarrolla políticas específicas para violencia sexual contra niñas, no menciona el aborto terapéutico ni contiene referencias a la ESI en ninguna sección.
Violencia contra niñas y adolescentes
El primer eje del plan aborda la violencia sexual contra mujeres, bajo una estrategia de prevención, protección y sanción que incluye la articulación digital entre PNP, MIMP, MINSA y justicia. Para la niñez, se establece la Ventanilla única de Protección con enfoque intersectorial, una iniciativa que busca agilizar la respuesta del Estado.
En el ámbito judicial, el plan propone que al menos el 30% de los órganos del Sistema Nacional Especializado de Justicia para violencia contra mujeres esté conformado por defensoras, incrementar en 50% los defensores públicos y ampliar la cobertura a víctimas en territorios priorizados. También fija metas de reducción de feminicidios y tiempos de atención.
El informe del Movimiento Manuela Ramos precisa que la violencia sexual contra niñas y adolescentes no aparece como problema específico. La Ventanilla única no distingue entre tipos de violencia, ni contempla atención diferenciada para niñas víctimas de violencia sexual. El plan carece de acciones directas para este grupo vulnerable.
Embarazo infantil y aborto terapéutico
Sobre el aborto terapéutico, el plan de País Para Todos no lo incluye en su eje de salud. Aunque se establecen indicadores para tiempos de espera, telemedicina y atención primaria, el aborto terapéutico no figura en ninguno de estos apartados.
El “Pacto nacional por alimentación y cuidado de la niñez” aborda la gestación como problema nutricional, sin reconocer que el embarazo en niñas menores de 14 años es resultado de violación sexual.
El informe señala que el plan no establece conexión entre embarazo infantil y violencia sexual. Según datos citados por el Movimiento Manuela Ramos, en Perú cada día alrededor de cuatro niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas. En 2025, el sistema de salud registró 993 nacimientos de madres menores de 14 años, todos considerados legalmente resultado de violación sexual.
Ausencia en la propuesta
La Educación Sexual Integral (ESI) no aparece en el plan técnico del partido liderado por Carlos Álvarez. El eje educativo prioriza metas cuantificadas en lectura, matemática, infraestructura y educación cívica e intercultural, pero no incluye ninguna referencia a educación sexual integral ni a derechos reproductivos en el currículo escolar.
El plan menciona el fortalecimiento de habilidades socioemocionales en prevención del delito, sin abordar educación sexual o derechos reproductivos. El informe subraya que la ausencia de la ESI es notoria, a pesar de que organismos internacionales la reconocen como herramienta clave para prevenir violencia sexual, embarazos no intencionales y discriminación de género.
Datos clave sobre el contexto peruano
Las cifras presentadas por el Movimiento Manuela Ramos evidencian la magnitud del problema. En 2025, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 13,096 casos de violación sexual, de los cuales el 63% correspondía a niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. El 94,1% de las víctimas fueron mujeres, y el 80,1% de los casos involucró a menores de edad. En el entorno escolar, el Ministerio de Educación de Perú reportó 3,942 casos de violencia sexual en instituciones educativas en 2024.
En cuanto al embarazo adolescente, el sistema de salud registró 37,676 nacimientos de madres adolescentes (10 a 19 años) en 2025. El 17,1% de las adolescentes rurales de 15 a 19 años eran madres o estaban embarazadas por primera vez en 2023, según el Ministerio de Salud. El informe advierte que estos embarazos suelen interrumpir la trayectoria educativa de las niñas y adolescentes y las exponen a riesgos de pobreza y problemas de salud.
Impacto económico y territorial
El embarazo adolescente genera un costo de oportunidad de USD 329 millones anuales, equivalente al 0,1% del PIB peruano, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Además, el Estado deja de percibir aproximadamente USD 58 millones anuales en ingresos fiscales debido a la maternidad adolescente.
Las desigualdades territoriales son marcadas: las tasas de embarazo adolescente son mayores en zonas rurales, donde el acceso a servicios de salud, educación y oportunidades económicas es limitado.
La ausencia de educación sexual integral y la falta de atención diferenciada para niñas víctimas de violencia sexual reflejan brechas en prevención. La evidencia internacional, citada por el Movimiento Manuela Ramos, muestra que los programas de educación sexual integral ayudan a retrasar el inicio de las relaciones sexuales, reducir el uso de métodos anticonceptivos inseguros y mejorar la capacidad de niñas y adolescentes para reconocer y rechazar situaciones de abuso.
El informe concluye que el plan de País Para Todos se apoya en indicadores y metas cuantificadas, pero su omisión respecto al aborto terapéutico y la educación sexual integral limita la respuesta frente a la violencia sexual y el embarazo infantil en el Perú.
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