La Policía Nacional del Perú desarticuló un clan familiar dedicado a la extorsión y vinculado a delitos en el sector construcción, transporte y educación en Villa María del Triunfo. Según informó de Latina Televisión, la intervención tuvo lugar en la zona de Tablada de Lurín, tras un operativo conjunto de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y agentes de inteligencia del Ejército.
Los detenidos, identificados como Carlos Coro Rojas, de 61 años, y su hijo Sebastián Coro Ocaña, de 25, encabezaban una banda que había logrado infiltrarse en sindicatos de construcción civil y extendido sus actividades ilícitas a empresas de transporte público, mototaxis y colegios.
La investigación policial reveló que el grupo criminal forzaba la inclusión de miembros de su entorno en planillas de sindicatos de obras públicas, cobrando sueldos sin cumplir funciones reales.
Para las autoridades, la vivienda funcionaba como centro de operaciones para coordinar amenazas y ataques armados. Imágenes obtenidas por drones del Ejército mostraron la llegada de armas y el intercambio de drogas dentro del inmueble, que a simple vista aparentaba ser una casa familiar común.
El operativo en Tablada de Lurín permitió incautar armas de fuego, explosivos y drogas, además de identificar a otros integrantes, incluidos primos de los líderes, quienes también residían en el inmueble intervenido.
Modus operandi del clan familiar
El esquema delictivo del clan familiar se centraba en la infiltración de sindicatos de construcción civil, donde por medio de amenazas y presión obligaban a los dirigentes a incluir nombres de allegados en las planillas laborales. Estos individuos, aunque figuraban como empleados, no acudían a trabajar, según testigos, pero sí recibían sueldos completos.
La extorsión alcanzaba a empresas encargadas de obras públicas, que debían aceptar estas condiciones bajo amenaza de represalias que incluían ataques armados y demoras en la ejecución de proyectos esenciales para la población de Villa María del Triunfo.
La organización también extorsionaba a empresas de transporte público, asociaciones de mototaxis y colegios. Los directores de estas instituciones denunciaron la exigencia de pagos ilegales a cambio de no sufrir ataques o interrupciones en sus actividades.
El reporte policial indica que, tras la captura de los principales cabecillas, nuevas víctimas continúan presentándose ante las autoridades para sumarse a las investigaciones. Se ha documentado la presencia de antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas entre varios miembros del grupo. El hallazgo de una granada, armas de fuego y sustancias ilegales en la vivienda intervenida refuerza la hipótesis policial sobre la peligrosidad y el alcance de la organización.
La comunidad educativa también figura entre los principales afectados, tanto colegios privados como públicos han sido blanco de exigencias extorsivas, que en algunos casos incluyeron amenazas directas y daños materiales. La policía señaló que la investigación continúa abierta y que no se descarta la existencia de más involucrados en la red delictiva, especialmente ante el inicio del año escolar que suele activar estas prácticas criminales.
En la intervención, agentes de la Dirincri y del Ejército recolectaron pruebas que ahora forman parte de la causa judicial.
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