La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso la reubicación de mesas de votación en zonas de Ayacucho y Loreto tras recibir alertas de seguridad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). La medida responde a riesgos asociados a la presencia de organizaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
La decisión se adoptó luego de una evaluación realizada el 31 de marzo, durante una reunión con el Comando Operacional Terrestre del Ejército del Perú. En ese encuentro se identificaron centros poblados donde no existen condiciones para instalar mesas de sufragio sin comprometer la seguridad de los electores y del personal electoral.
Los cambios alcanzan a localidades específicas con reporte de actividad de grupos hostiles, lo que obligó a reorganizar la distribución de mesas dentro de los mismos distritos. La ONPE señaló que estas reasignaciones buscan garantizar el desarrollo de la jornada electoral en condiciones de seguridad.
Solicitud de las Fuerzas Armadas y evaluación de riesgo
El pedido para modificar la ubicación de mesas partió del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de la División de Operaciones – Frente Interno y la Comandancia General del Ejército, que recomendaron evitar la instalación en determinados centros poblados.
Entre los lugares identificados figuran Cintiaro, en el distrito de Canayre, provincia de Huanta (Ayacucho); así como Huapapa, Nueva Angusilla y Santa Mercedes, en la provincia de Putumayo; y Bellavista Callarú, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto). Según información oficial, estas zonas presentan riesgos asociados a la presencia de grupos hostiles y actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
La ONPE tomó conocimiento de la situación el 31 de marzo, durante una reunión sostenida en San Isidro con el Comando Operacional Terrestre del Ejército del Perú. En ese espacio se evaluaron los riesgos específicos y se plantearon alternativas para asegurar la continuidad del proceso electoral.
Tras la evaluación, la ONPE dispuso la reubicación de diversas mesas de sufragio hacia zonas consideradas más seguras dentro de los mismos distritos.
En Ayacucho, la mesa prevista en Cintiaro será trasladada al distrito de Canayre. En Loreto, la mesa del centro poblado Huapapa se reubicará en El Álamo, dentro del distrito de Yaguas. En el caso de Nueva Angusilla, dos mesas serán instaladas en la Institución Educativa 601004 Teniente EP Luis García Ruiz, en el distrito de Teniente Manuel Clavero.
Asimismo, las seis mesas previstas en Bellavista Callarú se trasladarán al centro poblado Puerto Alegría, en el distrito de Yavarí. Estas decisiones buscan mantener la cercanía geográfica con los electores y respetar la jurisdicción consignada en sus documentos de identidad.
Limitaciones logísticas en Santa Mercedes
No todas las mesas pudieron ser reubicadas. La ONPE informó que las dos mesas correspondientes al centro poblado Santa Mercedes, que agrupan a 507 electores, permanecerán en su ubicación original debido a la inexistencia de un local alternativo dentro del distrito de Rosa Panduro.
Ante esta situación, el CCFFAA asumió el compromiso de reforzar la seguridad en la zona durante la jornada electoral del 12 de abril, con el fin de garantizar condiciones mínimas para el ejercicio del voto.
Coordinación interinstitucional y despliegue de seguridad
Las medidas forman parte de un esquema de coordinación entre los organismos del sistema electoral y las fuerzas del orden. A fines de marzo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Mariscal Ramón Castilla realizó una reunión de seguridad con la participación de un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, personal operativo de la ODPE y representantes de las Fuerzas Armadas.
En dicho encuentro se definieron planes de contingencia frente a posibles escenarios de riesgo y se revisaron las rutas para el traslado del material electoral. Asimismo, se articularon acciones con cinco bases militares distribuidas en la provincia para asegurar cobertura territorial.
La normativa vigente establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deben garantizar la seguridad durante todo el proceso electoral, desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados. Esto incluye la protección de las sedes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Además, ambas instituciones deben resguardar los locales de votación desde 48 horas antes del día de la elección, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin coacción y que los miembros de mesa cumplan sus funciones en condiciones adecuadas.
El despliegue también contempla la custodia del material electoral durante su traslado hacia y desde los centros de votación, una etapa crítica, especialmente en zonas de difícil acceso y con presencia de actividades ilícitas.
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