La denunciante del exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, ratificó este lunes la acusación que presentó en su contra por violencia sexual, al detallar que la obligaron a abandonar la escuela, la separaron de su hogar y la sometieron al aislamiento.
En una entrevista con el programa Beto A Saber de Willax, Jennifer Canani Panduro reiteró que el abuso ocurrió en el año 2000, en la ciudad de Pucallpa, cuando Alfaro tenía 47 años y ocupaba un puesto gerencial en la empresa Electro Ucayali.
“De escolar que iba en quinto de secundaria, pasé a ser mamá, a ser mujer de un hombre que me amenazaba, que hacía conmigo lo que él quería”, relató. Explicó que, tras verse forzada a dejar el colegio, logró terminar la secundaria en la nocturna.
“Terminé (en esas circunstancias) por vergüenza, porque la barriga ya se me notaba, ya no me faltaba poco para dar a luz. Y lastimosamente no pude dar a luz normal porque mi cuerpo no me lo permite. Me tuvieron que hacer, teniendo diecisiete años, una cesárea. Eso es lo que ese señor debería saber. Ese señor no sabe el daño emocional, emotivo que ha causado en mí”, contó.
Canani Panduro también rechazó que su denuncia haya tenido influencia de terceros, como afirmó el exministro. “A mí no me pagaron nada, por si acaso. Yo lo estoy haciendo porque quiero liberarme emocionalmente de ese hombre que año tras año ha estado frustrando mi vida. Y he tenido que sanar heridas para poder yo salir a decir lo que tenía que decir”, afirmó.
Añadió que, además de ser extraída de su hogar a esa edad, la mantuvieron “prácticamente” retenida dentro de una villa donde residían los familiares de los trabajadores de la empresa en la que Alfaro laboraba. “Yo no podía salir. Si salía, él era informado mediante la garita de control”, declaró.
Alfaro presentó su carta de renuncia solo días después de ser ratificado por el presidente interino José María Balcázar, quien efectuó seis cambios de ministros en el Gobierno, incluida la salida de la exjefa de Gabinete Denisse Miralles. El propio jefe de Estado lo había defendido y afirmó que solo lo removería si existía una sentencia en su contra.
El exfuncionario ya había enfrentado una crisis en su sector tras una fuga y una deflagración en el ducto del yacimiento de gas natural de Camisea, causada por motivos que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del gasoducto hacia la costa y Lima, aún no ha precisado.
Posible investigación
Según la socióloga Katherine Soto, especialista en temas de género, corresponde iniciar una investigación contra el exministro, ya que la legislación peruana establece que los delitos sexuales contra menores de edad no prescriben.
“La adolescente o la niña que haya sido víctima de violencia sexual no se siente preparada para hacerlo en ese momento por múltiples factores. Y dentro de estos múltiples factores pueden ser el temor, la vergüenza o el sentimiento de culpa, porque es lo que suelen hacer los agresores, culpabilizar a las propias adolescentes”, dijo en Exitosa.