El asesinato de Andrea Vidal, una abogada de 27 años y extrabajadora del Congreso, dejó de ser un misterio para convertirse en uno de los casos de planificación criminal más escalofriantes. Lo que inicialmente se reportó como un ataque violento en las calles de La Victoria, hoy se revela —gracias a imágenes inéditas y peritajes telefónicos— como una ejecución calculada al milímetro, donde el círculo más íntimo de la víctima habría jugado un rol determinante.
La noche del domingo en que Andrea fue acribillada, la rutina parecía normal. Había pasado el día con su novio, Rodrigo Falcón, en su casa de San Miguel. A las 8:28 p. m., abordó un taxi por aplicativo para regresar a la casa de sus padres. Sin embargo, las cámaras de seguridad, a las que accedió Punto Final, captaron una secuencia perturbadora: mientras el taxi iniciaba su marcha, un vehículo negro estacionado al final de la cuadra encendió los motores. No estaba solo.
A lo largo de un recorrido que cruzó San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María y finalmente La Victoria, el taxi de Andrea fue virtualmente escoltado por una flota de sicarios. La investigación policial identificó al menos tres vehículos y cuatro motocicletas que cerraron el cerco alrededor del auto de la joven. El despliegue no fue azaroso; los atacantes sabían exactamente qué ruta tomaría el vehículo y en qué momento la vulnerabilidad sería máxima.
Al llegar al cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, el taxi fue interceptado. La ferocidad del ataque quedó registrada en los 64 disparos que impactaron contra la carrocería y los vidrios. Aunque inicialmente se especuló que el objetivo era el conductor, la balística y la trayectoria de los proyectiles confirmaron una verdad más oscura: el único objetivo era Andrea.
Los sicarios dispararon contra el chofer solo cuando este intentó maniobrar para salvar a la joven, asegurándose de que nadie pudiera sacar a la abogada de la zona de muerte. Las armas utilizadas no eran nuevas en el mundo del hampa; pericias de la Dirincri confirmaron que esas mismas pistolas fueron empleadas meses atrás en asaltos y extorsiones en Comas y Villa El Salvador, vinculando el caso a una red de sicariato profesional.
La pieza que implica y termina por hundir a Rodrigo Falcón es un teléfono celular. Según la Fiscalía, Falcón le había entregado a Andrea un equipo con el aplicativo “Find Me” activado para rastrear su ubicación en tiempo real. Mientras los sicarios seguían al taxi cuadra por cuadra, Rodrigo le enviaba mensajes de texto preguntándole: “¿Ya llegaste?” o “Estoy preocupado”.
Para los investigadores, esta “preocupación” era una fachada. Si el novio tenía acceso al GPS delatador, no necesitaba preguntar dónde estaba Andrea; él podía ver cómo se acercaba al punto de la emboscada. La sospecha de que él actuó como el “centrador” (quien entrega la ubicación a los ejecutores) se reforzó tras detectar una llamada entre un número vinculado a Falcón y los gestores de la placa clonada del vehículo que inició la persecución. Se trata de una red de falsificadores en Piura que duplicó más de 200 placas para el crimen organizado.
A pesar de las contradicciones, Falcón llegó a negar que Andrea frecuentaba su casa, algo que los videos desmienten tajantemente. Sin embargo, la justicia peruana no fue lo suficientemente rápida. Cuando la Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria ordenó su detención preliminar, el joven ya había cruzado la frontera. Hoy, con el principal sospechoso fuera del país, la familia de Andrea Vidal exige que la alerta roja de Interpol se active de inmediato para que el crimen no quede en la impunidad.
“Que se entregue”
Visiblemente afectada, María Gómez, madre de la joven asesinada, invocó al exnovio de Andrea, Rodrigo Falcón, que se presente ante las autoridades y aclare las cosas. “Yo no soy una persona violenta. Lo único que le digo es que se entregue a la justicia y aclare las cosas”, expresó al medio Cuarto Poder, tras conocer la magnitud del seguimiento sufrido por su hija.
La madre evitó adelantar opiniones sobre la posible responsabilidad de la expareja, pero reiteró que la familia requiere respuestas claras y transparencia en el proceso judicial.