La administración del presidente interino José Jerí promulgó el Decreto Legislativo N.° 1736, que incorpora la figura del trabajo asistido externo para personas privadas de libertad con condenas por delitos de menor lesividad bajo régimen semiabierto, un mecanismo dirigido a internos sentenciados en etapa avanzada de resocialización.
De acuerdo con el decreto, publicado este jueves en el diario oficial El Peruano, los internos podrán optar de manera voluntaria, temporal y bajo supervisión por actividades laborales fuera de los centros penitenciarios, con el objetivo de fortalecer su reintegración social y desarrollo de habilidades laborales.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuyas funciones ahora recaen en la recientemente creada Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR), evaluará si los internos cumplen con los requisitos para acceder a esta modalidad.
La aplicación de esta medida se financiará con el presupuesto institucional, sin recursos adicionales del Tesoro Público. La implementación será progresiva en todo el país, conforme a un cronograma definido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El INPE organizará programas específicos y podrá establecer alianzas con entidades públicas, privadas o de la sociedad civil para facilitar estas actividades, de acuerdo con la norma. La participación de los internos exigirá su consentimiento expreso y que resulte compatible con su plan de tratamiento individual.
Los postulantes deberán haber cumplido al menos la mitad de su condena, no registrar procesos pendientes y contar con informes favorables de conducta, entre otros criterios. Quedan excluidos quienes hayan cometido delitos graves, reincidentes, miembros de organizaciones criminales o personas cuya detención obedezca a la revocación de otros beneficios penitenciarios.
El INPE tendrá un plazo de 150 días para elaborar un plan piloto, con una duración de 24 meses, al término de los cuales se evaluará la viabilidad de extender el programa en el ámbito nacional. El decreto contempla la asignación de bienes inmuebles incautados o estatales para adecuar infraestructuras destinadas a este régimen.
Entre los cambios más destacados, el decreto incorpora el artículo 413-B al Código Penal, que sanciona a los internos que incumplan el retorno obligatorio al establecimiento penitenciario con penas privativas de libertad de hasta cuatro años.
El decreto lleva las firmas de Jerí, el presidente del Consejo de Ministros Ernesto Álvarez y el ministro de Justicia Walter Martínez.
Presos a lo Bukele
Jerí asumió el cargo hace poco más de cuatro meses y estableció la lucha contra la criminalidad organizada como prioridad, adoptando un estilo que remite al de Nayib Bukele en El Salvador y Daniel Noboa en Ecuador, con la intención de transmitir una imagen de firmeza.
Aunque enfrentó una investigación por una denuncia de violación, el Legislativo aprobó su designación como reemplazo de la exmandataria Dina Boluarte en calidad de presidente del Congreso.
Su primera acción fuera del Palacio de Gobierno consistió en una intervención en una cárcel para requisar objetos prohibidos, una operación en la cual los presos fueron tratados y exhibidos ante las cámaras, apilados unos sobre otros y con la cabeza baja, siguiendo el modelo de intervenciones carcelarias aplicadas en El Salvador y Ecuador.
En los días posteriores, continuaron los operativos en las cárceles identificadas como focos de extorsión de bandas criminales, mientras Jerí enfrentaba dificultades para conformar un gabinete ministerial, objetivo que alcanzó casi una semana después.
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