La desactivación de fiscalías especializadas, el despido de personal clave y la falta de atención integral a víctimas de violencia sexual empujaron a las mujeres awajún y wampis a tomar las calles. Este 13 de febrero, organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, realizarán una movilización pacífica para exigir al Estado la reactivación urgente del sistema de justicia en defensa de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.
La convocatoria fue anunciada por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún Wampis, quien denunció públicamente que el Estado peruano ha desactivado el sistema de justicia en Condorcanqui, dejando en riesgo de impunidad a más de 800 denuncias por violencia sexual.
“Denunciamos públicamente al Estado peruano por desactivar el sistema de justicia de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Condorcanqui. Más de 800 casos quedarían en la impunidad, denuncias que no son atendidas”, señaló la lideresa.
La movilización, prevista para el 13 de febrero, busca visibilizar una situación que, según las organizaciones indígenas, se ha agravado tras el despido de 26 trabajadores CAS, entre asistentes administrativos y de función fiscal, que laboraban en fiscalías especializadas en violencia sexual y familiar.
Fiscalías cerradas y procesos paralizados
El colapso del sistema judicial se profundizó con el cierre de dos fiscalías especializadas y tres unidades médico-legales en los distritos de Nieva, Río Santiago y El Cenepa, bajo el argumento de falta de presupuesto. Actualmente, solo una fiscalía permanece operativa para atender cientos de casos acumulados desde 2010.
Según informó Cuarto Poder, esta decisión dejó investigaciones inconclusas y víctimas sin acompañamiento legal ni psicológico. La situación también fue advertida por el fiscal Gilder Zapata, quien declaró que más de 400 casos quedaron sin seguimiento tras la desarticulación de las fiscalías especializadas en delitos contra la mujer y el grupo familiar.
Niñas viviendo junto a sus agresores
Un reportaje de Cuarto Poder evidenció que en Condorcanqui muchas menores víctimas de violencia sexual viven a pocos metros de sus agresores, sin medidas de protección ni garantías de seguridad. El riesgo de acoso, hostigamiento y nuevas agresiones persiste ante la ausencia del Estado.
Rosemary Pioc advirtió que, de no reactivarse el sistema de justicia tras la movilización, las mujeres indígenas organizadas evaluarán aplicar justicia ancestral, como mecanismo de defensa comunitaria frente a la impunidad.
Acuerdos económicos y silenciamiento de denuncias
La lideresa también alertó sobre prácticas que refuerzan la impunidad dentro de algunas comunidades, donde los casos de violencia sexual no siempre llegan a denunciarse formalmente.
“Violan a una niña de 3 a 5 años, son 5 mil o 6 mil soles el pago que tiene que hacer el agresor a la víctima. O el apu dice tanto y la denuncia no prosigue”, relató Pioc en entrevista con Cuarto Poder.
Estas dinámicas, explicó, responden al abandono institucional, la falta de acceso a justicia y las barreras idiomáticas que enfrentan las familias awajún y wampis.
Crisis sanitaria: VIH en niñas víctimas de violencia sexual
La violencia sexual tiene además consecuencias sanitarias alarmantes. El director de la Red de Salud de Condorcanqui, Roberto Rivas, informó que en la provincia “de cada cien personas, cuatro tienen VIH”. En 2025 se detectaron 253 nuevos casos, de los cuales el 95 % corresponde a población awajún y wampis.
Según precisiones recogidas por Canal N, existen niñas de tres, cinco y diez años contagiadas con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de violaciones, muchas sin recibir atención médica ni psicológica adecuada.
Barreras territoriales y falta de atención especializada
El acceso a la justicia en Condorcanqui es limitado por las enormes distancias geográficas. Llegar a Santa María de Nieva puede implicar vuelos, largas horas de carretera y trayectos por caminos de difícil acceso. Aunque existe una cámara Gesell, esta permanece subutilizada por la falta de recursos para trasladar a las víctimas.
De 71 citas programadas para declaraciones protegidas, solo ocho pudieron concretarse en enero,
Exigencias al Estado
Ante este escenario, Rosemary Pioc exigió al Estado la restitución del personal especializado, la implementación de cámaras Gesell con equipos completos en los distritos de Santiago, Cenepa y Chiriaco, y un diálogo intercultural sostenido con las organizaciones indígenas.
“La situación requiere acciones inmediatas y coordinadas”, remarcó la lideresa en Canal N, al reiterar que la justicia, hasta ahora, no llega al territorio.
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