En una zona donde el tránsito fluvial resulta clave para la economía local y también para actividades fuera de la ley, las autoridades reforzaron su presencia con un nuevo operativo de control. La cuenca del río Nanay, en Loreto, volvió a colocarse bajo observación por el traslado de materiales vinculados a la minería ilegal, una práctica que genera impactos ambientales y preocupa a las instituciones del Estado.
La acción se desarrolló como parte de una estrategia sostenida contra las economías ilegales en la Amazonía. El sector Defensa, mediante la Marina de Guerra del Perú, articuló esfuerzos con el Ministerio Público para intervenir puntos considerados sensibles por el uso de los ríos como rutas de abastecimiento.
El despliegue se realizó sin anuncios previos y bajo protocolos de policía fluvial. La operación permitió detectar una embarcación que navegaba sin registro, situación que activó los procedimientos de interdicción y revisión de carga en plena vía fluvial.
Operativo fluvial en el río Nanay
La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Control Fluvial “Río Inambari”, que operó en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Durante el patrullaje, el personal naval interceptó un bote artesanal de madera que no contaba con número de matrícula visible.
Al momento de la inspección, los agentes encontraron motores, herramientas y combustible. Tras la verificación técnica, las autoridades identificaron estos elementos como insumos utilizados de manera recurrente en la minería ilegal. Por disposición fiscal, todo el material quedó decomisado para el inicio de las diligencias correspondientes dentro de la investigación en curso.
Desde la institución naval se precisó que “este tipo de operativos tiene como objetivo proteger los ríos de la Amazonía y frenar la contaminación ambiental generada por la minería no autorizada”. La Marina de Guerra del Perú también informó que mantendrá acciones constantes de control en la región, con vigilancia permanente en el ámbito fluvial, a fin de impedir el desplazamiento de personas y bienes vinculados a actividades ilícitas.
Las autoridades señalaron que la cuenca del Nanay figura entre las áreas priorizadas por la presión de actividades extractivas ilegales, motivo por el cual los operativos conjuntos continuarán como parte del trabajo preventivo y de control en Loreto.
Regiones más golpeadas por la minería ilegal
Aunque la actividad está presente en todo el país, el alto comisionado precisó que existen regiones donde la situación es especialmente crítica. Entre ellas mencionó Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco, así como Pataz, en La Libertad, y la región Puno.
“Lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú. Hay regiones donde es bastante más grave (…) en Pataz y Puno la situación es terrible”, advirtió.
Frente a este escenario, consideró que las acciones del Estado, que actualmente son mayoritariamente coercitivas, deben evolucionar hacia unaestrategia más integralque combine control, fiscalización e investigación con desarrollo y promoción de economías alternativas.
El contrabando genera pérdidas por más de 600 millones de dólares anuales en Perú
Según cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el contrabando mueve más de 600 millones de dólares al año en Perú.
Sin embargo, la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la SNI advirtió que este monto no representa ni la cuarta parte del impacto económico real de este delito.
El comercio ilícito abarca falsificación, piratería, contrabando y adulteración de productos, actividades que constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región.
La secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Silvia Hooker, afirmó que el comercio ilícito no es un problema sectorial ni exclusivamente nacional, sino una amenaza transversal que afecta la seguridad, el empleo formal y la competencia leal.
En ese sentido, Hooker Ortega destacó la necesidad de respuestas integrales y coordinadas entre el Estado, el sector privado y los países de la región.
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