La minería ilegal en Loreto se duplicó en dos años y ya destruye bosques ribereños en el Nanay y el Marañón

La minería ilegal de oro registró entre 2025 y 2026 casi la mitad de todas las detecciones de dragas acumuladas en nueve años de monitoreo en Loreto, según un nuevo reporte del proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), elaborado por Conservación Amazónica – ACCA y Amazon Conservation Association. El estudio documenta más de 700 registros de dragas en ese período, una cifra que refleja una aceleración sin precedentes de esta actividad en los ríos amazónicos de la región.

El análisis, basado en imágenes satelitales de alta resolución y datos de monitoreo continuo, abarca el período comprendido entre 2017 y 2026, durante el cual se registraron más de 1.500 detecciones de dragas en total. La expansión de la actividad ya alcanza 13 ríos amazónicos de Loreto, entre ellos el Nanay, el Marañón, el Tigre, el Putumayo, el Napo, el Mazán y el Chambira. A esto se suma un fenómeno nuevo que agrava el panorama: la pérdida de bosques ribereños asociada directamente a la presencia de dragas mineras.

El reporte de MAAP advierte que el período 2025–2026 marcó un punto de inflexión en la expansión de esta actividad hacia nuevos territorios. No se trata de una presencia estática ni de focos aislados: los datos satelitales muestran un desplazamiento activo hacia cuencas que hasta hace poco no registraban actividad minera documentada.

Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica – ACCA, lo describe con precisión: “Lo que estamos viendo en Loreto es un cambio en la escala y velocidad de la minería ilegal. El período 2025–2026 concentra casi la mitad de todas las detecciones de dragas registradas en nueve años y, además, muestra que la actividad está llegando con fuerza a nuevos ríos”.

El reporte fue elaborado en el marco de una colaboración estratégica entre Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore, y forma parte de una serie de informes sobre minería de oro en la Amazonía peruana.

El río Tigre y el Putumayo, nuevos frentes de expansión

Uno de los casos más preocupantes que documenta el reporte es el del río Tigre, donde más del 90% de las detecciones de dragas corresponden al período 2025–2026. La actividad en esta cuenca, que en un principio fue identificada como una ruta de tránsito para el traslado de insumos hacia otras zonas mineras, hoy presenta una presencia operativa activa y en expansión.

El caso del río Putumayo, ubicado en la frontera entre Perú y Colombia, suma una dimensión geopolítica al problema. Por primera vez, el monitoreo satelital logró identificar con claridad zonas de actividad minera ilegal en ese sector. La ubicación fronteriza representa un obstáculo adicional para las acciones de control y pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la coordinación binacional entre ambos países para hacer frente a una actividad que se desplaza con facilidad entre territorios.

El Nanay: una fuente de agua bajo presión constante

El río Nanay concentra uno de los escenarios más sensibles del reporte. Se trata del principal afluente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos, y pese a las constantes intervenciones del Estado, mantiene una actividad persistente de minería ilegal. Entre 2025 y 2026, el monitoreo registró 421 detecciones de dragas en este río, con una estimación de entre 23 y 30 dragas activas en el sector analizado.

Las imágenes satelitales también permitieron identificar pérdida de bosque en las riberas del Nanay directamente asociada a la actividad minera. Este hallazgo amplía el alcance del daño: el impacto no se circunscribe al cauce del río, sino que se extiende a los ecosistemas boscosos que lo rodean y que cumplen funciones de regulación hídrica, biodiversidad y protección de las comunidades locales.

Saramiriza: deforestación acelerada en el alto Marañón

La investigación también identifica un crecimiento acelerado de la minería ilegal en la localidad de Saramiriza, ubicada en la cuenca alta del río Marañón. Hasta junio de 2026, se registraron alrededor de 800 hectáreas de bosque afectadas, de las cuales más de 500 corresponden al período 2025–2026, lo que refleja la velocidad con la que avanza la deforestación en esta zona.

El panorama en Saramiriza también expone las limitaciones estructurales del marco regulatorio minero. En esa área existen alrededor de 241 concesiones mineras, de las cuales 115 son petitorios mineros. Del total de ese conjunto de concesiones, solo 9 cuentan con REINFO aprobado. A pesar de esa situación, la actividad minera continúa desarrollándose en un espacio significativamente más amplio que el autorizado.

Más allá de los operativos: las redes que sostienen la minería ilegal

El crecimiento de la minería ilegal en Loreto se produce en un contexto definido por varios factores que se refuerzan mutuamente: la limitada presencia del Estado en zonas remotas, el alto precio internacional del oro, la actuación de organizaciones criminales y las dificultades persistentes en los procesos de formalización minera. A esto se añade la incertidumbre generada por los recientes cambios de administración pública tras las últimas elecciones, con la interrogante abierta sobre si las nuevas autoridades diseñarán una estrategia diferenciada para enfrentar la expansión de esta actividad.

Novoa advierte que los operativos de interdicción, aunque necesarios, resultan insuficientes por sí solos: “Si la actividad vuelve a aparecer en otros ríos después de los operativos, significa que necesitamos actuar también sobre las redes que financian y sostienen esta economía ilegal, mejorar la coordinación entre las instituciones y fortalecer la presencia del Estado en estos territorios”. El director de Conservación Amazónica – ACCA también señala la necesidad de trabajar con los compradores de oro para que exijan la correcta trazabilidad del metal adquirido.

El rol de las comunidades indígenas en el monitoreo territorial

Frente a la expansión de la minería ilegal, las organizaciones indígenas y las comunidades locales cumplen un papel que el reporte de MAAP reconoce como indispensable. Su presencia en el territorio, su conocimiento del entorno y su capacidad de generar alertas tempranas ante la llegada de dragas o el avance de la deforestación constituyen un mecanismo de vigilancia que el Estado no puede replicar por sí solo en zonas de difícil acceso.

El reporte de Conservación Amazónica – ACCA y Amazon Conservation Association subraya la necesidad de fortalecer y proteger esa labor. El monitoreo comunitario, articulado con las herramientas satelitales del proyecto MAAP, representa una de las vías más efectivas para detectar a tiempo la expansión de la actividad minera ilegal y activar respuestas institucionales antes de que el daño sobre los ríos y los bosques se vuelva irreversible.