La decisión del Ministerio Público de desactivar cuatro equipos especiales, entre ellos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto, abrió un debate sobre los potenciales riesgos procesales y las responsabilidades institucionales que podrían derivarse de este cambio. La reorganización de la estructura fiscal fue dispuesta por Tomás Gálvez bajo el argumento de optimizar recursos y dinamizar la persecución penal. Sin embargo, en diálogo con Infobae Perú, el penalista Rolando Bazán advirtió que la medida puede generar consecuencias adversas, especialmente en procedimientos complejos donde la especialización y la continuidad juegan un papel determinante.
Reconoció que la Ley Orgánica del Ministerio Público otorga al fiscal de la Nación la facultad de crear y suprimir equipos especiales para abordar casos de alta complejidad. “Desde un punto de vista estrictamente formal, la medida se ajusta a la ley, ya que el fiscal de la Nación puede designar equipos especiales y, en la misma lógica organizativa, puede dejar sin efecto dichas designaciones”, sostuvo. No obstante, el especialista advierte que la validez formal de la medida no agota la discusión.
“El problema no es solo jurídico, sino también funcional. La aplicación concreta de la decisión puede afectar la continuidad, especialidad y eficiencia en investigaciones macrocomplejas, lo que abre la puerta a cuestionamientos de fondo”, subrayó.
Como se sabe, la medida no implica el archivo ni la desaparición de los casos en investigación. El cambio radica en la estructura encargada de su conducción. De acuerdo con las resoluciones publicadas, las investigaciones son redistribuidas a fiscalías del subsistema anticorrupción o a unidades especializadas, lo que modifica la dinámica de trabajo y la administración de los expedientes.
Bazán puntualizó que el principal desafío de esta figura radica en asegurar una transferencia adecuada de los conocimientos, estrategias y coordinaciones internacionales. “En los macrocasos, la carpeta no es solo un conjunto de papeles. Hay una estrategia definida, equipos analíticos, cooperación internacional y un acervo de conocimiento acumulado que debe preservarse para garantizar la eficacia del proceso penal”, explicó.
Entre los principales riesgos, mencionó la posibilidad de retrasos sustanciales en las investigaciones. Las fiscalías que asumen los casos pueden carecer del mismo nivel de especialización y dedicación exclusiva que caracterizaba a los equipos especiales. En el contexto de procesos complejos, esta situación suele traducirse en dilaciones inevitables, afectando la celeridad y la calidad de la persecución penal.
Otro riesgo señalado es la pérdida del enfoque sistémico. Dado que los equipos especiales fueron creados para investigar estructuras criminales amplias, con múltiples actores y conexiones, al fragmentar los casos y redistribuirlos, existe el peligro de que las investigaciones se aborden de manera aislada, debilitando la fuerza probatoria y la coherencia estratégica.
“Toda transición administrativa abre espacios de discusión sobre custodia y traslado de evidencias, control de plazos, reprogramación de diligencias y ajustes en la teoría del caso. Estos escenarios pueden ser aprovechados por las defensas, generando litigios innecesarios y retrasando aún más el proceso”, expresó.
Agregó que, en el ámbito internacional, la continuidad institucional y la consistencia en la conducción de los casos resultan esenciales para mantener acuerdos y cronogramas con fiscalías extranjeras, por lo que la desarticulación de los equipos pone en riesgo la cooperación eficaz y la asistencia judicial internacional, elementos críticos en casos como Lava Jato.
“Si ese diseño no está debidamente estructurado, el costo puede ser una combinación de dilación y pérdida de calidad en investigaciones que ya son, por naturaleza, altamente complejas”, advirtió.
¿Tomás Gálvez asumiría responsabilidad?
Durante la conferencia de prensa tras su discurso de apertura del año fiscal 2026, Tomás Gálvez fue consultado sobre si asumiría responsabilidad por eventuales resultados negativos tras el cambio de estrategia.
“Primero, los que investigan son los fiscales. Y si hay algún responsable, son los fiscales”, respondió y defendió la nueva estructura, asegurando que ahora existirán controles más estrictos y que confía en que los fiscales realizarán su trabajo de manera eficiente.
“El equipo Lava Jato era prácticamente una fiscalía autónoma. Ahora habrá controles y estoy seguro de que los fiscales seguirán trabajando bien. No puedes hablar de responsabilidades inventadas. Si un caso demora diez o veinte años, ya prescribieron todos”, puntualizó el fiscal de la Nación.