El Poder Judicial declaró culpable y condenó al expresidente Martín Vizcarra a 14 años de cárcel tras determinar que recibió millonarias coimas vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, una sentencia que marca el cierre del proceso por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. La resolución también establece nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y fija una reparación civil de 2 millones 336 mil soles.
Además de este fallo, Vizcarra enfrenta —o ha sido vinculado en el pasado reciente— a otros procesos e investigaciones que podrían derivar en nuevas sanciones judiciales, lo que complica aún más el panorama legal del exmandatario.
Caso ‘Los Intocables de la Corrupción’
El expresidente Martín Vizcarra es investigado por la Fiscalía como presunto líder de la organización criminal denominada “Los Intocables de la Corrupción”, un esquema que habría operado dentro de Provías Descentralizado para direccionar millonarias obras públicas a empresas favorecidas. La tesis fiscal sostiene que Vizcarra habría colocado en puestos estratégicos —como la dirección de Provías y cargos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones— a funcionarios capaces de ejecutar el presunto sistema de cobro de sobornos en licitaciones de proyectos como Samegua, Tintay y Pampas, cuyas adjudicaciones superan los cientos de millones de soles.
Según declaraciones de colaboradores eficaces citados por la fiscalía, parte de los sobornos recaudados por exfuncionarios de Provías, como Alcides Villafuerte y Carlos Revilla, habrían tenido como destino final a los niveles superiores de la supuesta organización, señalando a Vizcarra como beneficiario indirecto de estos pagos. En uno de los testimonios, Villafuerte habría admitido haber recibido más de S/ 3,6 millones en coimas por tres obras y afirmó que ese dinero se distribuía hacia “los de arriba”, entre ellos Revilla, altos cargos del MTC y, finalmente, el expresidente. Esta versión es aún materia de corroboración dentro de la investigación fiscal.
El 8 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la Denuncia Constitucional 658, presentada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, contra el expresidente Martín Vizcarra precisamente por este caso. El exmandatario ha negado todas las imputaciones y reiteró que se defenderá dentro del marco legal y que las investigaciones deben avanzar para establecer responsabilidades reales.
Caso Richard Swing
El caso Richard Swing se originó por las contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020 a favor de Richard Cisneros, quien obtuvo nueve órdenes de servicio por un total de S/ 175.000. Un informe de la Contraloría determinó que S/ 155.400 de esos pagos fueron otorgados de manera indebida, debido a que Cisneros no cumplía con los perfiles técnicos requeridos. A raíz de estas irregularidades, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si el expresidente Martín Vizcarra intervino o influyó en la continuidad de dichos contratos, indagación que incluía presuntos delitos de tráfico de influencias y peculado. Vizcarra ha negado cualquier participación y sostiene que no tuvo injerencia en las contrataciones de Cultura.
En enero de 2025, el Ministerio Público solicitó una prórroga de ocho meses para continuar con la investigación, argumentando que aún quedaban diligencias pendientes, como el análisis de comunicaciones y declaraciones de exfuncionarios. No obstante, en febrero de 2025, un juez supremo declaró improcedente el pedido por haber sido presentado fuera del plazo legal, lo que determinó el cierre de la investigación preparatoria contra Vizcarra. La decisión frenó temporalmente el proceso, pese a que la Procuraduría General del Estado ya había sido incorporada como actor civil y había solicitado una reparación por S/ 575.400 en caso de que se estableciera responsabilidad penal.
Tras el cierre, la Fiscalía y la Procuraduría presentaron recursos de apelación que fueron elevados a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El tribunal programó una audiencia para el 7 de octubre de 2025, con el fin de evaluar si corresponde revocar la decisión y permitir que la investigación continúe. Hasta las últimas comunicaciones oficiales disponibles, la Corte Suprema aún no había emitido un pronunciamiento definitivo.
Caso Vacunagate
El Caso Vacunagate reveló en 2021 que más de 400 personas recibieron de manera irregular dosis experimentales de la vacuna Sinopharm. Entre ellas estaban Martín Vizcarra, su esposa y su hermano, así como la entonces ministra de Salud Pilar Mazzetti, todos vacunados en 2020 fuera del ensayo clínico autorizado por la pandemia de la Covid-19. Las investigaciones determinaron que estos accesos fueron privilegiados, no transparentados y contrarios a los protocolos del estudio.
Las consecuencias políticas fueron inmediatas. En abril de 2021, el Congreso impuso a Vizcarra una inhabilitación por 10 años para ejercer función pública, decisión que fue ratificada en 2024 por el Tribunal Constitucional al desestimar los recursos que presentó el exmandatario. En paralelo, las investigaciones legislativas y fiscales incluyeron a Mazzetti por presunta concusión y negociación incompatible, al considerar que su vacunación irregular transgredió la normativa y los procedimientos del sector Salud. La exministra sostuvo que la decisión de vacunarse fue personal y voluntaria, mientras Vizcarra afirmó que participó como parte de un “ensayo clínico”, versión que diversas instancias oficiales descartaron por no ajustarse a los protocolos del estudio.
En 2025, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que recomienda denunciar penalmente a Vizcarra y Mazzetti por concusión, señalando que ambos usaron sus cargos para acceder indebidamente a vacunas experimentales. La Procuraduría y el Ministerio Público respaldaron esta posición, resaltando la afectación al principio de igualdad y la falta de transparencia en la gestión de las vacunas experimentales. Aunque el expresidente y la extitular del Minsa mantienen una defensa activa y cuestionan la solidez jurídica de las imputaciones, el proceso se mantiene en curso y sigue siendo uno de los mayores escándalos ético-políticos derivados de la pandemia.