La lína de buses 44 paralizó completamente sus operaciones luego de que individuos desconocidos lanzaron explosivos en la cochera de la empresa, registrada en el distrito de San Martín de Porres. Este episodio se produjo la noche del jueves y provocó que la empresa optara por no sacar sus unidades a la vía pública en señal de protesta y por temor ante la posibilidad de nuevos atentados.
Un ataque dirigido e incertidumbre para los trabajadores
El hecho afectó especialmente a los trabajadores de la empresa Línea 44, responsables de cubrir su tradicional ruta entre San Martín de Porres y Santiago de Surco. Fuentes cercanas al sector confirmaron que dos artefactos detonaron dentro de la cochera utilizada como paradero inicial, generando daños materiales pero sin dejar víctimas. “Decidieron no salir a trabajar ni dar declaraciones por motivos de seguridad”, transmitió un representante del sector, recalcando la vulnerabilidad de los operadores de transporte frente a la criminalidad.
En la zona de San Diego, epicentro de la agresión, persiste el ambiente de tensión. La presencia policial se intensificó tras la explosión, mientras que la investigación se centra en determinar si el ataque provino de una banda ya establecida en extorsión de transportistas o si representa un nuevo grupo que exige pagos adicionales bajo amenazas.
Extorsión y miedo: el contexto en el transporte público
La paralización del corredor se suma a la serie de ataques extorsivos que golpean al transporte público en distintas zonas de la capital. La mayoría de operadores y conductores reconoce el pago de cupos a bandas criminales, práctica extendida en rutas críticas. La empresa afectada habría recibido amenazas previas, algunas vinculadas a exigencias de aumentos en la tarifa extorsiva, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas.
En paralelo, crecen los casos de violencia letal. El viernes, una combi fue blanco de sicarios en Lurín. Dos personas fallecieron luego de que un grupo armado interceptó la unidad de transporte, disparó contra los ocupantes y huyó. Otros pasajeros resultaron heridos en este nuevo episodio, lo que pone en evidencia la escalada de riesgos que enfrentan quienes desarrollan su labor en el sector.
Para los trabajadores, existe una sensación de abandono. La ausencia de protección efectiva refuerza la decisión de suspender servicios por tiempo indefinido. Directivos del gremio optaron por reservar su identidad en busca de resguardar su integridad y, por ahora, no se han reportado comunicados oficiales sobre cuándo podría restablecerse la ruta intervenida.
Movilización y protestas de los transportistas
La violencia contra las empresas de transporte ha empujado a los gremios a organizar nuevas acciones de protesta. Este viernes, distintos sindicatos anunciaron un “apagado de motores” y bocinazos en toda la ciudad para exigir soluciones ante los asesinatos de colegas y repeler la ola de extorsión. Los transportistas demandan medidas urgentes y aumento de operativos de seguridad, solicitando mayor presencia policial en los puntos críticos y la rápida identificación de los responsables.
El temor ha alterado la circulación habitual en rutas fundamentales de Lima, complicando la jornada laboral de miles de usuarios que recurren a la línea 44 para trasladarse por el corredor norte-sur de la ciudad. Mientras tanto, la investigación policial sigue en marcha para establecer el origen de los explosivos y la posible autoría de las amenazas recibidas por la empresa.
Consecuencias para la movilidad y próximos pasos
La suspensión del servicio de la línea 44 deja sin cobertura a uno de los tramos estratégicos del transporte capitalino, afectando a estudiantes, trabajadores y residentes de San Martín de Porres y Santiago de Surco que dependen diariamente de este trayecto. En la ciudad persiste la expectativa por avances en la investigación policial y la recuperación de garantías mínimas para el funcionamiento seguro de las rutas urbanas.
Mientras tanto, las organizaciones de transporte reiteran el pedido de intervención estatal para frenar la expansión de las redes de extorsión y evitar mayores pérdidas humanas y materiales en el sector.
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