Gobierno sobre empresaria secuestrada: “Estamos dejando que la familia se comunique directamente” con los captores

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, confirmó este jueves que el Gobierno aceptó la solicitud de la familia de la empresaria Jackeline Salazar (32) para que la Policía Nacional (PNP) deje de intervenir en su búsqueda tras su secuestro, ocurrido el pasado 13 de mayo.

En una rueda de prensa, el titular del portafolio destacó que la prioridad del Ejecutivo es “garantizar la integridad” de la víctima, cuyo padre recientemente recibió una foto en su teléfono que muestra a la joven con signos visibles de tortura, incluida una mano con un dedo mutilado.

La empresaria, de 32 años, fue secuestrada cerca de la Comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, después de salir de su gimnasio. Su familia recibió un audio en el que los secuestradores pedían dos millones de soles. La PNP relaciona el caso con la organización criminal de Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, y el Ministerio del Interior ofrece S/100.000 por información sobre su paradero.

Jorge Salazar, padre de la víctima, pidió a la Policía que deje de investigar el secuestro y anunció que él mismo buscará una solución. En una aparición ante los medios, solicitó al coronel Jorge del Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise), que se retire de la pesquisa, ya que su hija está sufriendo.

Aunque afirmó no tener comunicación directa con los secuestradores, manifestó su intención de negociar la liberación de su hija, pese a no disponer de dinero. Destacó que es jubilado y no entiende por qué los secuestradores han elegido a su familia.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, dile a los policías que ya no se metan. [...] No hagas caso, nada. Solo consigue el dinero [...] si no me van a seguir torturando”, finalizó.

Según informes policiales y del Ministerio del Interior, Lima Norte ha sido una de las áreas más afectadas por los secuestros en los últimos años. En los últimos cuatro años, los secuestros en el país aumentaron un 139 % al pasar de 1.698 denuncias en 2020 a 4.060 el año pasado.

Una encuesta de Ipsos reveló que el 63 % de los peruanos considera que la seguridad ciudadana ha empeorado en los últimos doce meses, y el 62 % menciona “crimen y violencia” como su principal preocupación.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023 se detuvieron 215,159 personas por delitos, un aumento del 9.8 % respecto a 2022. La tasa de victimización fue del 27.1 %, 4.3 puntos porcentuales más que el año anterior. La mayor incidencia de delitos se registró en Puno (34.6 %) y la menor en Moquegua (14.8 %).