Se acabó el 2023. Ha sido un año muy convulso para la política peruana porque pasó de todo y en el que ninguna institución del Estado ―como el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otros ― podría quedarse excluido. Infobae Perú realizó una recopilación de los 20 escándalos políticos más controversiales. Fue una selección difícil, pero necesaria para hacernos recordar qué pasó a lo largo de estos doce meses que se van y lo que podría traer el 2024.
Gabinete cuestionado
Este año comenzó con la resaca de las manifestaciones antigubernamentales contra el gobierno de Dina Boluarte en el sur del país. Tras el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, la que fuera su vicepresidenta asumió las riendas del país en medio de un contexto complicado. De hecho, la situación se descontroló cuando el 9 de enero se registró la muerte de 19 personas en Puno en medio de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas.
La tragedia que enlutó al país se trasladó al Parlamento cuando el gabinete de Alberto Otárola solicitó el voto de confianza al día siguiente. Legisladores de izquierda llevaron pancartas para cuestionar al actual premier y sus ministros porque, pese a los fallecidos, asistieron a la representación nacional para reivindicar la masacre que pasó en la ciudad de Juliaca. Por cierto, las muertes fueron incluidas en sendos informes de organismos internacionales de derechos humanos.
La sesión en el Congreso fue tan accidentada que hubo de todo. Pero lo que será más recordado fue la acción del legislador Jaime Quito, quien entonces estaba en las filas de Perú Libre, que rompió el discurso de Otárola en el hemiciclo y exigió que Boluarte renuncie al cargo. A pesar de los airados reclamos, el gabinete logró increíblemente el respaldo con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones.
Los peajes no destruidos
Mientras las protestas contra el Ejecutivo acaparaban la atención, la Municipalidad de Lima también tuvo protagonismo. Y es que Rafael López Aliaga se instaló en el sillón municipal tras haberse impuesto en las elecciones del 2022, donde lanzó varias promesas para que la gente apostará por él. Una de las propuestas más emblemáticas del líder de Renovación Popular fue que eliminaría los peajes que hay en la capital.
“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo en Exitosa el 4 de octubre del año pasado.
No obstante, López Aliaga retrocedió en su posición y señaló en su primera conferencia como alcalde que iba “a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima”. Esto provocó que los vecinos del norte de Lima como Puente Piedra salieran a protestar contra el burgomaestre para que cumpla con una promesa que hasta ahora está muy lejos de ejecutarse.
Adelanto electoral frustrado
En medio de la turbulencia, un adelanto de las elecciones generales apareció como una alternativa a la crisis política ante la renuencia de la presidenta Dina Boluarte a presentar su carta de renuncia al cargo. Inicialmente se aprobó una propuesta para que los comicios sean en abril del próximo año, pero las muertes en las protestas aceleró la discusión.
Fue así que el fujimorismo planteó que las elecciones se hicieran en este mes. Sin embargo, todo se entrampó porque la izquierda buscaba incluir una pregunta a la población si estaba de acuerdo con la instalación de una Asamblea Constituyente. Al final, tras idas y venidas, cinco proyectos de un adelanto fueron rechazados y mandados al archivo.
De esta manera, los congresistas aprovecharon el cese de las protestas para retroceder en sus posiciones y optar por quedarse hasta el 2026 en una clara alianza con Dina Boluarte, quien ha dicho que cumplirá todo el mandato que le resta como jefa de Estado. Algo que, ciertamente, en el Perú de hoy no está garantizado debido a la crisis económica e inseguridad que se vive en las calles del país.
Las tesis desaparecidas
Pero si el Ejecutivo y el Parlamento estaban en el centro de los cuestionamientos, la Fiscalía de la Nación también cobró notoriedad con Patricia Benavides. Y es que el semanario Hildebrandt en sus trece comprobó que las tesis de maestría y doctorado de Benavides estaban desaparecidas en la Universidad Alas Peruanas, donde dijeron que no las tenían en su repositorio.
Las sospechas de la no existencia de estos trabajos de Benavides provocó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abriera un proceso disciplinario que se unió las ya abiertas por los cambios que hizo en el equipo especial del caso Cuellos Blancos y por separar a la exfiscal Bersabeth Revilla de la indagación que tenía contra su hermana, la jueza Emma Benavides.
“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, dijo Benavides en una conferencia para responder por los cuestionamientos de sus tesis.
Los ‘Mochasueldos’
Otro escándalo que pasó en este año fue lo ocurrido con los legisladores llamados ‘mocha sueldos’. Los programas Punto Final de Latina, Cuarto Poder de América Televisión, y Panorama de Panamericana Televisión evidenciaron quiénes incurrieron en esta falta ética de quitarle una parte de sus sueldos a sus trabajadores.
Así que se descubrió que María Cordero Jon Tay, Magaly Ruíz, Heidy Juárez, Rosio Torres, Katy Ugarte, Hilda Portero, Jorge Arriola y Alejandro Soto estuvieron envueltos en este escándalo. Sin embargo, ninguno ha recibido una sanción ejemplar salvo el caso de Cordero Jon Tay en la Comisión de Ética.
La legisladora exfujimorista sí fue suspendida por 120 días y está a un paso de ser desaforada del Congreso para que sea sometida ante la justicia por el delito que cometió al quitarle una parte de sus sueldos a un trabajador de su despacho.
Dina deslinda responsabilidad
En mayo, la presidenta Dina Boluarte ofreció una entrevista al diario El Comercio para deslindar de cualquier responsabilidad de las muertes ocurridas en las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. “Los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional tienen”, dijo.
En relación a la respuesta brindada, la jefa de Estado agregó que “ellos [FF.AA. y PNP] tienen su propia ley pero también sus propios protocolos a quién obedecen a sus comandos nosotros no tenemos comando Yo puedo ser la jefa suprema de las fuerzas armadas pero no tengo comando los protocolos los deciden ellos”.
“Nosotros como Ejecutivo hemos tomado las medidas del caso, ha habido cambios de comandos de la zona, hemos cambiado ministros del Interior, por ejemplo”, enfatizó. Esta versión ha sido usada por Boluarte, su premier Alberto Otárola, y más integrantes de su gobierno para evitar asumir cualquier responsabilidad política y penal en las indagaciones que la Fiscalía lleva a cabo por los presuntos delitos de genocidio y homicidio calificado.
Libro plagiado
De igual manera, los cuestionamientos contra la mandataria Dina Boluarte aumentaron cuando se conoció que habría plagiado un libro que fue destacado en su hoja de vida cuando postuló al Reniec. Se trataba de la publicación ‘Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’, donde el 55% era copia según denunció el programa dominical ‘Punto Final’.
Pero no fue lo único porque se descubrió otra segunda publicación, llamada ‘Aspectos legales en la responsabilidad médica en el Perú', también se halló “copias en sus páginas”, al verificar que hay “pedazos de textos que aparecen en otras publicaciones”.
A raíz de esta situación, el fiscal Miguel Puicón dispuso una investigación contra Boluarte y los demás coautores de las publicaciones. Hace poco, el Poder Judicial confirmó la incautación del libro ‘El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario’.
Detención de Betssy Chávez
Otro escándalo que también se registró fue la detención de Betssy Chávez en el marco de la investigación por el fallido autogolpe de Estado de Pedro Castillo. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, dejó sin efecto la orden de comparecencia con restricciones contra la expremier y declaró fundado el requerimiento fiscal de 18 meses de prisión preventiva.
A través de un pronunciamiento en vivo por TikTok, la número dos de la administración de Castillo se allanó a la orden y afirmó que estaba en su vivienda en Tacna, donde esperó su captura. “Voy a esperar a que venga la Policía y salir con ellos a donde se deba de ir. Pensaba en ir con movilidad hacia la Policía, pero si salgo con movilidad van a pensar ‘ah, se quiere escapar’. Para evitar eso, prefiero esperar”, declaró.
Su detención ocurre tres meses después de que fuera acusada constitucionalmente por el Congreso a raíz de la denuncia de la exfiscal Patricia Benavides. De igual manera, el hemiciclo dio luz verde para suspenderla en el ejercicio de sus funciones legislativas. En la semana que pasó, Betssy Chávez sustentó un requerimiento para que se cese la prisión preventiva en su contra.
Elección de Josué Gutiérrez y inhabilitación de Zoraida Ávalos
De otro lado, el Parlamento siguió acrecentando su desprestigio cuando decidió escoger al abogado Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo a pesar de sus nexos con el prófugo Vladimir Cerrón. Logró votos con 88 votos a favor, con mayoría de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular. No hubo debate.
Desde que se instaló en la Defensoría, la gestión de Gutiérrez fue cuestionada por la salida de varios funcionarios de carrera y por la manipulación de criterios de elección de nuevos servidores como pasó en el caso de la abogada Elizabeth Zea. Lo más reciente del letrado fue que intentó quedarse más tiempo en la institución a través de un proyecto de ley que no fue aprobado.
Por otro lado, el Parlamento inhabilitó a Zoraida Ávalos con 71 votos a favor, 15 en contra y ocho abstenciones. Se le acusa por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales para investigar al expresidente Pedro Castillo. Hace poco, el Poder Judicial admitió una apelación de la Procuraduría para no se archive la investigación contra Ávalos.
El expediente Alejandro Soto
Por otro lado, en julio se dio la elección de la nueva Mesa Directiva en el Parlamento. Es así que Alejandro Soto de Alianza para el Progreso se convirtió en titular de este poder del Estado. Sin embargo, rapidamente aparecieron varias denuncias en su contra como impulsar una ley para tratar de evadir una condena de ocho años y ocho meses de prisión por los delitos de estafa y falsedad genérica. Por este hecho se le abrió una indagación en la Comisión de Ética que terminó en el archvo.
Lo mismo ocurrió cuando se descubrió que Soto también estuvo relacionado a presunto nepotismo al contratar a la hermana de la madre de su hijo y por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho para destinarlo a la publicidad de sus actividades en Facebook. Ambos casos también fueron archivados.
Incluso, Infobae Perú sacó una investigación que reveló que el 57% del contenido de su tesis de doctorado era plagiado. Este problema también se presentó en su tesis de maestría.
Guerra en Acción Popular
Al inicio de la nueva legislatura en agosto también se registró una guerra en la bancada de Acción Popular tras la elección del congresista Darwin Espinoza como nuevo vocero. Así, un grupo liderado por María del Carmen Alva decidió alejarse del grupo por estar en desacuerdo. Le acompañaron también Edwin Martínez, Silvia Monteza, Karol Paredes, Carlos Alva, Juan Carlos Mori e Ilich López.
A raíz de esta situación, el partido empezó un proceso disciplinario contra Espinoza con el fin de expulsarlo y se logró. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió reconocer a Juan Abad Cabrera como el nuevo secretario general de Acción Popular para el periodo 2023-2025. Con ello, se dejó sin efecto la medida tomada por Edmundo del Águila contra Espinoza y ‘Los Niños’.
Adicionalmente, otras figuras en Acción Popular también presentaron sus renuncias como los excongresistas Yonhy Lescano y Mesías Guevara por estar en desacuerdo con la nueva dirección del partido.
Ataque contra la JNJ
De otro lado, en el Congreso se inició un ataque contra la Junta Nacional de Justicia para destituir a sus miembros que coincidentemente investigaban a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por ello, grupos de derecha impulsaron una investigación sumaria contra la JNJ en la Comisión de Justicia.
De ese grupo liderado por Perú Libre salió un informe que aprobaba removerlos por varias infracciones en el ejercicio de sus cargos como presionar presuntamente al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que saque un pronunciamiento a favor de la exfiscal Zoraida Ávalos a pesar de que fue desmentido.
El documento llegó al Pleno, pero jamás se discutió porque la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior del Poder Judicial anuló todo el proceso. Al respecto, los congresistas buscaron remover a la JNJ con una moción de orden del día en este mes, pero tampoco lo lograron ya que uno de los tribunos se enfermó.
Lo único que pudieron avanzar fue la aprobación de una nueva investigación sumaria en la Comisión de Justicia y el avance de una denuncia constitucional contra la JNJ en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Los Operadores y Bermejo
En septiembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) ejecutó la orden judicial de allanamiento y registro domiciliario con descerraje en la vivienda y despacho del congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, por presunto tráfico de influencias en el caso ‘Los Operadores de la Corrupción’.
La orden fue autorizada el juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a pedido de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ese momento, se le sindicó a Bermejo de estar involucrado en la red de corrupción que se instaló en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) durante el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
El Ministerio Público indaga si el legislador de izquierda cometió la comisión del presunto delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano. Esto porque se le señala de supuestamente haber recibido dinero a cambio de la ejecución de obras en el distrito La Unión, en Piura.
La fuga de Cerrón
En octubre se dio a conocer que el Poder Judicial condenó por segunda vez a Vladimir Cerrón por corrupción. La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín dispuso que reciba una sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka, donde se le halló culpable del presunto delito de colusión junto a otras seis personas.
Si bien Cerrón pasó a la clandestinidad, se encuentra muy activo en redes sociales. Desde la virtualidad no ha dejado de postear mensajes y videos sobre la coyuntura política. La Policía Nacional le sigue el rastro para capturarlo y ponerlo a la orden de la justicia. Incluso, el Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 100 mil soles a quien brinde información sobre el paradero de Cerrón y la Interpol ha solicitado que haya una “alerta roja” a nivel internacional.
Mientras sigue la búsqueda, el fiscal provincial Richard Rojas logró que el magistrado Leodan Cristóbal Ayala, titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispusiera 36 meses de prisión preventiva contra Cerrón por incumplir las reglas de conducta en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Hace poco circuló una versión de que el líder de Perú Libre buscó asilarse en las embajadas de Bolivia y Cuba.
Operativos Valkiria
En noviembre, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP) realizó varios allamientos y detenciones en el marco de la operación ‘Valkiria V’, donde se descubrió una red criminal aparentemente liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
El operativo acabó con la detención de Jaime Villanueva, mano derecha de Benavides, y con la intervención de Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada. De los dos, Villanueva confirmó que tuvo coordinaciones con parlamentarios y, por ello, fue puesto en libertad al convertirse en un colaborador eficaz que aportaría pruebas de sus dichos y así evitar la cárcel.
Esto dio paso a la siguiente fase del operativo Valkiria VI, donde se realizó allanamientos contra aparentemente nuevos personajes como Hernán Garrido Lecca, exministro de salud del gobierno aprista; Jose Luis Hauyón Dall’Orto, reconocido abogado cuyo estudio representa a algunos grupos de poder importantes; Marco Miguel Huamán Muñoz, fiscal de confianza de Patricia Benavides, y quien veía casos emblemáticos; Claudia Vanessa Ruiz Mesías, esposa de un fiscal allegado a Patricia Benavides; y Rudy Aguedo del Castillo, secretario de confianza de la ANC del Poder Judicial.
Separación de Marita Barreto
Tras estos operativos, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso el cese de Marita Barreto Rivera como fiscal superior provisional en el distrito fiscal de Lima Centro, así como también de su designación como coordinadora del equipo especial de Fiscales anticorrupción. Incluso, Benavides acusó a Barreto en una sesión de la Comisión de Fiscalización de ser una “incompetente” por investigarla.
En respuesta, Barreto aseguró que Benavides, manipuló de forma “grosera e intencional” los hechos para intentar justificar el archivo de la denuncia contra 40 congresistas presuntamente involucrados en el caso Los Niños. Recalcó que no tiene la facultad de investigar a altos funcionarios con prerrogativa de antejuicio, como parlamentarios y la fiscal de la Nación.
No obstante, la fiscal Marita Barreto regresó a su cargo tras la disposición de Juan Carlos Villena que reemplaza interinamente en la Fiscalía de la Nación a Patricia Benavides, quien está suspendida provisionalmente por la Junta Nacional de Justicia por un plazo de 6 meses.
Suspensión de Patricia Benavides
Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió preventivamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante seis meses, por presuntamente liderar una organización criminal cuyo objetivo final habría sido dar impunidad a la extitular del Ministerio Público.
La suspensión fue aprobada con los votos de los consejeros Aldo Vásquez, José Ávila, Inés Tello, Guillermo Thornberry y Humberto de la Haza. No intervinieron María Zavala (inhibición) ni Imelda Tumialán (ponente/instructora que propuso la medida).
Recordemos que Benavides se presentó ante la JNJ, pero evitó responder a los cuestionamientos que se le iba a realizar por el caso ‘La fiscal y su cúpula del poder’ que la involucra directamente. La exfiscal de la Nación ha tenido nuevas derrotas en el ambito judicial porque sus medidas cautelares y amparo, que bloqueaban las investigaciones de la JNJ, fueron anuladas.
Fujimori libre
El Tribunal Constitucional decidió excarcelar al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión en el penal Barbadillo por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había instado al Estado peruano a no liberarlo, considerando la gravedad de los delitos por los que fue condenado.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió acatar el fallo del TC y dispuso la liberación de Fujimori contravinviendo la exigencia de la Corte IDH. Esto provocó el rechazo de los familiares de los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Además, se presentó denuncias constitucionales contra tres magistrados, Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez, quienes respaldaron la excarcelación del padre de Keiko Fujimori.
A raíz de este escándalo, la Corte IDH declaró que el Estado peruano incurrió en desacato al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que restituye los efectos del indulto a favor de Alberto Fujimori y al ordenar su excarcelación del penal Barbadillo.
Además, ordenó al gobierno de Boluarte presentar un informe, a más tardar el 4 de marzo de 2024, “sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta”.
Acoso sexual en el Congreso
El Congreso fue escenario de varios escándalos a lo largo del año. Sin embargo, el más grave fue sin duda el que ocurrió con el parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu, quien captado realizando una serie de comentarios machistas y de hostigamiento hacia sus colegas mujeres, haciendo alusión a sus aspectos físicos y corporales.
Entre las aseveraciones emitidas, el legislador hizo una referencia directa en contra de su compañera de bancada, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez. “Todas se ponen sostenes con relleno y Patty Juárez no es la excepción, tiene unas tet*t*as. (risas) Ya las miré bien, ya”, se escucha en el video al que Infobae Perú pudo acceder.
Las desagradables declaraciones de Lizaraburu generó el rechazo de su colega Patricia Juárez, su propia bancada Fuerza Popular, que lo ha sometido a un proceso disciplinario con fines de expulsión, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Desmantelan la Procuraduría
El último escándalo que se dio por estos días fue la designación interina de Javier Pacheco como procurador general del Estado a pesar de que afronta una investigación por presuntos actos de corrupción. Inicialmente, se cuestionó que tenía un proceso disciplinario por aparentemente beneficiar a Katia Portugal Zevallos, quien obtuvo órdenes de servicio por S/ 35 mil en el 2022 cuando estaba al mando de la Procuraduría anticorrupción.
Precisamente, una de las primeras medidas de Pacheco como procurador general fue solicitar las renuncias a Jorge Pasco Loayza y Roxana Paz Cárdenas, de la Oficina de Control Funcional, oficina que se encarga de llevar a cabo los procesos disciplinarios contra procuradores.
Infobae Perú pudo conocer que Pacheco tomó esta determinación porque tuvo conocimiento que la Unidad de Instrucción de la Oficina de Control Funcional le notificó el 13 de diciembre el inicio de un procedimiento disciplinario por permitir la contratación de Katia Portugal pese a que no cumplía con los requisitos establecidos en los términos de referencia como era contar con un profesional en derecho y la beneficiada solo contaba con un bachiller en Ciencias Administrativas.
La situación descrita iba a significarle a Pacheco que fuese suspendido sin goce de haber de entre 11 y 30 días, o cese temporal de entre 31 días y 6 meses.
De otro lado, la llegada del nuevo procurador general del Estado provocó que varios funcionarios de carrera presentarán sus renuncias. En paralelo, Javier Pacheco vulneró el artículo 7 del Reglamento de la Procuraduría General del Estado, que establece, entre otros, que están impedidos de ser miembros del Consejo Directivo de la PGE “los/las procuradores/as públicos/as, los/las procuradores/as públicos/as adjuntos/as y los/las abogados/as vinculados/as al Sistema”.
Esto se debe a que el abogado lideró una sesión del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado e incluso emitió voto, a pesar de que el Reglamento de la institución expresamente se lo prohíbe por su condición de procurador adjunto de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
