Más de 200 familias campesinas se hallan en peligro de ser desalojadas de las tierras donde nacieron, crecieron y viven actualmente. La comunidad campesina de Tantacalla, ubicada en Cusco, lucha desde hace más de 10 años, para evitar que un exhacendado los arroje del suelo ancestral de al menos 1000 hectáreas, luego de que este presentase como “título de propiedad” de su territorio, un certificado de inscripción registral derivado de un testamento, documento prescrito. Entre los afectados están 1200 adultos mayores, mujeres y niños quechuas que serían empujados a más pobreza de ejecutarse la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco.
Ellos viven con el temor de que el fallo sea ejecutado este viernes 24 de marzo, pues la Resolución Nº 269 del 15 de diciembre del 2022, notificó sobre el desalojo de 220 familias, haciendo uso de maquinaria pesada y la presencia de más de 100 policías para la detención de personas que obstaculicen el proceso. Ante ello, los afectados llegaron, desde el distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, hasta la ciudad del Cusco para protestar en el frontis de la sede local del Poder Judicial y la sentencia sea revocada.
“No al desalojo de los pueblos originarios, somos campesinos, aquí vivían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. ¡Arriba los campesinos!”, fueron algunas de las arengas, en quechua, que corearon decenas de familias, quienes advirtieron que iniciarán medidas de fuerza para impedir el desalojo arbitrario.
Actualización
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) dio a conocer que la comunidad campesina de Tantacalla logró mantener su territorio ancestral. El despojo programado para este viernes fue suspendido. “Compartimos con ellas/ellos su inmensa alegría. Seguiremos vigilantes hasta que se haga justicia”, señalan en un tuit.
Una historia de abusos
De acuerdo a la alerta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) Tantacalla sufrió el despojo y reparto de sus territorios ancestrales hasta la reforma agraria; sin embargo, esta comunidad registra su existencia formal desde 1926; es decir, más de 40 años antes de este proceso histórico. Además, los comuneros obtuvieron el título de propiedad sobre su territorio de acuerdo a procedimiento administrativo de deslinde y titulación en 1988.
Pese a todos estos hechos, en el 2005, el exhacendado Luis Paz Vizcarra denunció a la comunidad por “nulidad e insubsistencia parcial del título de propiedad, cancelación parcial del asiento de inscripción registral y reivindicación de las tierras de la comunidad”. Lejos de rechazar su requerimiento, en el 2009, la jueza Bony Gamarra Flórez, declaró fundada las demandas. Luego, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco confirmó la sentencia. Y en el 2011, la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado un recurso de casación de la comunidad.
Vale precisar que la magistrada fue destituida por la Junta Nacional de Justicia, en el 2021, por emitir fallos sin tener competencia por razones de territorio y por atentar contra el derecho de defensa de los demandados. Así, aunque esta jueza ha sido cuestionada y destituida, el fallo que emitió como parte del Juzgado Mixto de Santiago sigue en pie.
El secretario ejecutivo adjunto de la Cnddhh, Miguel Jugo, precisa que la comunidad viene siendo presionada desde el 2019 a desalojar y que esta, de emitirse, sería la sexta orden de desalojo contra ellos, un pueblo de mayoría quechuahablante, que se dedican a actividades económicas menores como el pastoreo o la agricultura familiar de subsistencia.
“Aún no se entiende el porqué del pleito por este lugar, donde solamente puede haber crianza de auquénidos, entonces la sospecha es que por ahí hay algún asentamiento minero y eso es lo que por lo que (el exhacendado) estaría tratando de apropiarse. Esto se ha dado con la permisividad también de de autoridad corruptas, del sistema judicial porque como actualmente hay muchos tratados que amparan el derecho a propiedad de las comunidades. Ellos no entienden cómo se los pueden despojar de esa propiedad, ellos tienen sus casas sus animales, o sea, ellos viven de acuerdo al mandato comunal y se reparten la tierra etcétera. Lo interesante de esto es que se dedican básicamente al pastoreo y algunas actividades artesanales. No hay más allí actividad económica. Más o menos el 2021 se reunieron conmigo la dirigente, quien era una mujer y era dirigente porque ella sabía castellano. Los otros dirigentes no hablaban más que quechua, o sea, estamos hablando de una comunidad indígena por donde se le mire”, explica Jugo a Infobae.
Actualmente, la Cnddhh está brindando apoyo legal a Tantacalla y esperan que le sentencia sea anulada, pues atenta contra sus derechos y diversos tratados internacionales sobre protección de los derechos de los pueblos indígenas, contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) así como la Jurisdicción Especial Comunal reconocida por la Constitución.
“Dicha sentencia vulnera el derecho de los territorios ancestrales, amparados en instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos. Además, puede generar, en las actuales circunstancias que vive el país, altos costos sociales y humanitarios. Nosotros hemos recibido esta información recién el año pasado. Ellos llevan levantando cinco medidas de desalojo, en una de ellas fueron unas mil personas con maquinaria para derrumbar, pero por fortuna, las autoridades locales se pusieron este del lado de la comunidad y pararon el desalojo. Queremos hacer un llamado de atención a todo el sistema del Poder Judicial del Cusco. No puede ser que se dé una situación de esa naturaleza, quitándole la propiedad a las comunidades, o sea es completamente ilegal, completamente absurdo. Esa comunidad es propietaria, incluso antes de la Reforma Agraria”, sentencia Miguel Jugo.
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