Días pasados los gobiernos de Chile y República Dominicana, junto a organismos multilaterales, llevaron a cabo el 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Cumbre del Futuro, e hicieron un llamado urgente para aumentar el financiamiento dedicado a la educación en América Latina y el Caribe.
El llamado a la acción fue apoyado por UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y la Fundación Varkey, los cuales recomiendan a invertir ahora para que los países alcancen el Objetivo de Desarrollo Sostenible que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, reclamando a todos los gobiernos de la región, a la cooperación internacional, a la sociedad civil y al sector privado a asegurar las condiciones habilitantes y el financiamiento adecuado y sostenible en la educación, con equidad y eficiencia.
Estos países, junto a la cooperación internacional, instan a aumentar la inversión en educación ya que es sabido que en América Latina y el Caribe, el 75% de estudiantes de la región no logran las competencias básicas en matemática y el 50% en lectura. El derecho a la educación está diezmado y se ha ido profundizando en los últimos años debido a las crisis, al impacto de la pandemia de COVID-19 y las desigualdades que persisten a través del tiempo.
Al parecer, nadie pone en duda que aumentar la inversión pública en la educación y priorizar la asignación de recursos especialmente para estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, mejorarán rápidamente los niveles educativos. De esta manera, al incrementar la ayuda oficial a la educación y fomentando inversiones a largo plazo, se fortalecerán los sistemas educativos.
Sin embargo, en Argentina, lejos de las medidas de gobiernos regionales de apoyo incondicional a la educación, ésta pareciera no ser prioridad. Hay gran preocupación en muchos sectores ante el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el gobierno nacional que significará una pérdida del valor real en programas educativos con respecto a lo destinado en el año 2023. Por dar sólo un ejemplo, el Plan Conectar Igualdad no tiene presupuesto estipulado para 2025 y hasta septiembre de 2024 sólo se ejecutó el 35% de lo asignado.
Asimismo, se plantea la suspensión del cumplimiento de las leyes Nº 26.206 - artículo 9º, que establece un piso de 6% del PBI destinado a educación; de la Ley Nº 26.058, artículo 52, que establece un fondo de Educación Técnico Profesional no inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes del presupuesto; la Ley Nº 27.614 - artículos 5º, 6º y 7º - que establecen el aumento progresivo del presupuesto de Ciencia y Técnica hasta alcanzar el 1% en 2032.
Otro de los graves problemas que está surgiendo es la aprobación -sin ningún debate profundo- de un conjunto de resoluciones que significan una reforma estructural del sistema de Formación Docente, con un claro retroceso en derechos respecto de la educación superior.
A su vez, ya aprobada la ley de financiamiento universitario por más de dos tercios del poder legislativo, el presidente de la Nación ya confirmó su veto; una ley que, al decir del Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, “es un proyecto razonable que no compromete al Estado y afecta sólo el 0,14 del PBI, dando previsibilidad presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial de docentes y no docentes universitarios”.
Así las cosas, y más allá del pedido de los organismos multilaterales, la educación sigue sin ser prioridad en las políticas públicas nacionales, al menos por estos lares. Es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, sin embargo, es avasallada por las ansias de destruirlo y, en consecuencia, millones de niños y niñas son atropellados por el ajuste fiscal. No se logrará la calidad educativa si merman los libros, si se reducen los programas integrales, si no hay capacitación docente, si se quitan horas de clases; en definitiva, si no hay inversión. Como dice el refrán: “en la cancha se ven los pingos”, entonces muy pronto veremos quienes realmente creen en la educación como motor de cambio social y quienes miran para el costado sosteniéndose endogámicamente en la casta que tanto detestan.
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