Toda crisis es política

El gobierno de Javier Milei se encamina a cruzar el mojón de su primer semestre en el poder en un contexto que configura muy probablemente su peor momento desde que consiguiera sorpresiva e intempestivamente sentarse en el codiciado “sillón de Rivadavia”.

Paradójicamente -algo ya natural al analizar este fenómeno inédito-, la crisis que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza no se manifiesta aún en una pérdida de respaldo popular que horade la imagen y credibilidad presidencial para los amplios sectores de la opinión pública que, pese a la profundidad de la crisis y el ajuste, siguen sosteniendo los altos niveles de aprobación presidencial.

En este sentido, puede afirmarse que la crisis es eminentemente “política”. Y lo es en varios sentidos. El Gabinete atraviesa desde hace varias semanas fuertes turbulencias que dejan en evidencia la manifiesta crisis de gestión, lo que se ha convertido ya casi en una característica central de una administración marcada no solo por la inexperiencia, las improvisaciones y errores propios de un experimento político inédito, sino también por las brutales pujas internas, el nutrido “fuego amigo”, y una “hoguera de vanidades” que parece asimilarlo a esa “casta” que Milei tanto desdeña.

Cuando ni siquiera el presidente y su particular “círculo rojo” habían logrado completar la grilla de funcionarios en la nueva y reducida estructura ministerial, la lenta sangría de funcionarios “renunciados” desde que asumiera el poder no solo se aceleró sino que también golpeó al corazón mismo del proyecto con la salida -nunca explicada- de Nicolás Posse amigo personal del primer mandatario y el jefe de gabinete más fugaz desde que se instaurara ese instituto en la Constitución reformada en 1994.

Y, lejos de aplacarse con la salida de quien algunos sindicaban -por lo bajo- como el responsable de aletargar ciertos procesos y bloquear engranajes imprescindibles para dinamizar la gestión, las inocultables debilidades de la administración -que también se manifestaron en el imprevisto faltante de gas en otoño- quedaron expuestas con particular crudeza en el contexto de escándalo por la distribución de alimentos.

Un tema en absoluto menor, no solo por las ingentes necesidades alimentarias en un escenario de profundización de la pobreza, sino porque involucra a una de las ministras preferidas de Milei, quien venía recurrentemente revelando supuestos “curros” que eran festejados exaltadamente por el Presidente y convertidos en potentes mensajes tendientes a alimentar la indignación de una gran parte de la opinión pública contra la dirigencia tradicional y las prácticas que se asocian a ella.

Sin embargo, Pettovello pasó rápidamente de acusadora a acusada, en un sainete que si no tuviese como aspecto central un tema tan sensible como el del reparto de alimentos, sería tragicómico. Es que el Gobierno comenzó acusando a las organizaciones sociales de mentir y negando no solo que tuviese alimentos sin repartir sino incluso desconociendo la existencia de los depósitos, para pasar luego a reconocer con altas dosis de cinismo que estas “reservas” existían para supuestas situaciones de “catástrofe” y que habían sido compradas en el gobierno anterior, para terminar -con intervención judicial mediante- reconociendo la existencia de alimentos con fechas de vencimiento inminente y anunciando la distribución de los mismos.

La polémica tendría, asimismo, estribaciones más profundas. La salida de Pablo De la Torre, a quien la propia ministra denunció como responsable de lo ocurrido, produjo no sólo una renuncia masiva de funcionarios asociados al dirigente de San Miguel sino también un curioso protagonismo de funcionarios que venían del gobierno anterior. Y, todo ello, ante la pasividad y desorientación de una ministra carente de antecedentes y experiencia para conducir un “superministerio” que condensa trabajo, educación y desarrollo social.

No resulta casual que, en este contexto, una oposición que no lograba salir del letargo y la fragmentación, haya recuperado la iniciativa con una importante demostración de fuerzas. La votación en general de la reforma de la ley de movilidad jubilatoria, impulsada por los bloques opositores dialoguistas y el kirchnerismo en la Cámara de Diputados, arrojó un contundente resultado que, a priori, impediría el eventual veto anunciado por el presidente. En otras palabras, podría plantearse eventualmente un conflicto institucional, con los jubilados en medio de una situación que los muestra como los golpeados de un ajuste que supuestamente iba a recaer sobre la “casta”.

Más allá de lo que suceda con esta iniciativa en el Senado, lo cierto es que una oposición que parecía limitarse a ejercer un rol defensivo y limitante frente al avance oficialista, parece haber logrado -al menos circunstancialmente- recuperar protagonismo, evidenciando aún más las serias dificultades que tiene el gobierno ya no solo para proyectar una imagen de sustentabilidad, sino incluso para convertir sus propuestas en realizaciones concretas. Por si alguien tuviese dudas de ello, la Ley de Bases y el paquete fiscal todavía esperan su tratamiento en el Senado, en un marco de incertidumbre respecto a la posibilidad de que se rechacen algunos artículos de una ley que ya tuvo que resignar importantes modificaciones para lograr dictamen, y que deberá inevitablemente volver a Diputados.

Lo cierto es que es a la luz de este trasfondo cómo se entiende el malhumor de los mercados de las últimas semanas, que incluyeron fuertes caídas de acciones y bonos, un repunte en las cotizaciones de los dólares financieros, un aumento del riesgo país, y un flujo de dólares provenientes de la cosecha gruesa mucho menor que el esperado que podría marcar el comienzo de dificultades para engrosar las reservas del Banco Central.

Fue la directora de Comunicaciones del FMI la que mejor describió la situación de incertidumbre del gobierno de Milei frente a los mercados: para la vocera del organismo, el gobierno debe mejorar la calidad del ajuste fiscal para garantizar su “durabilidad y equidad” y la protección de los más vulnerables, retocar la política monetaria y cambiaria para “anclar la inflación”, consolidar la mejora de las reservas y contener las presiones en el mercado cambiario, y, por último, darles prioridad a las reformas microeconómicas para promover la inversión y el empleo privado formal. Todo ello, recordando la recurrente demanda del board del FMI en el sentido de la necesidad de “ampliar el respaldo político a las reformas”.

Así las cosas, aunque probablemente el gobierno salga los próximos días a anunciar como logro una baja de la inflación por debajo del 5% mensual, necesita imperiosamente pasar a otra etapa, asentándose políticamente, logrando la aprobación del paquete de leyes que todavía se discute en el Senado, mostrando “buenos” resultados fiscales y, más temprano que tarde, presentando un plan de salida para el cepo.

Una tarea harto difícil, no solo por la magnitud de los desafíos, sino por la obstinación de un Presidente que desdeña y recela de la política, convencido de que la liberalización de las fuerzas del mercado acabará por generar automática y espontáneamente (Hayek dixit) un nuevo ordenamiento político favorable a su proyecto.