Un país en el altar del ajuste

Aún en este torbellino en que se ha convertido un país atravesado por una crisis inédita en razón de su persistencia y magnitud, pareciera que todavía no hemos ingresado en el corazón de una tormenta sin precedentes.

Superados ya los márgenes de lo que es una verdadera hecatombe social, política y económica, los tiempos se aceleran más allá de lo que pueden registrar instrumentos de medición no preparados para fenómenos de esta naturaleza, la confusión y la incertidumbre empañan cualquier análisis prospectivo, y los interrogantes con respecto a los potenciales desenlaces de este proceso en curso se agigantan.

En este contexto, y aunque pueda parecer ya un lugar común, el proyecto liderado por Javier Milei parece entrar en semanas decisivas que podrían condicionar la sustentabilidad del programa económico del gobierno y, consecuentemente, limitar fuertemente las pretensiones reformistas de un presidente que no pareciera renunciar a su impronta rupturista y fundacional.

En la macro, los mercados ya evidencian claras señales de impaciencia que denotan las dudas e interrogantes con respecto al futuro del programa económico. El brutal ajuste fiscal, el masivo recorte de gastos y el fin de la emisión monetaria ya son gestos que no alcanzan para sostener el optimismo de los mercados que ven como la salida del cepo parece alejarse, el dólar se atrasa, la inflación parece desacelerarse a un ritmo más lento del anunciado, el ajuste de las tarifas se posterga, la reforma laboral parece estar atada a la suerte de las difíciles negociaciones en el Congreso, entre otras variables que parecen amenazar la sustentabilidad política del proyecto del gobierno.

En la micro, la economía real da cuenta de un escenario dramático, en el que la aceleración de la pobreza es un fenómeno de una magnitud nunca antes vista. El recorte de partidas destinadas a políticas sociales, los “problemas” para garantizar la asistencia alimentaria a sectores vulnerables, y la licuación del propio gasto social, sumadas al fuerte atraso de los salarios y jubilaciones, dibujan los contornos de un panorama social que seguramente habrá de profundizarse al calor de una fuerte recesión que, inexorablemente, traerá aparejados graves problemas de empleo.

Frente a este panorama, el Gobierno parece estar empecinado en “comprar tiempo”, aún a expensas de dinamitar puentes de diálogo y entendimientos básicos que podrían ser no solo necesarios para darle sostenibilidad al programa y gobernabilidad a la gestión de Milei, sino incluso imprescindibles para evitar que el probable recrudecimiento del conflicto social.

La tan mentada “batalla cultural” parece haberse convertido así en una herramienta discursiva al servicio de las necesidades del momento: el Presidente aumenta la tensión, profundiza los conflictos, y hace uso y abuso del “principio de revelación”, buscando mantener viva la hoguera de la indignación frente a la “casta” para desviar la atención tanto de las medidas que aún no ha logrado plasmar normativamente (ley de bases, acuerdo fiscal, etc.) como de los cada vez más difusos plazos para una recuperación económica que, elevada al estatus de “tierra prometida”, exige ingentes “sacrificios”.

Respecto al primer tema, nuevamente los plazos autoimpuestos por el propio gobierno conspiran contra las posibilidades de cumplir con los objetivos proclamados: el cronograma tentativo para el tratamiento de los nuevos proyectos de ley que el Ejecutivo enviaría al Congreso (ley de bases reducida, paquete fiscal, etc.) prevé como fecha de inicio el 17 de abril, lo que llevaría -aún en el mejor de los escenarios- a la sanción de las normas durante la primera mitad de mayo, dejando poco margen para consensuar los “diez mandamientos” del pacto anunciado para mayo.

Un tiempo a todas luces muy exiguo. Sobre todo teniendo en cuenta que en este “juego” de tensionar permanentemente, y mientras celebra rondas de diálogo con los gobernadores para consensuar la versión abreviada de la Ley Bases y un acuerdo fiscal, resolvió recortar por decreto el financiamiento de cajas jubilatorias para 13 provincias. Pese a todo ello, desde el Gobierno siguen insistiendo en que solo “los que acompañen en ambas iniciativas, serán invitados al pacto”.

Y en relación al rumbo económico, como una muestra más de la endeblez de un programa más anclado en el presente que en una mirada de futuro, el Gobierno parece mirarse en el espejo de la tan denostada casta para cifras gran parte de sus expectativas en el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, muy pendientes de señales que evidencien sustentabilidad política y, en concreto, del cumplimiento de tres grandes premisas: disciplina fiscal, respaldo político y programa monetario. Salvo en el primer caso, exigencias que el gobierno está lejos de cumplir y que auguran, muy probablemente, que el FMI insista con una vieja demanda a la hora de habilitar nuevos fondos: otra devaluación.

Así las cosas, todo pareciera indicar que el gobierno avanza sin mapas y sin mirar atrás sobre un campo minado, del cual no hay retorno posible, más confiado en el aporte de variables eminentemente coyunturales como el respaldo de una opinión que todavía sigue asignando las mayores responsabilidades de la crisis a gobiernos anteriores, o la crisis de liderazgo de la oposición, que en avances concretos. En este marco, resulta a todas luces tan temerario como ingenuo sacrificar en el altar de la disciplina fiscal cualquier intento de contener las potenciales consecuencias sociales de las políticas de shock, máxime cuando se camina al filo del abismo de un estallido social.