En estos once meses de innumerables restricciones generadas como consecuencia de la pandemia COVID-19 y las implicancias multidimensionales ocasionadas por la misma, tanto en el plano individual, como familiar, social, económico, cultural, etc, tal vez no se han resaltado algunos impactos que acontecen en el ámbito de las relaciones del trabajo y que, cuanto menos merecen ser visibilizados como un primer paso para su corrección.
El vértigo que impuso esta crisis sanitaria exigió respuestas estatales inmediatas y es apropiado reconocer que a mayor exigencia de velocidad en ellas, los márgenes de falibilidad y errores se incrementan. De cualquier modo vamos camino a cumplir un año de vigencia de estas medidas de excepción y hay decisiones que merecerían ser revisadas por los efectos distorsivos que ocasionan al interior de las empresas.
Muchos empleadores han conseguido sostenerse en gran medida por la ayuda y auxilio estatal que comienza a revisarse y disminuir, ello producto de cierta reactivación, o tal vez, como consecuencia directa de la impotencia y limitación de recursos, algo esperable en una economía con serias patologías preexistentes a la llegada del coronavirus.
Me pregunto entonces si no correspondería revisar en simultáneo aquellas medidas que se mantienen inalterables y representan profundas inequidades que conspiran contra la sostenibilidad del empleo?. Acaso el empleo no debería ser uno de los activos más valiosos a preservar, junto a la salud en esta difícil instancia?
Poco se habla de lo que representa sostener la producción de bienes y servicios en el sector privado con dotaciones de personal diezmadas, sea por la calificación de grupos de riesgo con comorbilidades, mayores de 60 años, embarazadas e incluso progenitores al cuidado de hijos en etapa escolar y que en algunos sectores supera el 20% de la plantilla de trabajadores disponibles.
Parecería no ponderarse este esfuerzo, al que se suman todos los sobrecostos tangibles – elementos de protección personal y productos de higiene, etc- e intangibles –eficiencia y productividad-, que se desprenden de tener que trabajar con protocolos de prevención como los imperantes y que en las actividades no esenciales se ve agravado por el fenomenal esfuerzo que representa financiar el transporte privado para el personal.
Se han recibido apenas dosis homeopáticas de ayudas orientadas a aliviar estas cargas, como por ejemplo la conversión de la remuneración del personal dispensado, en una compensación no remunerativa exenta de algunas contribuciones patronales, pero ciertamente la evolución de la situación sanitaria y epidemiológica pasando del Aislamiento –ASPO- al Distanciamiento Social –DISPO- no ha tenido el correlato de medidas para el sector privado que ayuden a aligerar la carga.
No basta con atacar las consecuencias instalando cepos laborales como la prohibición de despidos y/o suspensiones en un contexto de duplicación indemnizatoria, sino más bien empezar por descomprimir algunas de las causas que están presionando sobre el sostenimiento de la empleabilidad y en ese sentido debería repensarse la intensidad de ciertas definiciones.
- A medida que avanza el plan de vacunación sobre las personas que integran la definición de grupo de riesgo, no debería habilitarse la posibilidad que bajo prescripción médica del profesional tratante puedan retornar progresivamente o en forma intermitente al empleo presencial?
- No se debería flexibilizar el criterio que impide que todo mayor de 60 años este imposibilitado de trabajar, salvo que su desenvolvimiento sea esencial para el Establecimiento?. Aquí también se presentan casos donde cuentan con la recomendación médica de salir del aislamiento laboral en el que están, sin embargo estas medidas de orden público se muestran inflexibles ante un escenario que ya lleva casi un año de permanencia.
- La dispensa por el cuidado de hijos menores escolarizados en este nuevo escenario de mixtura entre presencialidad y virtualidad que se avecina y que acaba de ser reinstalada por la Resolución MTEySS N° 60/21 no atiende el hecho de existir libre circulación y por tal la posibilidad que el cuidado de los hijos vuelva al status previo a la pandemia?.
El intervencionismo estatal en tiempos de excepción es esperable y lo deseable es que resulte virtuoso y la percepción que existe y que habría que revisar es que hay medidas que se instalaron en un determinado escenario y cuando éste se modifica no aparece la voluntad de reconocer este dinamismo cambiante.
No hacerlo representa un real desafío para la apropiada convivencia al interior de las empresas, ante la tensión natural e inequidad que se genera entre los trabajadores que concurren a cumplir con su trabajo diario en forma presencial y aquellos dispensados o que de pronto cuentan con la ventaja de poder cumplir con su trabajo en forma remota.
Ha llegado el momento de reconocer esta nueva realidad con un abordaje que reconozca las acechanzas que enfrenta el sector privado, distintas a la lógica y las condiciones de entorno que imperan para el sector estatal.
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